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Cronología de lo sucedido en Venezuela desde el 2014. 1ra parte


Cronologia de lo sucedido en Venezuela desde el 2014. 1ra parte

El 12 de febrero de 2014, se dieron inicio una serie de protestas en Venezuela contra el gobierno presidido por Nicolás Maduro. Sin embargo, las mismas ya tenían varias semanas de haber comenzado en la ciudad de Mérida desde el 5 de enero, tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la ULA-Mérida, para luego intensificarse el 4 de febrero  en San Cristóbal estado Táchira tras el intento de violación de una estudiante de la ULA-Táchira y el 12 de febrero en la capital, Caracas, y el resto del país, como consecuencia de la delincuencia, alta inflación y escasez de productos básicos. Los manifestantes alegan que estos problemas han sido causados por políticas económicas adoptadas por el Gobierno venezolano —entre ellas los estrictos controles de precios—, que han ocasionado en el país la inflación más alta del mundo. A esto se le suma el alto índice de inseguridad, que deja un saldo de 206 592 venezolanos asesinados durante el periodo de gobierno de la revolución bolivariana hasta 2013.

El 12 de febrero de 2014, la ciudad de Caracas se sumó a las protestas convocadas por los líderes de la oposición venezolana Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López y organizadas en conjunto con movimientos estudiantiles. Se realizan en varias ciudades del país, y entre las motivaciones alegadas por los manifestantes opositores figuran el descontento ante la vulneración de los derechos civiles («suspensión de garantías»), la escasez crónica de productos básicos, altos niveles de violencia delictiva100 y presunta injerencia de Cuba en la política de Venezuela.101

A la par de las manifestaciones de oposición, el Gobierno convocó marchas a su favor en Caracas y en otras ciudades. El Ejecutivo afirma que no se han suspendido garantías y que en Venezuela se vive el pleno ejercicio de las libertades civiles constitucionales.  El Gobierno de Maduro identifica a los manifestantes y líderes opositores que, según el discurso oficial, promueven violencia y odio como «fascistas».

Las manifestaciones y disturbios dejaron solo en el año 2014 un saldo de 43 fallecidos (oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros), más de 486 heridos y 1854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras el Foro Penal Venezolano (organización opositora al Gobierno de Maduro) denunció 33 casos de tortura.

Se han registrado actos vandálicos contra bienes públicos en medio de las manifestaciones, que el Gobierno venezolano atribuye a opositores, así como la existencia de bandas armadas motorizadas o «colectivos», supuestamente formadas por simpatizantes del Gobierno, que atacan a los manifestantes de la oposición y que habrían causado varias muertes y agresiones.

El 21 de febrero de 2014, el Gobierno venezolano retiró el permiso de funcionamiento y la señal dentro de Venezuela al canal colombiano NTN24 y al canal estadounidense CNN en Español, retractándose de su decisión el 22 de febrero y posteriormente agregando un bloqueo adicional de la señal en Internet, emitiendo nuevas credenciales para los periodistas de la cadena estadounidense.  Twitter ha denunciado el bloqueo de mensajes en Venezuela, señalamientos rechazadas por la operadora estatal.

Descontento social y primeras protestas de 2014

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en 2013 se registraron 2 protestas. Varias semanas antes del inicio de las jornadas del 12 de febrero, se hablaba de acciones de protesta descentralizadas y diarias contra la crisis económica, la escasez y la delincuencia, mientras que se multiplicaban las asambleas opositoras a nivel nacional.

Las más recientes manifestaciones en contra del Gobierno comenzaron en enero de 2014 y continuaron al agravarse los motivos que las causaron, en especial, al agudizarse los problemas económicos como inflación, desabastecimiento y escasez de artículos de primera necesidad.

