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Venezuela, una dictadura “moderna”


Venezuela, una dictadura “moderna”


A partir de un análisis comparativo con el régimen de Alberto Fujimori, presidente de Perú entre 1990 y el año 2000, la organización defensora de derechos humanos Provea, concluye que el gobierno de Nicolás Maduro es la primera dictadura del siglo XXI en Latinoamérica. Muchos son los paralelismos entre ambos casos que permiten establecer una puntualización de las características de estos procesos

A partir del 20 de octubre de 2016 la organización civil Provea (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos) comenzó a calificar al gobierno de Nicolás Maduro como una “dictadura moderna”. No se trata de una apreciación caprichosa soltada al voleo por cualquiera. El equipo de Provea hace ya muchos años que demuestra que su compromiso no es necesariamente con actores políticos: es con la defensa de los derechos humanos. De modo que se trató de hacer una precisión necesaria.

La fecha marca el hito de la suspensión inconstitucional del referendo revocatorio que intentó llevar a cabo la oposición venezolana en 2016 y que fue torpedeado de manera sistemática por el Consejo Nacional Electoral por la vía de requisitos no estipulados en ninguna norma y que en la práctica constituían obstáculos cada vez más cuesta arriba. No solo actuaron los directores del organismo electoral. El 20 de octubre tribunales penales –sin competencia en la materia- de cinco estados del país sentenciaron que un tramo de la recolección de firmas para el referendo había sido fraudulento y por tanto el proceso debía ser suspendido.

“De esta manera, mediante la confabulación de tribunales penales obedientes a las orientaciones del Ejecutivo y un CNE igualmente sumiso, se frustró el proceso revocatorio, cerrando aún más el gobierno las vías electorales para dirimir la conflictividad política y permitir canalizar el descontento social por vías pacíficas”, dice un capítulo especial del más reciente informe de Provea: “El gobierno actuaba de esa manera porque los sondeos de opinión indicaban que muy posiblemente se impondría la revocación del mandato del Presidente de la República”.

Por supuesto no es el único pilar que sostiene la calificación de “dictadura”. El informe de Provea detalla eventos como la sostenida estrategia de aplastamiento de la Asamblea Nacional de mayoría opositora desarrollada por el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia, la represión contra la protesta ciudadana, la activación de políticas de “seguridad” como los Operativos de Liberación del Pueblo, y el Decreto 2.323 sobre el Estado de Excepción y Emergencia Económica que otorgó facultades extraordinarias al presidente restringiendo y suprimiendo derechos y garantías constitucionales.

Este capítulo especial del informe se titula “La ruta hacia la dictadura” y da cuenta, además, del interesante –y lamentable- paralelismo entre el Perú de Alberto Fujimori y la Venezuela de Nicolás Maduro.

Se parecen tanto

“Aunque las comparaciones son odiosas, la decisiones asumidas desde el Ejecutivo tienen sus antecedentes en la región en los gobiernos de Juan María Bordaberry (1973–1976) en Uruguay, José Serrano Elías (1991–1993) en Guatemala y Alberto Fujimori (1990–2000) en Perú. En todos esos casos, los presidentes a través de decretos y con el apoyo de los demás poderes públicos disolvieron sus respectivos congresos con la finalidad de eliminar los controles institucionales y legislativos que ejercían”, apunta el documento.

Y se extiende: “Pero la democracia no es solo el ejercicio del voto para elegir representantes, es un cúmulo de derechos y garantías que protegen a los ciudadanos y cuyo cumplimiento garantiza el desarrollo pleno del Estado de Derecho. Como se desprende del informe de la visita in loco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Perú en el año 2000, durante la dictadura de Alberto Fujimori, se puede evidenciar una serie de caracterizaciones de lo que es una dictadura:
obstrucción de la actuación del sistema interamericano y universal de protección;
poca o nula imparcialidad del sistema judicial puesto al servicio del Ejecutivo;
“provisionalidad” de jueces y fiscales;
aplicación de la legislación antiterrorista a civiles con uso intensivo de la justicia militar;
suspensión de garantías;
falta de cumplimiento de las sentencias emanadas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos;
reelección indefinida;
interferencia estatal en el ejercicio efectivo del derecho a la participación política ciudadana;
actos de hostigamiento y persecución a los políticos opositores;
intercepción telefónica;
intimidación; y
limitaciones al ejercicio de informar y a la libertad de prensa”.

¿Nos suena familiar? La conclusión de Provea es que todas las características están presentes en Venezuela: “El gobierno de Nicolás Maduro actúa como una dictadura similar a la de Fujimori, Serrano o Bordaberry. A esto se suma el hostigamiento y difamación constantes a los defensores y defensoras de derechos humanos, suficientemente documentados por las organizaciones de la sociedad civil, en la página web DefiendoDDHH.org; el hacking a cuentas de redes sociales a activistas como Humberto Prado o de portales como Provea y Acción Solidaria o la desaparición forzada de personas como son los casos de Alcedo Mora y los hermanos Esneider y Eliézer Vergel Prado, por denunciar hechos de corrupción en la estatal petrolera PDVSA”.
Para Provea, el análisis comparativo del documento de la CIDH sobre el caso peruano –presentado en el año 2000- permite una aproximación a “las dictaduras modernas de la región, advirtiendo –también- que la CIDH no puede realizar algo similar sobre Venezuela en vista de que desde 2002 el gobierno venezolano no permite la entrada al país de sus representantes.

