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TSJ declaró “abandonado” recurso de nulidad contra el uso de fuerza letal en manifestaciones


TSJ declaró “abandonado” recurso de nulidad contra el uso de fuerza letal en manifestaciones


La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró desistido el recurso de nulidad interpuesto por la diputada Delsa Solórzano y el concejal Manuel Rojas Pérez en contra de la resolución  N° 8.610, dictada por el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, que permite el “uso de agentes químicos y armas de fuego” durante las manifestaciones.
La peligrosidad del dictamen emitido por el titular de Defensa en la Gaceta Oficial 40.589 del 27 de enero de 2015 fue el detonante para que los legisladores decidieran solicitar su anulación ante el Poder Judicial.

Y es que esta misma decisión posteriormente permitiría que los oficiales de la Guardia Nacional Raimon Ávila, Jhoan Rojas y Jesús Báez accionaran sus armas de fuego en contra de la protesta en la que cayó abatido el joven Fabián Urbina, el pasado 19 de junio en Altamira, tal como lo dejó ver el trabajo realizado por el equipo de Caraota Investiga.

Cuando la mencionada resolución fue divulgada, la opinión pública nacional alertó – y con razón – sobre los rasgos contradictorios y peligrosos contenidos dentro de la mencionada gaceta, en la que se normaba “la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en funciones de control del orden público de manifestaciones públicas, la paz social y convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones”.

Esto, debido a que el controversial dictamen es contrario al espíritu del artículo 68 de la Constitución al justificar el uso de la fuerza en “manifestaciones pacíficas”.

“Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”, reza la Carta Magna.
El abogado José Ignacio Hernández advertía en aquella oportunidad que una “lectura literal” de la resolución N° 8.610 podría llevar a la conclusión de que la “fuerza puede ser empleada contra manifestantes pacíficos o para dispersar protestas pacíficas, lo cual sería una clara violación a los Derechos Humanos“.
Artículos 15 y 24 de la Gaceta Oficial 40.589 donde se establece el uso de armas de fuego en manifestaciones
Es decir, la decisión firmada por Padrino López cubre con un velo de “legalidad” la actuación de efectivos militares en “manifestaciones pacíficas” al permitir el “uso de agentes químicos y armas de fuego de acuerdo con el principio de proporcionalidad”, de acuerdo con su artículo 15.
Pero “hay algo todavía más grave”, según las advertencias de Hernández, y es precisamente el artículo 24 del dictamen, el cual permite “como medida de último recurso, el uso de armas de fuego, estableciendo un conjunto de condiciones para restringir su uso, norma claramente violatoria de la Constitución“.

Aún así, la sentencia del máximo tribunal falló este 8 de agosto en contra del reclamo realizado por los parlamentarios el 3 de febrero de 2015, ratificando la vigencia de la peligrosa decisión del ministerio de Defensa, según el expediente 2015-0086 de la magistrada ponente Eulalia Guerrero.
¿Por qué declararon “desasistida” la interposición?

De acuerdo con el expediente judicial,  la decisión de la Sala se debió a “la falta de retiro del cartel de emplazamiento en el recurso de nulidad incoado conjuntamente con amparo cautelar  por los ciudadanos Delsa Solórzano y Manuel Rojas Pérez”.

El fallo está basado en los artículos 80 y 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales  disponen que en el auto de admisión “se ordenará la notificación de los interesados, mediante un cartel que será publicado en un diario que indicará el tribunal, para que comparezca a hacerse parte e informarse de la oportunidad de la audiencia de juicio. El cartel será librado el día siguiente a aquél en que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas.

En los casos de nulidad de actos de efectos particulares no será obligatorio el cartel de emplazamiento, a menos que razonadamente lo justifique el tribunal”.
Y, además, que “el demandante deberá retirar el cartel de emplazamiento dentro de los tres días de despacho siguientes a su emisión, lo publicará y consignará la publicación, dentro de los ocho días de despacho siguientes a su retiro. El incumplimiento de las cargas antes previstas, dará lugar a que el tribunal declare el desistimiento del recurso y ordene el archivo del expediente, salvo que dentro del lapso indicado algún interesado se diera por notificado y consignara su publicación”.
Pero este documento no fue liberado por el máximo tribunal sino hasta el pasado 11 de mayo de 2017. Es decir, dos años y cuatro meses después de que los legisladores interpusieran el recurso de nulidad ante la Sala Político-Administrativa; y a un mes de la decisión de la Asamblea Nacional de desconocer al Judicial y toda actuación que de allí provenga.

“Lo que ocurrió es que el TSJ es ilegítimo y se tardó más de dos años en decidir, quien desistió fue el TSJ”, explica la diputada Delsa Solórzano, proponente del recurso. “Nosotros impulsamos ese recurso hasta el último minuto, hasta el momento en que declaramos ilegítimo a ese TSJ y cuando ellos tenían que decidir, no lo hicieron”.

Aún con la observación de considerarse ilegítimo al máximo tribunal, se trata de un recurso que procura preservar la vida de los venezolanos que se acogen al derecho constitucional a manifestar, sin perder la vida por el accionar de la fuerza letal por parte de los cuerpos de seguridad del Estado amparados en dicha resolución. Casos como el de Fabián Urbina se multiplicaron durante las últimas protestas que se llevaron a cabo en Venezuela durante más de cuatro meses y que dejaron un saldo preliminar de 135 muertos. A pesar del fallo, hay alternativas para plantarlo nuevamente en el escenario jurídico.

 ¿Se puede volver a solicitar la anulación de la resolución N° 8.610?

Aunque la medida utilizada por el máximo tribunal es válida ante la ley, existen formas de manipular este recurso como el librar fuera de lapso el cartel de emplazamiento, explica el abogado y profesor de Derecho Constitucional y Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) Rosnell Carrasco.

“A veces los tribunales para que la gente le pierda el hilo a los casos se tardan en publicar los carteles, y cuando salen los abogados no se dan cuenta”, indicó el experto.
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Este anuncio debió haber sido retirado por los abogados de Solórzano y Rojas Pérez una vez fue librado por el TSJ el pasado 11 de mayo y debía ser publicado por ambos interesados en el diario oficialista Vea, según la decisión del poder Judicial.

Esto debido a que, al ser un caso de interés público, “cualquier persona que se vea afectado por ello pueda ser parte del juicio para presentar sus argumentos. Es llamar a la colectividad para participar del recurso”, destaca el especialista.
Añade que la elección del medio queda a discrecionalidad del tribunal, el cual elige de entre la gama de periódicos de circulación nacional que hay en el país.

Pero aún cuando esto no sucedió y el recurso fue declarado desistido, este puede volver a ser interpuesto por ser un acto administrativo de efectos generales, alega Carrasco.
“Normalmente los recursos de nulidad contra actos administrativo tienen un lapso de caducidad de 180 días (seis meses) desde que el acto fue notificado o publicado en gaceta, pero esto se aplica para los actos de efectos particulares o con un destinatario concreto. Es decir, una vez pasado ese lapso no se puede volver a impugnar”, señala.

No obstante, por ser un caso de interés general, porque afecta a toda la colectividad, el acto no tiene lapso de caducidad y puede ser interpuesto por cualquier individuo que se vea afectado por esta resolución, aclara.

Fuente: Caraota Digital