Según Prensa Asociada, mucho antes de que las protestas empezaran en la ciudad capital de Caracas, las mismas se iniciaron en las ciudades de Mérida y San Cristóbal los días 5 de enero y 4 de febrero tras la muerte del bachiller Héctor Moreno de la ULA-Mérida y el intento violación de una estudiante de la ULA-Táchira (caso que no fue confirmado pese a la búsqueda de la estudiante por el gobernador del Estado Táchira, Vielma Mora) respectivamente, además en la frontera occidental del estado de Táchira, produjo protestas de estudiantes «indignados» con las ya antiguas quejas sobre el decadente estado de la seguridad bajo el presidente Nicolás Maduro y su predecesor, el finado Hugo Chávez. Pero lo que realmente desató aún más la indignación de los estudiantes fue la dura respuesta policial a dicha protesta, en la cual varios estudiantes fueron detenidos y abusados; también se realizaron protestas posteriores pidiendo la liberación de estos estudiantes. Las protestas se expandieron, atrayendo a otras personas que no eran estudiantes, éstas llevaron a más arrestos; finalmente otros estudiantes se unieron y las protestas se extendieron a Caracas y otras ciudades, haciendo que los líderes de la oposición se unieran a ellas.

López es un líder dentro del movimiento de oposición al Gobierno. Durante los eventos que ocurrieron en el intento de golpe de Estado en Venezuela de 2002, el Gobierno acusó a López de orquestar las protestas y jugar un rol central en el arresto ciudadano del ministro del interior de Chávez, Ramón Rodríguez Chacín, aunque después López trató de distanciarse del evento y no firmó el carmonazo.  Años después, el Gobierno de Venezuela prohibió a López de ocupar cualquier cargo público; la Corte Interamericana de Derechos Humanos decretó que esta decisión era ilegal pero el Gobierno venezolano se negó a aceptar la decisión de la corte.

El presidente Maduro dijo que San Cristóbal estaba asediada por «paramilitares de derecha» bajo las órdenes del presidente Álvaro Uribe; Uribe rechazó estas declaraciones diciendo que eran una táctica de distracción. Maduro también dijo que el alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos (un miembro de Voluntad Popular, el partido de López), pronto se uniría a López «detrás de las barras por fomentar la violencia». Maduro dijo que era cuestión de tiempo para que lo tengan en la misma celda. Ceballos fue arrestado en marzo por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional sin una orden de arresto y a la fecha continúa en la cárcel.

Percepción de corrupción

Calificación de la percepción de la corrupción en Venezuela entre 2004 y 2013. Calificaciones promediadas según el método de Transparencia internacional. Fuente Transparency International. En una encuesta realizada por Gallup en 2014, casi el 75 % de los venezolanos consideraban que la corrupción era prevalente en su Gobierno.  Leopoldo López ha dicho que «Estamos luchando contra un Gobierno muy corrupto y autoritario que usa todo el poder, todo el dinero, todos los medios de comunicación y todas las leyes para mantener el control». La corrupción en Venezuela está en los más altos puestos de los estándares internacionales. Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado anualmente por la ONG de Berlín, Transparencia Internacional, Venezuela ha sido uno de los países más corruptos en las encuestas de la IPC desde que estas se comenzaron a realizar en 1995, ubicándose en el puesto 38 de 45 naciones en ese año y con resultados similarmente pobres en años siguientes. En 2008, por ejemplo, Venezuela estaba en el puesto 158 de 180 países, el peor en América detrás de Haití, en 2012, era uno de los 10 países más corruptos en el índice, empatando con Burundi, Chad y Haití en el puesto 165 de 176 países. Los datos de la opinión pública del IPC indican que la mayoría de los venezolanos creen que los esfuerzos de su Gobierno en contra de la corrupción no son efectivos, que la corrupción ha aumentado y que las instituciones gubernamentales como el sistema judicial, el parlamento, la legislatura y la policía son las más corruptas.149 Según el IPC, Venezuela es el 18.º país más corrupto del mundo (160 de 177) y su sistema judicial ha sido catalogado como el más corrupto del mundo.

Crisis económica

Según las cifras del Banco Central de Venezuela (BCV) en el 2013 se registró la inflación más alta del mundo, siendo el único país con inflación superior al 50 % ese año. Esta altísima inflación de las divisas internacionales originó la paralización de la empresa Toyota. La crisis de divisas originó escasez en alimentos, previamente a la protesta, en enero de 2014 Venezuela sufrió su escasez de alimentos más alta en cinco años con un 26,2 %. El Gobierno acusó a diversas empresas de hacer acaparamiento de alimentos, ya que en otros países que registraron hiperinflación no existió escasez de alimentos. La escasez en el rubro de papel periódico alegada por la prensa escrita, también originó el apoyo de los medios impresos, si bien el Gobierno acusó a la prensa escrita de usar la inflación como excusa para apoyar las protestas. De acuerdo con Fedecámaras, la deuda en dólares del Gobierno con el sector privado de los laboratorios y la industria farmacéutica que espera por el desembolso, es de 2300 millones de dólares.

