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Alianza Camimpeg-SPS confirma la incapacidad de los militares en materia petrolera

Alianza Camimpeg-SPS confirma la incapacidad de los militares en materia petrolera

En febrero de 2016, el presidente Nicolás Maduro creó  la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas, que le otorga facultades en materia de hidrocarburos al sector castrense, una decisión que a los ojos de sectores críticos sólo responde al interés de otorgar más cuotas de poder al estamento militar. Una alianza con la empresa SPS cuestionada por su inexperiencia en el área, revela la  incapacidad de los militares en los asuntos de la industria petrolera pues, llejos de solucionar el problema, evidencia que se trata de una jugada que parece tener detrás intereses muy distantes del objetivo de aumentar la producción petrolera que se dicen perseguir.

La falta de experticia y experiencia en al área de los hidrocarburos de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y Gas (Camimpeg), quedó de manifiesto con la suscripción de un acuerdo con la  firma de ingeniería Southern Procurement Services (SPS) para poder operar el campo Urdaneta en lago de Maracaibo, que inicialmente se había asignado a una empresa mixta que se creó entre Petróleos de Venezuela y la brasileña Odebrecht, con lo que se comprueba la incapacidad de los militares en materia petrolera.  

Pero una acción que pudiera catalogarse como atinada al obviar a una empresa tan cuestionada como la constructora brasileña, deja de verse con optimismo cuando empiezan a conocerse las diversas objeciones surgidas a la luz de la empresa seleccionada para sustituirla.

Al hecho bastante cuestionable de adjudicar a los militares la potestad de ejercer la actividad petrolera, se suma el mal tino —a criterio de unos cuantos observadores— a la hora de escoger los socios para realizar las operaciones.

Es el caso de Southern Procurement Services Ltd, una empresa registrada en el Reino Unido por sus socios venezolanos tan solo en 2011 y que, para no pocos, es simplemente una compañía desconocida entre el sector petrolero del país, una circunstancia que al parecer no tuvo ningún peso al momento de adjudicarle junto a Camimpeg, un contrato para reactivar 1 mil 500 pozos petroleros, tanto en el Lago de Maracaibo como en la Faja Petrolífera del Orinoco. SPS también fue registrada en las islas Marshall[1] y en Belice, informó El Estímulo [2] en un amplio reportaje aparecido el 13 de febrero de 2017.

Como CEO de SPS aparece Manuel Chinchilla, y junto a él figuran en la directiva de la empresa, Anabeida Ocampo Ruíz y Esmeralda del Carmen Da Silva Izquierdo. En la red Linkedin, Chinchilla se presenta como ingeniero egresado de la Universidad Santa María, experto en el sector petrolero, petroquímico, siderúrgico y minero[3].

Chinchilla igualmente figura como propietario de la empresa especializada en construcción Inversiones 1098, S.A.[4], que es una compañía habilitada para contratar con el estado venezolano. Noticias Candela refiere en nota publicada el 6 de marzo de 2017[5], que esta empresa atiende los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y equipos. Se dan a conocer como una importante empresa del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, así como de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial.

A Campimpeg-SPS, la estatal Petróleos de Venezuela, S.A., le asignó en comodato los muelles Alí Primera y Pedro Lucas Urribarrí, con sede en Campo Urdaneta Lago y Centro Sur Lago, en el estado Zulia. Cabe destacar que para concedérsele tal responsabilidad no se recurrió al mecanismo de la licitación, sino que le fue conferido por considerársele una “alianza estratégica”.

Se estableció un contrato de servicios que permite las operaciones conjuntas en actividades de mantenimiento, suministro y automatización destinados a optimizar la producción petrolera venezolana, la cual ha mermado en más de 1 millón de barriles diarios desde 1999.

Pero el área de acción de Camimpeg-SPS no se limita al Lago de Maracaibo, sino que se extiende al oriente del país, al comprender la prestación de servicios a las empresas mixtas Petrozamora, Petroquiriquire y Petrourdaneta.

Entre los trabajos realizados por la alianza está la instalación de un motocompresor comprado por Halliburton, en la Planta Compulsora Chimire I, situada en la División Ayacucho.