Lo visto en Perú

Sobre el estado de la justicia civil durante el régimen de Fujimori, la Comisión destaca las consecuencias de una reforma judicial que llevó a una situación similar a la venezolana: 80% de los jueces eran “provisionales”, lo mismo que los fiscales “afectando el derecho de la ciudadanía a una adecuada administración de justicia”.

El parecido es notable: “La CIDH establece en su informe sobre Perú que el gobierno de Fujimori erosionó gravemente la independencia de los poderes. A pesar de haberse aprobado una Constitución en 1993 que, de manera formal, ‘vislumbra una república organizada conforme a los principios de la democracia representativa, con separación de poderes, Estado de derecho y demás atributos fundamentales, en la práctica esta estructura se ha debilitado’. La vulneración de la Constitución fue posible por las medidas adoptadas por un Poder Ejecutivo que contaba con la anuencia de un Parlamento que las legitimaba, el cual contaba con mayoría oficialista. La erosión del poder judicial tenía como objetivo impedir que realizara su función de ‘tercero imparcial’ para dirimir los conflictos, investigar y juzgar a quienes violen la ley, así como ser contralor de la constitucionalidad de los actos de los otros dos poderes del Estado”.

Y hay más: “El sistema de administración de justicia bajo Fujimori desnaturalizó el estado de derecho en el Perú, limitando ‘el derecho de acudir ante autoridades judiciales independientes e imparciales (…) a la luz de la separación efectiva, y no meramente formal, de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial’. La intervención irregular en la justicia generó que más de 80% de los jueces y fiscales en el país tuvieran estatus ‘provisional’. Esta temporalidad se explica por la necesidad de garantizar sentencias favorables a cambio de la estabilidad en el cargo, pues pueden ser removidos sin causa en cualquier momento. En el caso de tomar decisiones que afectan los intereses gubernamentales, los jueces son ‘hostigados, trasladados, removidos o aun acusados penalmente’”.
Se destaca también el incumplimiento por parte del gobierno peruano de las sentencias emitidas por la CIDH y el hecho de que el 9 de julio de 1999 el Estado anunciara su retiro de la jurisdicción de este organismo multilateral.

Igualmente señalaron los redactores del informe el uso del aparato estatal para interferir con derechos políticos, como la participación electoral, y su accionar irregular para asegurar una tercera reelección de Alberto Fujimori amparándose en la excusa de la lucha contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. “Las quejas reiteradas sobre la interceptación de los teléfonos de personalidades políticas de oposición y periodistas, el hostigamiento y las amenazas contra los medios de comunicación, y sobre la ampliación de la jurisdicción militar, sugieren que lejos de disminuir con la exitosa desarticulación de los grupos armados disidentes, la influencia de las Fuerzas Armadas ha crecido e incluso penetrado sectores tradicionalmente libres de este tipo de injerencia”, dice el documento.

Un grupo de ciudadanos promovió un referendo constitucional para evitar la postulación de Fujimori a ese tercer periodo. Y al igual que el intento de revocatorio contra Nicolás Maduro, fue impedido por el Estado: la iniciativa fue frustrada en 1998 por el Congreso dominado por el oficialismo. Esa misma maquinaria se activó en las elecciones: “tanto el proceso previo como los resultados de las elecciones del año 2000 en Perú son el producto previsible de varios años en los que la voluntad arbitraria del Gobierno ha prevalecido sobre las leyes y sobre las instituciones democráticas. De tal manera, el orden jurídico e institucional ha sido subordinado a la voluntad del Gobierno, quien de manera autoritaria ha manipulado su autoridad para frustrar, con métodos frecuentemente ilícitos, cualquier acto percibido como amenaza a su evidenciado propósito de perpetuarse en el poder”.

La libertad de expresión, por supuesto, fue atacada. Esta es la conclusión del informe: “el ejercicio efectivo de la libertad de expresión en el Perú se ve seriamente comprometido por la utilización sistemática de los Servicios de Inteligencia y las fuerzas de seguridad como instrumentos de hostigamiento y persecución de periodistas de investigación y políticos de oposición con la colaboración pasiva y activa del Poder Judicial”.

El Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales y Culturales hizo inventario de la situación peruana en estos aspectos que fueron citados en el informe de la Comisión: “a) Ineficiencia en la solución de los problemas persistentes y graves de la pobreza; el 60% de los peruanos viven por debajo del umbral de la pobreza y no cuentan con servicios de salud y de educación adecuados; b) la enorme desigualdad en la distribución de la riqueza entre la población; c) la ineficiencia en la puesta en práctica de la reforma agraria; d) la falta de servicios sanitarios adecuados y la drástica reducción del gasto público en el ámbito de la salud; e) el empobrecimiento de las escuelas estatales durante el último decenio, junto con un descenso de los sueldos de los profesores y el deterioro consiguiente de la calidad de la enseñanza, acompañados de la pobreza creciente de las familias; f) las formas de discriminación particularmente graves en relación con las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos minoritarios”.