El Gobierno venezolano afirma que se enfrenta contra una «guerra económica» donde grupos económicos realizan «acciones encubiertas o disimuladas» como desabastecimiento, especulación, «desvío de productos desde los canales regulares de distribución», sabotaje del sistema productivo, campaña mediática de manipulación económica, invocación al ilegal mercado de divisas, entre otras.  El presidente Maduro ha comentado en varias oportunidades, que estaba luchando una «guerra económica» contra el capitalismo y para ello promulgó medidas económicas llamadas «ofensivas económicas».

Según el diario estadounidense The New Yorker, el presidente Maduro se ha concentrado en su apoyo político en lugar de atender asuntos prioritarios que economistas han advertido al Gobierno venezolano.  En agosto de 2014, Venezuela encabezó el índice de miseria mundial, que se basa en la inflación, el desempleo y otros factores económicos.

Altos índices de inseguridad

Para 2013, el Observatorio Venezolano de Violencia afirmó que en Caracas hay 79 muertes por cada 100 000 habitantes, casi 25 000 venezolanos muertos por violencia en un año, mientras el Ministerio de Interior reconoce 39 por cada 100 000 habitantes. Según el mismo Observatorio, para el año 2016 esta cifra subió a 91.8 homicidios por 100 000 habitantes. En cambio, la fiscalía reconoce 70.1 por cada 100 000 habitantes, la cual representa 8 veces más que el promedio mundial.

Según la revista estadounidense Quartz, en los primeros dos meses de 2014 casi 3000 personas fueron asesinadas ―un 10 % más que en el año anterior y un 500 % más que cuando Hugo Chávez asumió la presidencia―.En 2014, la revista Quartz afirmó que los altos índices de criminalidad se debían a los «crecientes niveles de pobreza; corrupción desenfrenada; altos niveles de posesión de armas entre la población; y la incapacidad de castigar a los asesinos: según el Instituto de Investigación sobre la Coexistencia y la Seguridad Ciudadana, el 91 % de los asesinatos no son castigados».La empresa estadounidense InsightCrime atribuyó la creciente violencia a los altos niveles de corrupción, una falta de inversión en la policía y pobres leyes de control de armas.

Luego de que la actriz y ex Miss Venezuela Mónica Spear y su esposo, un ciudadano británico, murieran en un robo en la carretera en la presencia de su hija de cinco años, quien también recibió un disparo en la pierna,  Venezuela fue descrita por el canal Channel 4 (del Reino Unido) como «uno de los países más peligrosos del mundo», un país en «donde el crimen se ha incrementado durante el Gobierno del expresidente Hugo Chávez y los asesinatos son comunes en los asaltos a mano armada». El número de muertes en crímenes violentos durante la década anterior es comparable con el índice de mortalidad en Irak durante la Guerra de Irak; durante algunos períodos, Venezuela tenía un índice de muertes de civiles más alto que Irak, pese a que el país estaba en paz.  El crimen también ha afectado a la economía, según Jorge Roig, el presidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Venezuela, quien dijo que muchos ejecutivos extranjeros tenían mucho miedo de viajar a Venezuela y que muchos de los dueños de las compañías venezolanas vivían en el exterior, dejando como resultado menores niveles de producción.

La oposición dice que los altos niveles de criminalidad son culpa del Gobierno «por ser suave con el crimen, politizar y corromper las instituciones como el poder judicial y por glorificar la violencia en sus discursos», mientras que el Gobierno insiste que los culpables son los «males capitalistas».
El Departamento de Estado de Estados Unidos y el Gobierno de Canadá han advertido que los visitantes extranjeros pueden ser sujetos a robo, a secuestro para solicitar un rescate o ser vendidos a organizaciones terroristas y a asesinato.  La Foreign and Commonwealth Office del Reino Unido ha recomendado no viajar a 80 kilómetros de la frontera con Colombia de los estados de Zulia, Táchira, y Apure.

