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Protestas de 2017 dejaron al gobierno en el banquillo y a la oposición dividida


Protestas de 2017 dejaron al gobierno en el banquillo y a la oposición dividida


Este 30 de marzo se cumplió un año del inicio de las manifestaciones de calle que se registraron hasta el mes de agosto. Durante cuatro meses los sectores democráticos trataron sin éxito de debilitar a Maduro. El efecto fue contrario: la MUD quedó desarticulada y el oficialismo se unió para amarrarse al poder aunque pese sobre él una serie de sanciones internacionales. El saldo rojo fue de 139 asesinatos

Venezuela se encuentra a 50 días de las elecciones presidenciales. La mesa de la Unidad decidió no ir a las elecciones por falta de condiciones que aseguren su transparencia. Asimismo, distintos países ya han perfilado su postura: no reconocerán el candidato que resulte electo. Mientras, decenas de venezolanos cruzan diariamente la frontera del territorio decididos a establecer sus vidas en otro lugar. Los especialistas coinciden en que el costo social que dejaron las protestas por la cantidad de víctimas le costó también a los líderes opositores y al gobierno de Nicolás Maduro, hoy sancionado en América y Europa.

En la madrugada del 28 y 29 de marzo de 2017 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) publicó las sentencias 155 y 156, que le quitaron las competencias que por ley le corresponden a la Asamblea Nacional. El 30 de marzo iniciaron una serie de protestas a nivel nacional con las que se exigían que se reanudara el hilo constitucional. Al no haber respuestas, las protestas se extendieron por cuatro meses y las exigencias también. A partir del 1° de mayo las protestas intentaron detener las elecciones convocadas por el presidente Maduro para escoger a una Asamblea Nacional Constituyente y sí establecer un calendario electoral que allanara el camino hacia un proceso legítimo que permitiera elegir un nuevo mandatario nacional.

Sin embargo, los especialistas argumentan que la violencia, la falta de estrategia en la manera en cómo se debían ejecutar las protestas y la carencia de apoyo institucional de la Fuerza Armada impidieron que se cumplieran los objetivos. En el mes de junio la intensidad y el respaldo de los ciudadanos a las manifestaciones fue mermando. En abril de 2018, un año después de las protestas, Venezuela se prepara las elecciones presidenciales donde no participarán los partidos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

Un año después de las protestas
Ciento treinta y nueve personas fueron asesinadas en el marco de las protestas debido a la acción de los cuerpos de seguridad del Estado, a la actuación de grupos paramilitares y la acción de particulares que usaron armas de fuero para enfrentar a los represores, de acuerdo con la evaluación que hizo la organización Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), difundida por los medios de comunicación el 30 de septiembre de 2017.

Además, hubo 1.934 lesionados según el informe del Ministerio Público difundido el 27 de julio de ese mismo año. El costo social que dejaron las protestas por la cantidad de víctimas también le pasó factura tanto al oficialismo como a la oposición.

“Las protestas generaron deserciones de algunos actores gubernamentales. Recordemos el caso de Luisa Ortega Díaz y de algunos diputados de la Asamblea Nacional”, comenta Benigno Alarcón, director del Centro Político de la Universidad Católica Andrés Bello.

Agrega que también debe hablarse de los efectos positivos que tuvieron las manifestaciones para la oposición: las protestas centraron la mirada internacional en Venezuela. “Antes de las protestas la mirada internacional era un poco tímida y luego de esa ola represiva tuvimos una mayor atención internacional y empezaron una serie de sanciones y decisiones”.

Alarcón explica que en 2017 no todos los partidos de la oposición venezolana apoyaban las protestas. Sin embargo, en 2017 ningún partido de la oposición condenó el proceso. “De alguna manera la oposición estaba unificada por evitar que condenar el proceso fuera visto como que existía alguna cooperación con el Gobierno”.
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Pasadas las protestas, comenta, el costo social fue muy elevado por la cantidad de víctimas, pero el fracaso no se le puede atribuir a algún partido específico. Todos asumieron una cuota del costo político que esto tuvo.

“Esta situación ha obligado a que después de la protestas ninguno de los partidos debatiera entre lo que había salido bien o mal para no empeorar los costos políticos. Y nadie trató en el proceso de negociación posterior de asumir posiciones cercanas al Gobierno porque de alguna manera temía que esto fuera interpretado como cercanía al él luego de que tantas personas perdieron la vida. Todo esto puso a la oposición en una situación incómoda. En no poder negociar nada que no fuera posible justificar públicamente”.El politólogo Luis Salamanca, por su parte, explica que la abstención que se vivió en las pasadas elecciones regionales responde a una ecuación que es consecuencia de las protestas: un gobierno que está dispuesto a hacer fraude; el hecho de que el movimiento de calle no es suficiente para producir cambios; la pérdida de credibilidad en la MUD; la inhabilitación de los partidos opositores del Gobierno. Y añade: “La oposición se tira su peor estrategia de toda historia de la MUD: ir unos y otros no”.

