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Especial ND: Sanciones de Panamá develarán tramoya de funcionarios corruptos y testaferros del chavismo


Especial ND: Sanciones de Panamá develarán tramoya de funcionarios corruptos y testaferros del chavismo


Sofía Nederr / 3 abr 2018.- Las recientes sanciones de Panamá contra funcionarios del Gobierno, en una lista que encabeza el presidente Nicolás Maduro, aumentan el cerco internacional contra la revolución. Tres internacionalistas y un parlamentario aseguran que las medidas del país centroamericano abren el camino para limitaciones a quienes negocian directamente y allanan la vía para develar el entramado que involucraría a testaferros de quienes se han enriquecido con las arcas de la República.

“Aunque en los últimos días se han generado sanciones de Suiza y Panamá, las medidas que más afectan son las de este último país. Pese al discurso oficialista, las sanciones son contra funcionarios concretos y no contra Venezuela. El escándalo de los Panamá Papers ilustró que ese país es un paraíso fiscal usado para lavar capitales rápidamente. Con las sanciones, el gobierno panameño evidencia que quiere quitarse el desprestigio y mostrarse como un centro económico sólido. Aquí podría darse con en un entramado que no solo apunta hacia 55 funcionarios de nuestro país y 16 empresas, indica que deben ser identificados además los testaferros que habrían hecho negocios en Panamá con el dinero de los venezolanos”, señaló el internacionalista Félix Arellano.

Añadió que las sanciones suizas, que recayeron sobre siete funcionarios, “son muy simbólicas y no deben desmeritarse”. Arellano explicó que las medidas fueran emanadas de un país que siempre ha mantenido una posición neutral, no pertenece a la Unión Europea, alianza que ha dictado varias órdenes administrativas contra funcionarios de Nicolás Maduro, y además tiene por norma mantener la confidencialidad sobre quienes depositan dinero en cuentas nacionales.

El vicepresidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, diputado José Brito (PJ), señaló que las reacciones del Gobierno manifiestan el temor que tiene al incremento de obstáculos a los presuntos negocios turbios en los que estarían involucrados.

“Nuestra insistencia será solicitar que el Gobierno de Panamá identifique a las empresas, a sus directivos, a sus representantes legales y posibles conexiones con hechos ilícitos. No se puede evadir esta información ni desestimar el efecto de los supuestos hechos de corrupción como sucedió recientemente en Perú con el caso de Odebrecht y la salida de Pedro Pablo Kuczynski. Deben establecerse las responsabilidades. El Gobierno, por miedo, prende el ventilador de estiércol y se escuda en declaraciones que evidencian que estas sanciones los han tocado”, señaló.

Panamá

Las sanciones de Panamá afectan directamente el entramado de importación de las cajas CLAP

Brito indicó que urge precisarse si parte de las consecuencias de las medidas panameñas es su incidencia sobre el negocio de los CLAP que se importan desde México, pero que tendrían escala en el país centroamericano:

“Aquí el asunto no de gobernabilidad ni de desestabilización, como ha señalado Hermánn Escarrá. El caso de los mexi- CLAP podría tener una suerte de reciclaje vía Panamá. Debemos saber quiénes son las empresas en Panamá encargadas de la comercialización y el traslado de mercancías compradas en México y a qué precio. Esto puede conducir a un tinglado de corrupción”, destacó.
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El parlamentario sostuvo que, en Venezuela, existe una precariedad institucional que no permite ninguna investigación ni el establecimiento de sanciones morales ante señalamientos como los develados por Panamá.

El Jueves Santo, el gobierno panameño informó de las sanciones y ordenar extremar la vigilancia para “cualquier hecho, transacción u operación que se haya realizado”, se quiera realizar o se sospeche que está relacionada o cuyos beneficiarios sean los venezolanos señalados.

Efecto latinoamericano

Panamá es el primer país de América Latina en sancionar a Venezuela, pero analistas creen que pudiera generarse un efecto dominó para acorralar aún más a los funcionarios gubernamentales.

“Más allá de declaraciones y comentarios, la región, a través de Panamá, comienza a sentar posición sobre lo que ocurre en Venezuela. Esto podría motivar a otros países. Aquí está claro que el asunto no es de gobernabilidad porque hace rato que en nuestro país no existe. Tenemos una nación muy sacudida por la escasez de alimentos, de medicinas y la crisis democrática y de servicios”, acotó Luis Daniel Álvarez, director de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCV.

Juan Francisco Contreras, presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, afirmó que es muy significativa la medida panameña, que recordó es inédita en Latinoamericana: “Las sanciones de Panamá tocan los intereses de personas concretas sobre las que se sospechan habrían hecho operaciones con el saqueo de los fondos públicos”.

Coincide con Álvarez podrían ser reeditadas por otras naciones vecinas. Contreras cuestionó el discurso gubernamental de que con las referidas medidas se atenta contra el pueblo.

¿Desestabilización?

El TSJ rechazó las sanciones: “Las autoridades de Panamá y de la Confederación Suiza demuestran a la Comunidad Internacional el descaro de su subordinación a la política injerencista del gobierno supremacista de los Estados Unidos de América, convirtiéndose así en cómplices de una potencia guerrerista que busca aniquilar la democracia venezolana y a sus instituciones”.

De acuerdo con una nota difundida este lunes 2 de abril, el Poder Judicial considera que las recientes medidas violan los extremos del ámbito internacional y la honorabilidad de las naciones.

Hermann Escarrá aseguró que las sanciones contra varios funcionarios del Gobierno constituyen “un “ataque directo al Estado venezolano, a la estructura democrática y su gobernabilidad”. El constituyente dijo, en VTV, que los países y organizaciones internacionales que han dictado las medidas “buscan dar un golpe lento al Ejecutivo”.

Escarrá, presidente de la Comisión Constitucional de la ANC, ha informado que la constituyente introducirá el delito de traición a la patria en la nueva Constitución mediante sanciones más firmes.

El 13 de marzo pasado, El PPT solicitó al Ministerio Público investigar y dirigir las acciones penales contra los diputados Julio Borges y Luis Florido por traición a la patria. Acusan a los dirigentes de gestionar ante instituciones públicas de los Estados Unidos, de Europa y América Latina, acciones contra la patria, instigando para la realización de agresiones militares, económicas y financieras.



Fuente: Noticierodigital.com