Objetivos y nombre de la convocatoria

El objetivo principal de los manifestantes era la renuncia del presidente Nicolás Maduro y el cambio del modelo político-económico de Venezuela —denominado por muchos opositores con el descalificativo de «castrocomunismo» o «castrochavismo»— y que muchos manifestantes denotaban como una dictadura inspirada en el modelo de estado socialista y que estaría dirigida desde Cuba. Los objetivos del movimiento estudiantil venezolano organizador de las marchas, representado por la Federación de Centros Universitarios eran los siguientes:
  1. Libertad para los jóvenes detenidos.
  2. El cese inmediato de las torturas y violaciones a los derechos humanos.
  3. Fin de la criminalización de la protesta.
  4. Desarme de los grupos violentos que se hacen pasar por colectivos comunitarios.
  5. Renovación y legitimación de los poderes públicos.
  6. Cese de la censura de los medios de comunicación.
El día elegido para la convocatoria de jornadas de desobediencia civil coincidió con la conmemoración del bicentenario de la batalla de La Victoria del 12 de febrero de 1814 de la Guerra de independencia de Venezuela, en la cual las fuerzas independentistas del general José Félix Ribas ante la escasez de tropas armaron a unos mil estudiantes de los colegios y seminarios. Ese día también se conoce en Venezuela como el Día de la Juventud. El nombre La Salida para referirse a estas protestas vendría de la consigna «la calle es la salida».

El gobierno venezolano rechazó la renuncia del presidente, usando como argumento el que las elecciones de hace 10 meses y las municipales de 2 meses atrás, hubo una mayoría de resultados a favor suyo.

Colectivos

Los colectivos han sido acusados de ayudar al gobierno durante las protestas. El presidente Maduro ha agradecido a ciertos grupos de motociclistas por su ayuda en contra de lo que el considera un «golpe de estado fascista... siendo orquestado por la extrema derecha», pero también se ha distanciado de los grupos armados, diciendo que «no tienen lugar en la revolución».

En una ocasión posterior, Maduro condenó a todos los grupos violentos y dijo que un simpatizante del gobierno iría a la cárcel si cometiera un crimen, de igual manera que lo haría uno de la oposición. Dijo que alguien que es violento no tiene lugar como simpatizante del gobierno y debía salirse del movimiento chavista de inmediato.

No obstante, se han documentado varios casos en los que los colectivos presuntamente atacan a los opositores y que incluso serían responsables de algunas muertes como la de Adriana Urquiola, de 28 años de edad y con tres meses de embarazo alcanzada por una bala mientras se bajaba de un autobús,  el asesino Yonny Bolívar, expresidiario violador y supuesto comisionado de la Policía Nacional Bolivariana escolta de la ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario de Venezuela Iris Varela, quien disparó en contra de una guarimba en Los Teques, capturado un año y medio después en Colombia por la Interpol.

Organizaciones nacionales de derechos humanos denuncian que estas agrupaciones reciben armas del gobierno venezolano y que tienen la misión de ser «guardias de choque» del chavismo. Un fallecido durante los hechos de violencia era dirigente de una de estas agrupaciones armadas.  Mientras tanto, diversos colectivos han rechazado su «satanización» nacional e internacional y han realizando eventos culturales, deportivos y trabajos sociales. Algunos colectivos armados afirman que han depuesto sus armas.

Presuntos "colectivos" en un acto proselitista del chavismo.

Algunos «colectivos» han actuado violentamente en contra de la oposición sin impedimento por parte de las fuerzas del Gobierno venezolano.  Colectivos en varios camiones se dice atacaron a un complejo de departamentos conocido por protestar dañando a cinco vehículos, dejando a dos quemados y dispararon varios tiros contra los departamentos hiriendo a una persona. Según un corresponsal de Televen, grupos armados trataron de raptar y violar a varias personas en un complejo de departamentos en Maracaibo sin la intervención de la Guardia Nacional.  El vicepresidente de Venezuela, Jorge Arreaza, alabó a los colectivos diciendo que si había un comportamiento ejemplar era el de los «colectivos que están del lado de la Revolución Bolivariana».No obstante, el 28 de marzo, Arreaza prometió que el Gobierno desarmaría a todos los grupos armados irregulares en Venezuela. Los colectivos también han sido llamados «pilares fundamentales en la defensa de la madre patria» por parte de la ministra del Sistema Penitenciario de Venezuela, Iris Varela.

