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¿La constituyente se está "comiendo la luz"?: La opinión de los juristas está dividida


¿La constituyente se está "comiendo la luz"?: La opinión de los juristas está dividida



Redactar un nuevo texto constitucional es el objetivo único de la ANC, sin embargo, el órgano se toma atribuciones como convocar elecciones o designar a funcionarios públicos. José Vicente Haro, Henry Hamdan, Durga Ochoa y Juan Manuel Raffalli opinan

El pasado 4 de agosto se instaló formalmente la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un órgano promovido por el presidente Nicolás Maduro el 1 de mayo como un mecanismo para "salir de la crisis política" en la que se encuentra el país. Sin embargo, desde su establecimiento ha sido poco lo que el organismo ha hecho relacionado con su principal objetivo: la redacción de un nuevo texto constitucional, dedicándo buena parte de su gestión (al menos la más difundida) a tareas en otras áreas que, para algunos juristas, se aleja de las atribuciones que el ente posee.

Aunque la ANC ha creado las comisiones para iniciar la redacción de la nueva Constitución, asignación que deben presentar sus integrantes antes de agosto de 2019, poco o nada ha sido dado a conocer sobre el progreso en cuanto a los contenidos de esa nueva carta magna. En cambio, mucho ha sido el accionar de la constituyente en otras áreas, particularmente en la electoral.

Uno de esos actos tuvo lugar recientemente y se trató de la subordinación de cuatro gobernadores de Acción Democrática, los cuales según un decreto constitucional debían subordinarse ante la ANC o de lo contrario no podrían ser juramentados por sus respectivos Consejos Legislativos Estadales, acción que fue acatada por Laidy Gómez, de Táchira; Ramón Guevara, de Mérida; Alfredo Díaz, de Nueva Esparta y Antonio Barreto Sira, de Anzoátegui.
Como se conoce, la subordinación fue rechazada por Juan Pablo Guanipa, lo que derivó en que el CLEZ (Consejo Legislativo del Estado Zulia) declarara la falta absoluta del gobernador electo el pasado 26 de octubre. Ese mismo día, la ANC convocó a nuevas elecciones para el estado en noviembre.

En su momento, el propio Guanipa argumentó que no se podía juramentar ante una institución que consideraba ilegítima, una postura que inicialmente mantuvieron los otros cuatro gobernadores quienes sí se subordinaron, aunque lo hicieron en un acto que definieron como "político", declaración que fue negada por la presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, quien aseguró que el acto fue plenamente jurídico, lo que ha generado un debate entre expertos.

Para el presidente del Colegio de Abogados del estado Vargas, Henry Hamdan, no existe ninguna duda de que en efecto se trató de un acto jurídico y aseguró que el "único problema entorno a ese caso" radica en que "hay un grupo que sostiene que la ANC es ilegítima y que no tiene los efectos legales que debería tener".

"Indudablemente es un acto jurídico, con todos las características jurídicas; que también se puede interpretar como un acto político es una cosa, pero es un acto jurídico. Son gobernadores electos en una elección legítima y que además recibieron su carta de proclamación del CNE", sostuvo el jurista.

En contraste a los argumentos expresados por Hamdan, el abogado Juan Manuel Raffalli tiene otra visión y sostiene que el acto no tiene "soporte en ninguna ley".

"No es un acto jurídico porque no tiene soporte en ninguna ley, de hecho, el artículo 349 no dice que ninguna autoridad debe juramentarse ante la constituyente, solo que los poderes constituidos no pueden intervenir con su funciones. La juramentación no es indispensable a través de la ley, es una fabricación de la ANC", explicó el abogado quien además afirmó que "existe otro motivo que anula la subordinación: la coacción".

"Al ser algo expresado bajo coacción no tiene validez. Es el producto de un intento para arrancar el consentimiento de gobernadores, eso es un vicio", añadió Raffalli.
Con respecto a ese hecho y a la amenaza del presidente Nicolás Maduro de no enviar recursos a los gobernadores electos que no se subordinaran ante la ANC, también se generan dos visiones distintas: una que asegura que no existe nada que justifique negarles recursos a los gobernadores electos, y otra que sostiene que la subordinación es un requisito jurídico para asumir el cargo.