Así son

El análisis comparativo hecho por Provea en este capítulo especial de su informe anual conduce a una conclusión: “Diferentes autores calificaron a Alberto Fujimori como ‘la última dictadura latinoamericana del siglo XX. Como vimos en el informe de la CIDH, hay diferentes elementos estructurales diagnosticados para la dictadura fujimorista que se repiten bajo el gobierno de Nicolás Maduro, que podría señalarse como la primera dictadura latinoamericana del siglo XXI”.
Y a partir de allí plantean la puntualización de las características de las dictaduras modernas en Latinoamérica:

A diferencia de las dictaduras tradicionales, que alcanzaban el poder mediante un golpe de Estado militar, las dictaduras modernas llegan al poder mediante elecciones.
Promueven un proceso de “refundación” del Estado a partir de la aprobación de una Constitución que formalmente incorpora nuevas garantías para la vigencia de los derechos humanos, que no obstante no cuentan con la voluntad política para materializarlas en la realidad.

Las dictaduras modernas erosionan la independencia de los poderes, centralizando el mando en la figura del primer mandatario. El debilitamiento del conjunto de la institucionalidad democrática es enfrentado, de manera excepcional, por un ente refractario a la cooptación, confirmando así la falta de autonomía del resto. En el caso peruano fue la Defensoría del Pueblo, mientras que para el venezolano, a partir de diciembre de 2015, fue la Asamblea Nacional y durante más de cuatro meses, en 2017, el Ministerio Público.

El sistema de administración de justicia es utilizado para darle legitimidad a las decisiones arbitrarias y para la criminalización de la protesta y persecución de la disidencia.
Construyen, retórica y legislativamente, un “enemigo interno” que les permita aprobar estados excepcionales para gobernar sin contrapesos institucionales. En el caso peruano la “guerra al terrorismo”, mientras que para Venezuela la “guerra económica”.

De manera progresiva, las dictaduras modernas militarizan el sistema de administración de justicia y utilizan los tribunales militares para enjuiciar a civiles bajo leyes de excepción y delitos tipi cados bajo la noción de “traición a la patria” y “lucha antiterrorista”.

No prohíben, de manera absoluta, el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, asociación, manifestación y libre expresión, utilizando las amenazas y agresiones selectivas, las sanciones administrativas y el uso de los tribunales para castigar la crítica y la disidencia.

Controlan el poder electoral, erosionando su autonomía, y solo realizan elecciones cuando se generan las condiciones para obtener resultados favorables.

Criminalizan los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos y se retiran de la competencia de tribunales internacionales que, en esta materia, pudieran generar decisiones condenatorias contra los Estados.

Sobre el monitoreo de los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos, la información es contradictoria: mientras el Perú de Fujimori permitió las visitas de organismos como la CIDH, la Venezuela de Chávez y Maduro las impidió. Sin embargo, ambos Estados continuaron enviando información a mecanismos de Naciones Unidas, lo que sugiere la importancia de mantener la apariencia del respeto a los derechos humanos en el escenario internacional.
Utilizan los medios públicos tanto para justificar sus actuaciones arbitrarias como para criminalizar o desprestigiar a líderes políticos y sociales. Este control de lo que se comunica incluye mecanismos de neutralización contra los medios privados que van desde la creación de medios paralelos cuyo principal objetivo es el desprestigio de la oposición, la compra de medios, el hostigamiento y la imposición de medidas administrativas que, al aumentar la dependencia del Estado, alientan mecanismos de autocensura.

Realizan un esfuerzo de cooptación de organizaciones sociales que son puestas a su servicio para usarlas en labores político- partidistas, e incluso como informantes de los organismos de inteligencia. En este esfuerzo, anteriores organizaciones sociales son sustituidas por nuevas formas organizativas creadas por decreto.

A diferencia de las tradicionales, las dictaduras modernas no promueven las desapariciones forzadas masivas debido al alto costo político que generarían, en un mundo interconectado por las nuevas tecnologías de información, que hacen improbable o muy difícil la total invisibilidad de graves violaciones de derechos humanos. Por el contrario, quienes son considerados antagónicos son neutralizados de manera selectiva.

Si bien solo contamos con dos casos de estudio, como hipótesis afirmamos que las dictaduras modernas pueden generar indicadores macroeconómicos positivos y de desarrollo económico que no se traducen en la disminución estructural de la pobreza y la mejoría sustentable de la situación de las mayorías. En el caso peruano Fujimori estabilizó la economía y controló la hiperinflación de gobiernos anteriores. En el venezolano, Hugo Chávez se benefició de la llamada “década de los commodities”, con altos precios de los productos energéticos en el mercado mundial. Sin embargo, los efectos del crecimiento no se mantuvieron en el tiempo, experimentando serios y graves retrocesos en el gobierno de Nicolás Maduro, el cual generó el mayor crecimiento de la pobreza de todo el período democrático iniciado en 1958.

Por Oscar Medina @oscarmedina1
Fuente: Vertice.news