Según el canal colombiano NTN24, en el mes de marzo de 2014, grupos paramilitares reaccionaron en forma violenta en 437 protestas, aproximadamente un 31 % del total de las protestas en el mes de marzo, en donde se reportaron heridos de balas en la mayoría de las protestas en las que ellos estuvieron involucrados. Se ha acusado a los colectivos armados de atacar y quemar la Universidad Fermín Toro luego de intimidar a los estudiantes que protestaban y disparar contra uno de ellos. El gobernador del estado de Carabobo, Francisco Ameliach, llamó a las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH) ―un grupo civil creado por el Gobierno― una «herramienta del pueblo para defender sus conquistas, para continuar luchando por la expansión de la Revolución venezolana». En un tuit, Ameliach pidió a las UBCh lanzar un contraataque rápido en contra de los manifestantes diciendo que la orden venía del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello.

Uso de armas de fuego por parte de autoridades
La Guardia Nacional Bolivariana en Caracas.

También se denuncia el uso de armas de fuego por parte de autoridades para controlar manifestaciones, acciones prohibidas en la Constitución venezolana. Dos de las tres muertes de manifestantes del primer día de protestas (12 de febrero), según los informes, son víctimas de los funcionarios del estado. Igualmente se informa que manifestaciones violentas son controladas con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Amnistía Internacional reportó que habían recibido reportes del uso de «balas de goma y gas lacrimógeno disparados en forma directa contra los manifestantes a corta distancia y sin advertencia» y que «estas prácticas violan los estándares internacionales y han resultado en la muerte de por lo menos un manifestante». También han dicho que a los «manifestantes arrestados por el gobierno en algunas ocasiones se les ha negado atención médica y acceso a un abogado». Amnistía Internacional también estaba preocupada por «el uso de químicos tóxicos en altas concentraciones» por parte de fuerzas del Gobierno y recomendó un mejor entrenamiento para ellos. Durante las protestas, el constante uso de gas lacrimógeno por parte de las autoridades en Chacao afectó a los residentes locales obligándolos a utilizar máscaras para «sobrevivir en sus casas».

El Nacional indicó que el objetivo de aquéllos que atacaban a los manifestantes de la oposición era el de matar a la mayor cantidad de manifestantes que eran disparados en lugares vulnerables como en la cabeza y que, «9 de los 15 muertos fueron manifestantes del 12F, quienes fueron heridos por parte de fuerzas de seguridad del gobierno y paramilitares con lazos con el gobierno central».El Universal ha dicho que Melvin Collazos del SEBIN, Jonathan Rodríguez, un guardaespaldas del ministro del Interior y de Justicia Miguel Rodríguez Torres, fueron arrestados luego de disparar contra manifestantes desarmados que se encontraban escapando en varias ocasiones, en violación del protocolo. El artículo 68 de la Constitución de Venezuela indica que «Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público».


Torturas, abuso sexual y negación de derechos

GNB confrontando a manifestantes de oposición.


El Foro Penal Venezolano afirmó que para entonces había registrado 18 casos de torturas a detenidos. Estas torturas, algunas por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, incluirían golpizas, descargas eléctricas, y asfixia, además de tortura psicológica. A los detenidos se les negaría el acceso a abogados y serían obligados a firmar un acta donde declararían que sí habían sido atendidos por abogados defensores.
Amnistía Internacional ha corroborado con esta información, indicando que la «tortura es común» por parte de las autoridades venezolanas en contra de los manifestantes, pese a que el Artículo 46 de la Constitución de Venezuela dice que «ninguna persona puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes».