Entre los juristas que están de acuerdo de que se trata de un requisito jurídico está Durga Ochoa, quien sostiene que todo funcionario electo, incluyendo gobernadores, tienen que cumplir con "parámetros legales" para asumir su cargo y ejercer las funciones.

"El gobernador debe cumplir parámetros legales y no lo está haciendo. Estamos en presencia de una persona que ejercerá un cargo público y no se somete ante parámetros de requisitos jurídicos. En el caso de (Juan Pablo) Guanipa, lo que vemos es que él actuó con rebeldía y contumacia", explicó la abogada.

Contraria a esta visión, José Vicente Haro asegura que tantos la asignación de los recursos como la toma de posesión ya están establecidos en normas legales, incluyendo la propia Constitución, la cual declara la autonomía política y presupuestaria de los estados.

"De ningún modo se puede frenar el envío de recursos a los estados, estos dependen de las normas legales, primero en la Constitución que establece autonomía política y presupuestaria, también las constituciones estadales y todo lo que es el régimen de situado constitucional y legal, el cual está vigente", explica Haro.



El verdadero rol de la constituyente

Más allá de las acciones que ha tomado la ANC a través de "decretos constituyentes", los cuales incluyen tres convocatorias a elecciones (regionales, municipales y repetición a gobernación de Zulia), la destitución de Luisa Ortega Díaz y las designaciones de Tarek William Saab (fiscal general de la República) y Ramón Lobo (presidente del Banco Central de Venezuela), los cuatro abogados consultados por Contrapunto, coinciden en que el rol fundamental del órgano es la creación de un nuevo texto constitucional. El debate inicia al intentar determinar si esto se ha venido haciendo de manera correcta.

Para Juan Manuel Raffalli, esto no ha ocurrido, y de hecho, el rol que ha tomado la ANC de usurpar funciones que no se corresponden con lo que debería ser el organismo, de ahí que en el extranjero no la reconozcan.

"No hay duda, justamente la razón por la que la ANC es ilegítima y en el mundo no la reconocen porque es un ente político que no fue convocado ni designado en conformidad con la Constitución y que ejerce funciones que exceden lo que debe ser la función de la ANC: redactar un texto constitucional", dijo.

Durga Ochoa no coincide con esta visión y asegura que la ANC si está cumpliendo con su trabajo, pero destaca que se han generado situaciones que la constituyente ha tenido que resolver, siempre "en los intereses del pueblo".

"La ANC no puede aplicar algo que esté en contra de la Constitución. Emite actos en función del interés colectivo, tenemos situaciones que la Constitución del 99 nunca pensó que podían ocurrir. Toda acción que ha venido desde la ANC ha sido para mantener la paz de todos los venezolanos", dice la abogada.
Disolución de la ANC y limitantes

Otro aspecto en el que también coinciden los expertos es en el que la función final de la ANC, la de redactar la nueva Constitución, debe ser su norte para que, una vez el texto esté listo, el órgano supraconstitucional desaparezca. Eso sí, hasta en esa tarea la constituyente tiene limitantes que no puede violar, como lo explica Henry Hamdan.

"La nueva Constitución tiene que ser consultada ante el pueblo, no puede saltarse ese paso, si lo hiciera ahí llegamos al llegadero. Hasta la ANC tiene limitantes", detalla el presidente del Colegio de Abogados de Vargas, quien también añade que una vez este texto esté listo, la ANC desaparecerá, ya que "no puede seguir existiendo luego de que ya cumplió su función".

Jose Vicente Haro está de acuerdo con Hamdan y apunta que el referendo aprobatorio no es el único limitante de la constituyente.

"Los artículos 19 y 350 son los principales límites que tiene la ANC. En ellos se establece la progresividad de los derechos y el deber de defender las conquistas logradas en materias de derechos humanos. Ni siquiera el mismo pueblo podría aprobar una ley o constitución que vaya en contra de sus conquistas y de hecho se estipula que siempre debe mantenerse fiel a su tradición republicana", explicó.

La actual constituyente ha informado muy poco sobre el avance de una nueva Constitución, aunque sí estableció el 4 de agosto de 2019 como la fecha tope para la cual ya debería estar lista la nueva carta magna y disuelta la ANC.

Fuente: Contrapunto.com