Aunque aseguran contar con los recursos para llevar a cabo las tareas que conllevan los contratos suscritos, se le crítica la falta de experiencia frente a empresas de servicios como la ya citada Halliburton y Schlumberger, a las que les ha tocado sustituir dado que las mismas redujeron al mínimo sus operaciones en el país desde 2016, pues PDVSA no saldaba la enorme deuda que con ellas mantenía.

SPSD, que tiene 440 colaboradores, asegura que recurre a la contratación de personal especializado, de manera de poder ejecutar las obras que le son encomendadas, en caso de no contar con los profesionales adecuados.

— Sí estamos en la capacidad de asumir contratos, de hecho estamos prestando servicio a PDVSA y sus filiales. Decidimos quedarnos a invertir aquí y estamos garantizando un mayor rendimiento de la producción de las áreas operativas de PDVSA. No solo con inversiones de primera línea y alta tecnología, sino además, mantenemos constante presencia en los campos que permitan ajustar la mejor configuración de equipos hechos a la medida, según los requerimientos de cada pozo. Trabajamos de la mano con expertos petroleros de Rusia, Alemania, Colombia y Canadá. Juntos buscaremos las mejores soluciones técnicas y sobretodo con tecnología de punta para aumentar la producción aplicando el conocimiento del trabajador petrolero venezolano que sabe de la realidad de nuestros campos y operaciones —le aseguraron a El Estímulo en el reportaje antes mencionado.

De las dudas también se hace eco la página especializada Oil Price, que el 21 de diciembre de 2016 manifestó que ante la falta de experiencia de Camimpeg-SPS, en el sector se preguntan “si los socios de la empresa mixta tienen el personal o el capital necesarios para realizar el trabajo”. Precisa que el hecho de que las compañías hayan tenido la posibilidad de formar equipos es sorprendente[6].

La petrolera militar

Por resolución del Ejecutivo Nacional publicada en el Gaceta Oficial N° 40.845, el 10 de febrero de 2016 se firmó el decreto presidencial N° 2.231 que creó la Camimpeg C.A., de capital cien por ciento venezolano, una empresa estatal de servicios que, según su página web, está “a la orden del estado venezolano y comprometida” con PDVSA.

“Camimpeg ha sido creada para impulsar, desarrollar, expandir, fortalecer, consolidar, implementar y cooperar en la prestación de los servicios petroleros, de gas y de explotación minera, conforme a lo establecido en la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 113 único aparte, 236 numerales 2, 5, 11 y 20, y 328 mediante el cual acredita a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo Nacional, en concordancia con los artículos 3 y 4 de la ley orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”[7].

Según refieren en su página oficial, la Fuerza Armada adquiere entonces nuevas funciones que la distraen de su objetivo principal definido en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela que establece que se encargará de “garantizar la independencia y soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.

Unos principios que en nada se compaginan con el objeto social que la propia empresa define al proponerse “efectuar todo lo relativo a las actividades lícitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna; se empleará en el área de rehabilitación y mantenimiento de pozos petroleros, reparación, mantenimiento y administración de taladros de perforación, fabricación, reparación y mantenimiento de las estaciones de flujo, bombeo y plantas compresoras en áreas terrestres o marinas, servicios de reparaciones de bombas; contratación de personal obrero calificado para la industria de minería e hidrocarburos”[8].

Además de prestar servicios de apoyo logístico a las instalaciones; servicios generales a las empresas en todos sus variantes, a través de la importación, exportación, distribución, comercialización, compra y venta de productos químicos para la industria minera, petroquímica, petrolera y gasífera, tales como desengrasantes, solventes aromáticos, disolventes, surfactantes, inhibidores de corrosión, productos biodegradables para el medio ambiente. Igualmente está facultada para llevar a cabo servicios de transporte a nivel nacional e internacional.

Se ocupará también de la atención de derrames de hidrocarburos, construcciones para desechos de hidrocarburos, transporte y manejo de desechos de perforación; del “mantenimiento, protección, funcionamiento, y descontaminación del medio ambiente”; la ejecución de obras civiles, eléctricas y mecánicas; mantenimiento y limpieza en general de áreas industriales y urbanas; entre otra cantidad de funciones que la convierten en una compañía con similares objetivos y funciones que Petróleos de Venezuela, S.A. pero circunscrita y manejada con la discrecionalidad y secreto que caracteriza a la institución armada.