The New York Times informó que el Foro Penal Venezolano afirmaba que los abusos son «continuos y sistemáticos» y que las autoridades venezolanas eran «acusadas en general de golpear a los detenidos, en muchos casos fuertemente, y muchas personas han indicado que las fuerzas de seguridad les han robado, tomando sus teléfonos móviles, dinero y joyas». En un caso, un grupo de hombres dijo que se estaban yendo de una protesta que se había puesto violenta, «los soldados rodearon el vehículo, rompieron las ventanas y lanzaron gas lacrimógeno adentro». Un hombre dijo que un soldado le «disparó con una escopeta a quemarropa» mientras estaba en el vehículo. Los hombres luego fueron «sacados del vehículo y golpeados violentamente», luego un soldado «aplastó sus manos con la culata de su escopeta, diciéndoles que era su castigo por lanzar piedras». El vehículo luego fue incendiado. Un manifestante dijo que mientras estaba detenido, los soldados «lo patearon una y otra vez». Los manifestantes con los que estaban «fueron esposados juntos, amenazados con un perro de ataque, obligados a mantenerse arrodillados por largos periodos de tiempo, golpeados y rociados con aerosol de pimienta». El manifestante luego dijo que fue «golpeado tan fuerte con el casco de un soldado que lo escucho romperse». Una mujer también dijo que estaba con su hija cuando «fueron recogidas por soldados de la Guardia Nacional, llevadas junto a seis otras mujeres a un puesto militar y entregadas a soldados mujeres». Las mujeres luego dijeron que «los soldados las golpearon, patearon y amenazaron con matarlas». Las mujeres también dijeron que los soldados amenazaron con violarlas, cortaron sus cabellos y «fueron dejadas en libertad sólo después de hacerlas firmar un documento indicando que no habían sido maltratadas».

El canal colombiano NTN24 publicó que un abogado había afirmado que miembros de la Guardia Nacional e individuos con «acento cubano» en Mérida obligaron a tres adolescentes a confesar crímenes que no cometieron y luego fueron «arrodillados y obligados a levantar los brazos para luego disparados con perdigones por todo el cuerpo» durante una supuesta práctica de tiro.233

El Nuevo Herald afirmó que los estudiantes manifestantes habían sido torturados por fuerzas del Gobierno para obligarlos a admitir su participación en un plan conjunto con individuos extranjeros para derrocar al Gobierno venezolano. En Valencia, los manifestantes fueron dispersados por la Guardia Nacional en El Trigal en donde cuatro estudiantes (tres hombres y una mujer) fueron atacados dentro de un vehículo mientras trataban de salir del perímetro;235 los tres hombres fueron arrestados y uno de ellos supuestamente fue sodomizado con un rifle por parte de uno de los oficiales.

Adicional a las torturas, estudiantes han denunciado que han sido víctimas de abuso sexual por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (policía militarizada), el representante del Foro Penal Venezolano ha participado que estudiantes detenidos en Carabobo habrían sido torturados durante 5 horas, arrodillados mientras se encontraban recluidos por las autoridades, el representante relata que todos los estudiantes fueron sodomizados con un fusil automático. Relatan que posterior al hecho debieron ser limpiados con un trapo de gasolina debido a la cantidad de sangre causadas por las heridas. Adicionalmente, destaca el caso de Juan Manuel Carrasco, golpeado y violado sexualmente por funcionarios de la GNB, quien según pruebas forenses realizadas posteriores al hecho corroboran la violación, desmintiendo a la Fiscal General.

El 18 de febrero, usuarios de Twitter y otras redes sociales informaron, publicaron fotos y vídeos sobre allanamientos con tanquetas de la Guardia Nacional Bolivariana a urbanizaciones y residencias privadas en varias ciudades.

El director del Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, pidió tanto a la oposición como al Gobierno venezolano que presten atención a los llamados sobre las violaciones a los derechos humanos que no habían sido escuchados. También informó que una mujer había sido torturada con descargas eléctricas en sus pechos. El Foro Penal Venezolano afirmó que los estudiantes, tras ser arrestados, eran torturados con descargas eléctricas, golpizas y amenazados con ser quemados vivos luego de ser empapados de gasolina.

Respuesta del Gobierno a los abusos

La Fiscalía General de Venezuela reportó que estaba realizando, 145 investigaciones relacionadas a abusos de los derechos humanos y que 17 oficiales de seguridad habían sido detenidos en relación a estos hechos. El presidente Maduro y otros funcionarios gubernamentales aceptaron que han ocurrido abusos a los derechos humanos, pero dijo que se trataba de casos aislados y no de un patrón sistemático. Cuando los partidos de oposición pidieron un debate sobre la tortura en la Asamblea Nacional, el gobierno venezolano se opuso, acusando de violencia a la oposición diciendo, «los violentos no somos nosotros, los violentos están en un grupo de la oposición».