Ley contra el odio: La regulación para transformar a los críticos en sumisos - Venezuela..Libre

Breaking

Post Top Ad

Ley contra el odio: La regulación para transformar a los críticos en sumisos


Ley contra el odio: La regulación para transformar a los críticos en sumisos


La Asamblea Nacional Constituyente a través de su presidenta Delcy Rodrígues busca una regulación a las redes sociales que permita que los "llamados de odio" que por ahí se producen no queden impunes.
Y es que la número uno de la constituyente “profundamente chavista” ya adelantó el pasado domingo que este proyecto tratará de emular las leyes que se han dictado en esta materia en Ecuador y Alemania, mismas que irían en contra de mensajes de odios difundidos en medios de comunicación y redes digitales.

“Son experiencias que nosotros estamos revisando, observando, a los efecto de nutrir esta ley en Venezuela”, resaltó durante el primer debate abierto de la ANC para abordar el proyecto legislativo, propuesto por el propio jefe de Estado.

Agregó que la normativa alemana contempla que para las redes sociales debe darse un lapso de 24 horas para que la empresa proveedora del servicio retire el mensaje de odio. “Pienso que 24 horas es mucho tiempo para inocular el odio”, dijo.
Pero no es primera vez que Rodríguez habla de la Ley contra el Odio, la Intolerancia y por la Convivencia Pacífica. Incluso, en ocasiones anteriores, ha sido más tajante al indicar que “hay que poner fuertes sanciones en delitos de odio e intolerancia”, tal como resaltó una semana atrás, cuando además avisó que el arrepentimiento de quienes incurran en estos “crímenes” no los exonerará de las penas, que recomendó aumentar.

Ahora las palabras de la constituyente mayor dejan una duda a los venezolanos, quienes se enfrentarán a este nuevo código que parece venir abocado a silenciar las voces críticas a un gobierno que, según encuestas recientes, tiene una popularidad que apenas roza el 20%.

¿Quién define qué es un delito de odio?

De acuerdo con el abogado penalista Luis Izquiel, los actores que definen los términos de una ley en el área penal son el Ministerio Público, “porque es el que tendría que hacer la calificación delictiva para presentar una inculpación o no”, y el juez “a quien le corresponde, en segundo término, hacer la calificación o no al delito porque le toca sentenciar”.

Si se toma en cuenta que tanto el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la actual Fiscalía General encabezada por el designado fiscal Tarek William Saab son acusados de ser favorables al Ejecutivo, este proyecto que promueve la ANC representará un grave problema para los críticos del gobierno.

Los recientes antecedentes de las actuaciones de la nueva administración del Ministerio Público, cuyo fiscal fue designado por la misma plenaria constituyente“profundamente chavista” durante su primera sesión, no dejan lugar a la imaginación. Esto debido a que este organismo actuó en contra del diputado disidente del oficialismo y esposo de la fiscal general Luisa Ortega Díaz, Germán Ferrer, a los pocos minutos de haber recibido una demanda en su contra por parte del asambleísta Diosdado Cabello.

Incluso, no deja de llamar la atención que en medio de la discusión que supone esta nueva ley el presidente del TSJ, Maikel Moreno, solicitara aumentar la pena máxima de los delitos de odio a 50 años, algo que fue interpretado por los expertos consultados por Caraota Investiga como una medida para “atemorizar a la disidencia”.
El experto se refiere al hecho de que, aunque estas regulaciones fueron propuestas en las naciones mencionadas, en ningunos de ellos parece tener la finalidad que tendría para Venezuela.

De hecho, en el caso de Alemania, la propuesta nació como una respuesta ante las constantes amenazas yihadistas que recibe la nación europea en las redes sociales, por parte del grupo terrorista autodenominado Estado Islámico y, aún así, el proyecto fue ampliamente rechazado por las consecuencias que podría traer para la libertad de expresión.

Mientras que en Ecuador, luego de que Lenín Moreno asumiera la presidencia tras la partida de Rafael Correa, el texto sigue siendo un plan que reposa en el Parlamento, a la que el actual mandatario aseguró podría construirle una normativa conjunta.

Sin embargo, en el caso de Venezuela “esta ley busca el mismo propósito que ha tenido la revolución desde su primer día: el odio, el rechazo y la persecución contra los que tienen opiniones que no están plegadas a lo que le interesa al gobierno, que es algo que se ha llevado a cabo desde que Hugo Chávez llegó al poder y que ha continuado Nicolás Maduro”, reitera Hernández.

El “abreboca” a la ley contra el odio

Ya la semana pasada el país vivió lo que podría considerarse como una previa de lo que vendría tras la instauración de la mencionada regulación, cuando en menos de 48 horas la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) ordenó el retiro de las cableras de los canales colombianos Caracol TV y RCN y negó la renovación de la concesión de las emisoras 92.9 FM y Mágica 99.1 FM.

Es imposible pasar por alto que el mismo día en que le presidente Maduro mostró su inconformidad con los medios radicados en el país vecino, fue la misma fecha escogida por la ANC para discutir por primera vez su proyecto de ley contra el odio.