En total, se trata de más de 25 competencias de la más variada índole, que convierten a Camimpeg en una gran corporación en manos de militares, lo que viene a ser una decisión sin precedentes e irregular, tal como precisa el diario La Razón en nota sin fecha aparecida en su página web[9].

Desde su constitución como empresa militar para manejar las operaciones petroleras, se levantaron severas críticas desde todos ámbitos de la vida nacional, pues aparte de significar un reconocimiento por parte del propio gobierno del fracaso y estado de postración en el que se encuentra PDVSA, también amplía las atribuciones y funciones de la FAN al dejar en manos militares la solución de un problema que debería ser tratado únicamente en el orden económico.

La pretensión de aplicar correctivos por vía militar suponía, a criterio de los entendidos, un nuevo fracaso por la incompatibilidad de amabas áreas —militar y petrolera— que sólo deja ver la intención de imponer los criterios ideológicos y el sesgo que imperan en el ámbito castrense desde la asunción del chavismo al poder.

Pese a las objeciones y observaciones, la administración de Nicolás Maduro ha insistido en que Camimpeg sea una “empresa petrolera militar”, pues asegura que la misma sólo se limita al ámbito de prestadora de servicios a la principal empresa estatal del país.

Pero para la presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, Rocío San Miguel, la creación de Camimpeg solamente demuestra que “los militares están exigiendo cada vez más espacios”[10], como reseña RunRun.es en publicación del 6 de junio de 2016. A todas luces, una decisión que solamente es un premio a la “lealtad” — más bien sujeción— a los intereses personalistas, de poder y de control absoluto de la sociedad que persigue el gobierno de Nicolás Maduro en todas las áreas de la vida nacional.

También al diario El Impulso, San Miguel le aseguró el 27 de marzo de 2016, que esto es “absolutamente incompatible con las funciones previstas en la Ley Orgánica de la FAN” y con las funciones de “policía ambiental que tiene atribuidas por las leyes de Ambiente y la Penal del Ambiente y, en general, con las funciones que tiene atribuidas la de Guardería Ambiental”[11].

La directiva de Camimpeg

De hecho, esta empresa adquiere tal poder, que le otorga al ministro de la Defensa la potestad de nombrar a discreción la directiva de la empresa, cuyos ejecutivos le rinden cuentas únicamente a él, poniéndola en posición paralela a PDVSA, cuyo titular es nombrado por el presidente de la república.

En un principio la presidencia de la empresa quedó en manos del Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, mientras que como Director Principal, fue designado el Mayor General, Antonio José Benavides Torres. Los acompañarían como directores el Mayor General, Pedro Miguel Castro Rodríguez, el General de División, Darío José Barboza Gómez y la Vicealmirante, Maribel del Carmen Parra de Mestre.

El portal Guisos Rojos en publicación del 26 de mayo de 2017, cataloga de corruptos a quienes encabezan esta directiva, como apuntamos, Hernández Quintana y Benavidez Torres, quienes con su designación se ubican por encima de PDVSA.

El Mayor General, Alexander Cornelio Hernández Quintana, fue nombrado en julio de 2015, viceministro de Planificación del Ministerio de la Defensa. Antes de esto, en 2012, fue objeto de una acción de amparo en su contra por presuntamente avalar el desalojo forzoso de varios oficiales de la FAN de unas viviendas que les habían sido asignadas por la institución militar, pero el juzgado tercero de primera instancia civil declaró inadmisible el recurso, refiere el portal Poderopedia[12].

Entretanto, el general Antonio José Benavides Torres, forma parte de los funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos en marzo del año 2015, al ser señalado como uno de los principales represores de las protestas de 2014 y por estar involucrado en la denominada masacre de Tumeremo. Su record en contra de los derechos humanos se habría completado durante las protestas opositoras que tuvieron lugar este año 2017, cuando murió más de una centena de venezolanos y cientos de personas resultaron arrestadas en condición de presos políticos, puede verse en Poderopedia[13].

Según Guisos Rojos, tanto Hernández Quintana como Benavides Torres, han obtenido beneficios personales producto de los contratos suscritos por la alianza de Camimpeg-SPS, con sede en el edificio Banaven, conocido como el “Cubo Negro” en Caracas[14].

Ampliación del poder militar

La nota reseñada líneas más arriba en La Razón, cita a Roland Denis, exviceministro de Planificación de Hugo Chávez, quien recordó que desde los tiempos del general Raúl Baduel, el sector militar aspiraba a “meterle mano a PDVSA”, pero el finado expresidente, Hugo Chávez, “por razones que nunca explicó, no le quiso dar PDVSA a los militares, prefirió guardarla dentro de un cuadro civil por los propios equilibrios de poder que él mismo manejó y creo que en este caso fue acertado, aunque los personajes civiles que metió en PDVSA no lo fueron”, advertencia que hizo en clara referencia a Rafael Ramírez.

— Un presidente mucho más débil que Chávez, evidentemente, le permite a los militares abrazar muchos más espacios, no solo en el mando directo sobre diferentes instituciones, sino también estableciendo una estrategia corporativa —agrega Denis.

Y remata que se trataría entonces de un “clarísimo juego de correlaciones de fuerza dentro del Estado”, en el que Nicolás Maduro ha cedido espacios a los militares por el obvio interés de mantenerlos apegados a él aunque esta sea una “obediencia negociada”.

Vale destacar un cambio que el presidente de la república, Nicolás Maduro, instrumentó en la directiva de PDVSA en enero de 2017, una restructuración cuyo objetivo, como dijo, era ir "saneando de corrupción en todos los ámbitos que se han podrido en PDVSA", al tiempo que agregó que "(...) hay que ir a sanear profundamente la corrupción incubada allí”[15], refiere el portal La Izquierda Diario el 1° de febrero de 2017.

Y aunque en la presidencia de PDVSA se mantenía —hasta ese momento— a Eulogio Del Pino, se cambiaron a los titulares de las vicepresidencias de las áreas de Exploración, Refinación, Comercio y Finanzas, al tiempo que se amplió la junta directiva con una nueva Vicepresidencia ejecutiva de la que se encargó a la vicealmirante, Maribel Parra, quien como señalamos anteriormente, integra la directiva Camimpeg, destacó La Izquierda Diario en una publicación aparecida el 1° de febrero de 2017.

La incorporación de Maribel Parra sólo venía entonces a corroborar el carácter militarista que la gestión de Nicolás Maduro le ha querido inyectar a su gobierno, amén de que el propio sector castrense ha venido exigiendo cada vez más espacios, ya no limitados al ámbito político, sino extendidos ahora también a lo económico. Vale destacar la decisión del Ejecutivo nacional de eliminar la fiscalización y control que tienen los hombres de armas en sus administraciones, todo a cambio de la fidelidad que hasta ahora le ha mostrado el alto estamento militar.

Autocontrol militar

Otra reseña de Izquierda Diario alertó el 31 de enero de 2017 de la eliminación de controles sobre las empresas militares.

De hecho, la sentencia N° 1.421 del Tribunal Supremo de Justicia emitida el 15 diciembre de 2016, le otorgó a las Fuerzas Armadas la posibilidad de autocontrolarse al quitarle a la Contraloría General de la República la facultad de fiscalización sobre las empresas que manejan los militares[16].

Así la caja negra militar amplía sus espacios con esta decisión que delega únicamente en la Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la potestad de fiscalizar las empresas militares, tal es el caso de Camimpeg. El control civil se hizo más estrecho con esta decisión.

Los contratos

El 3 de enero de 2017 se anunció el inicio de las operaciones de alianza establecida entre Camimpeg, Southern Procurement Services (SPS) y PDVSA, en el Campo Urdaneta Lago y su muelle Alí Primera, ubicados al sur y sureste de Maracaibo, asignado por la estatal petrolera al referido convenio cívico-militar, el cual se encargaría de la rehabilitación, acondicionamiento, resguardo y operatividad de las instalaciones, según informó Venezolana de Televisión en la fecha antes citada[17].