Sin lanzar amenazas directas, el mandatario dijo, en una rueda de prensa donde buscaba romper el “cerco mediático” que, a su juicio, mantiene una desinformación sobre lo que sucede en el país, que estos diarios “no hablan de los problemas de su país” porque “dedican todo su esfuerzo a difamar a Venezuela y a su pueblo”. Dos días después estos canales fueron sacados de las cableras nacionales.
No obstante, esta situación no queda allí. Ya el territorio nacional ha sido escenario de persecuciones a personas que se han expresado en contra del Ejecutivo y sus funcionarios a través de redes sociales como Twitter, cuya lista incluye a Daniely Benítez Benítez (@hiipolita), Inés Margarita González Árraga (@inesitaterrible), Víctor Andrés Ugas (@victorugas), Leonel Sánchez Camero (@anonymuswar) y un largo etcétera.

De allí que el director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, tachara de “contradictorio” que se creara un ley que regulara lo que se dice en las redes sociales. “¿Para qué construir una ley si viven aplicando arbitrariamente esta clase de acciones?”, cuestionó en declaraciones a Caraota Investiga.

Para el experto, el oficialismo estaría tratando de generar una sociedad desinformada en la que la gente tenga miedo de opinar y expresar las posiciones políticas, gusten o no al poder.

La doble moral

A todo ello se uniría el hecho de que el solo nombre de la ley parece ser una ironía, si se toma en cuenta que quienes intentan promoverla son conocidos por su actitud confrontativa.

Desde el presidente Maduro, hasta la número uno de la ANC, pasando por asambleístas como Diosdado Cabello, son personajes conocidos por su actitud altanera. Basta recordar la cantidad de enfrentamientos que mantuvo Rodríguez cuando era titular de la diplomacia venezolana o los discursos del mandatario nacional en los que amenaza a la oposición con la cárcel.

“Es parte de esa doble moral en la que claramente se interpreta que el gobierno se deja para sí mismo la capacidad de decir lo que les da la gana, pero no le permite a otros expresar su opinión. Simplemente es como que estar en el poder es tener una patente de corso para poder actuar en función de lo que ellos deseen y griten y no permitir que otros expresen su opinión”, expone Ramírez.
En ese sentido, el sociólogo Hernández recuerda que ha sido la propia revolución bolivariana, misma que hoy defiende la promoción de la ley contra el odio, la que ha promovido las rencillas entre los venezolanos desde el Alto Gobierno.

Además, según el director de la fundación Redes y presidente del colegio de profesores de Venezuela, Javier Tarazona, el oficialismo de lo que menos puede hablar es de amor y reconocimiento al prójimo debido que en el país seis de cada 10 niños sufren de desnutrición y otras cientos de miles de personas mueren por falta de medicina e insumos médicos, en una crisis humanitaria cuya existencia el Ejecutivo Nacional se ha negado a reconocer.

“Hablar de amor y reconocimiento del prójimo es manejar en este momento un discurso hipócrita e incongruente, aquí transitamos esa tragedia. Mi padre murió hace 15 meses por falta de medicinas, por culpa de la perversidad que vivimos por culpa del régimen”, declara.

Incluso, la “doble moral” va más allá de esto y se ve hasta en las acciones de un gobierno que ordenó el retiro de dos emisoras nacionales dedicadas al entretenimiento y difundir el libre pensamiento, al tiempo que se permite que radiodifusoras ligadas al grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) continúen en el aire, denuncia Tarazona.

A esto se uniría una comisión de la verdad que, posiblemente, estará conectada con esta nueva regulación y que ya se ha advertido fungirá como un “tribunal de inquisición” para perseguir a la disidencia, según los expertos consultados por Caraota Investiga.

No descarta que esta misma ley busque tener una especie de retroactividad “para tipificar esos delitos con los que la comisión de la verdad pretende inculpar a mucha gente”.
Ley para adoctrinar

El nuevo código que busca instaurar la ANC “profundamente chavista” va más allá e intentará incluir elementos para erradicar el odio con la promoción de una educación basada en los valores del amor, para fomentar el reconocimiento del prójimo y la tolerancia o “una educación emancipadora, liberadora”, en palabras de Delcy Rodríguez.

Esto, a su juicio, para que los niños desde la escolaridad “encuentren el amor hacia el prójimo, hacia el ser humano, que no se impongan en ningún tipo de aprendizaje el odio a la diversidad”.

Para los especialistas esto no puede tener otra interpretación que el hecho de que se buscará adoctrinar a los jóvenes desde temprana edad en función de una ideología política, la misma que hoy lleva las riendas del poder en el país y que está en las bases del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv).
Y es que esto no es nada nuevo para un Ejecutivo que ve en “la educación un papel muy específico que no tiene nada que ver con la formación de talento humano, sino con el adoctrinamiento para futuras cohesiones a un proyecto político”, de acuerdo con declaraciones del doctor en educación Tulio Ramírez a la redacción de Caraota Investiga.

En la misma línea opina el politólogo Ramírez, reclaca que esta ley podría tener que ver con una modificación del pensum escolar para tener una neolegua distinta y tratar de generar ideología y dogma desde temprana edad escolar, “para tratar de meter constructos mentales e ideológicos en los pensum escolares”.

Independientemente de la finalidad de esta regulación, lo cierto es que ante todo lo mencionado la ley contra el odio parece pender como “espada de Damocles”sobre las ya trastocadas libertades de expresión, información y pensamiento en Venezuela.

Fuente: Caraota Digital