SPS, de acuerdo lo reza en su página web, Southern Procurement Services, S.A., es una empresa que tiene por objetivo “satisfacer los requerimientos de sus clientes en las áreas de ingeniería, construcción y suministros de materiales y Equipos (…) Actualmente representa importante empresas del área de fabricación de equipos de alta tecnología para clientes de la industria petrolera, minera, metalúrgica, además de proveer servicios en el área de ingeniería, construcción y mantenimiento industrial”[18].

El canal de televisión oficial informó que la alianza entre Camimpeg, SPS y PDVSA, la cual catalogó de estratégica, comprende una agenda de trabajo conformada por cuatro fases. Las dos primeras se encargarían conjuntamente de apalancar tecnología de punta, suministros de equipos, inversión en el campo, tendidos de tuberías y todos los servicios requeridos para aumentar la capacidad instalada, todo a través del financiamiento internacional.

“Hemos trabajado en conjunto con PDVSA por varios años, esta experiencia y relación de confianza construida a través del trabajo realizado en equipo, dando paso a la alianza que se firmó el 25 de julio del año pasado (2016), que suscribimos una alianza estratégica. Sumándose a este gran reto a partir del 7 de octubre la estatal petrolera venezolana, con la firma de una alianza macro, en la que Camimpeg, SPS y PDVSA se enlazan para formar un gran bloque, dirigido a impulsar, desarrollar y posicionar los recursos y reservas petroleras de la Nación, en el mercado internacional”, le explicó SPS a El Estímulo en la respuesta que le dio a una de las preguntas que le remitió en un cuestionario.

Entretanto, para los servicios se suscribiría un contrato aparte del de operaciones, esto con el fin de aumentar la capacidad y garantizar de este modo los recursos y que estos sean reinvertidos de eficientemente, dijo Manuel Chinchilla, presidente de SPS.

De acuerdo a información divulgada por El Universal el 24 de marzo de 2017, se firmaron los memorandos de entendimiento entre el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el para entonces presidente de Petróleos de Venezuela, Eulogio del Pino, para que la PDVSA y las Fuerzas Armadas aúnen esfuerzos en procura de soluciones integrales al sector petrolero.

El titular de la cartera castrense precisó que los efectivos militares que se incorporen a la estatal petrolera brindarán apoyo a PDVSA en materia de seguridad y defensa. Igualmente, la explicó que la alianza incluye un acuerdo con Camimpeg destinado a elevar los niveles de producción en el Campo Urdaneta del estado Zulia[19].

Entretanto, el 5 de mayo de 2017, se suscribió un contrato de servicios que tenía por objeto el incremento de la producción de hidrocarburos entre PDVSA y la alianza Camimpeg-SPS, reseña Petróleos de Venezuela en una nota de prensa publicada en la fecha citada.

Este contrato perseguía aumentar la producción petrolera en el Lago de Maracaibo en más de 30 mil barriles por día, con una inversión de 400 millones de dólares. La firma del citado contrato tuvo lugar en el Muelle Alí Primera, municipio La Cañada de Urdaneta, estado Zulia[20].

“En el Campo Urdaneta hay más de 500 millones de barriles a desarrollar y vamos a llevarlo a su máxima producción”, dijo Eulogio Del Pino en esa oportunidad.

EE. UU. pone la lupa
La alianza Camimpeg-SPS no sería objeto de observación por parte de los entes y agentes nacionales sino también los internacionales, toda vez que el convenio suscrito entre Southern Procurement Services Ltd con Petróleos de Venezuela S.A. y la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas, estaría bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por presuntas irregularidades, refiere Noticias Candela en nota del 6 de marzo de 2017[21] ya reseñada en este reportaje.

Extraoficialmente se conoció que el gobierno de Estados Unidos mira con especial atención al sancionado e incluido en la lista de la OFAC, comandante General de la Guardia Nacional, general Antonio Benavides Torres, así como sus vínculos con otros militares, civiles y empresas. Aunque no hace mención a cuáles son, la página refiere que la alianza de Camimpeg-SPS es señalada por casos de corrupción.

Por Maibort Petit

@maibortpetit