“El resultado del 15 de octubre profundizó la depresión, porque ahora la gente siente que su voto no vale, que la vía electoral no es la correcta. Además, la MUD se suma a una negociación con la esperanza de lograr algunas condiciones electorales. Todo es producto de una hilvanación que viene desde el año pasado que hay que recoger como efectos del fracaso del ciclo de protestas”.

Represión, miedo y rechazo a la violenciaç

Keyber Guaraco, 26 años, huye de cinco uniformados de la Guardia Nacional. Su intento es inútil. Lo agarran a pocos metros del TSJ, no se da cuenta cómo, pero cae al piso mientras los guardias lo golpean. Keyber es estudiante universitario y secretario general de la Federación de Centros de Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Cuenta que el 30 de marzo de 2017 fue golpeado por funcionarios de la Guardia cuando protestaba por las sentencias 155 y 156 dictadas por el TSJ.

Alarcón comenta que el 62% de las personas creían que las protestas eran necesarias, pero más del 80% de esas personas no participaban por no estar de acuerdo en el modo o por tener temor a las consecuencias.

La anarquización de la protesta la debilitó, afirma Alarcón. Explica que las protestas pasaron de formas que eran más exigentes y que necesitaban de mayor organización a formas de protestas que al final exigían menos como era en el casos de los trancazos.

Además, comenta que esta situación generó que menos personas participaran. “Se elevaron las barreras a la participación. Las barreras físicas, pues no todo el mundo estaba dispuesto a participar en una protesta violenta. Las barreras psicológicas, ya que a las personas les daba miedo participar en esos eventos. Y las barreras morales, porque tal vez algunas personas no tenía impedimento físicos ni miedo, pero no estaban de acuerdo en el modo que se estaban llevando a cabo”.

Salamanca explica que el argumento del Gobierno de que los manifestantes generan la violencia es falso. “La violencia en las protestas seguía un patrón: los manifestantes salían pacíficamente hasta un punto. En ese momento los funcionarios de fuerzas públicas le impedían pasar y empezaba la represión”.
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Comenta que los heridos y fallecidos que resultan de esos eventos retroalimenta las protestas. “Si las protestas no fueran atacadas probablemente el ciclo empezaría a perder gasolina. Lo que alimenta la manifestación es que maten a un protestante, porque luego salen a manifestar por el que murió”.

La represión a las manifestaciones que se intensificó en las protestas de 2017, pero que inició en las manifestaciones al gobierno del fallecido Hugo Chávez, las ha definido Salamanca como neorepresión: “Es el uso de fuerzas paramilitares para atacar a los manifestantes, eso es algo que no había ocurrido antes en la historia de Venezuela. El estado antes reprimía directamente. Otra característica nueva es la crueldad en la represión que se vio en 2017, 2014 y que Chávez mostró por primera vez en abril de 2002, cuando se disparó a las personas desde puente Llaguno. Incluso, hay un discurso detrás de eso: ‘El pueblo defiende a su revolución’. Antes de Chávez sí hubo excesos por parte de las policías donde fallecían personas, pero no era un patrón de conducta”.

Entretanto, los detenidos en el contexto de las protesta de 2017 superaron las 5.000 personas, según la cuenta que llevaba para el momento la organización no gubernamental Foro Penal.

Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, explica que la cuenta que lleva organización es acumulativa y que no discriminan solo en los detenidos o presos políticos resultantes de las protestas. Sin embargo, aclara que aunque la mayoría de los detenidos han sido excarcelados no gozan de libertad plena y están sometidos a procesos penales por motivos políticos bajo medidas cautelares.

Además, agrega: “El proceso judicial se utiliza como un castigo en sí mismo. Es decir, no se utiliza como una herramienta para la determinación de la verdad. Para saber si una persona es o no culpable de un delito, sino como una herramienta que mantiene a las personas de manera indefinida limitada de sus derechos. No interesan los procesos, lo que interesa es mantener a las personas restringidas de su libertad, porque al final del día eso sirve más al gobierno para neutralizar a la gente que lograr las condenas”.

Los objetivos no se cumplieron
Las protestas que iniciaron los últimos días del mes de marzo de 2017, que cobraron mayor intensidad a principios de abril y se extendieron al mes de agosto probaron diversas modalidades: marchas, concentraciones, trancazos, desobediencia civil, paros y huelga general.

De acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social el año 2017 fue el año con más protestas de la historia contemporánea de Venezuela: 9.787, afirma Salamanca.

El especialista explica que existen dos tipos de protestas: la política y la social. La primera busca producir cambios políticos. En cambio, el objetivo de las protestas sociales es reivindicativo: protestan por luz, agua comida, gas. Incluso los actores son distintos. La protesta social es popular, generalmente es llevada a cabo por personas de menos recursos. Es una protesta que no tiene aspiración política y es una protesta crónica, está permanentemente en las calles de Venezuela.

Por su parte, la protesta política, comenta, es cíclica. Tienen un inicio, un final y es realizada por la clase media venezolana. “El año pasado hubo un ciclo de protestas políticas porque buscaban detener a la Constituyente y cambiar a Maduro”.
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David Vallenilla, de 22 años y estudiante de enfermería, fue asesinado el 22 de junio de 2017 por el disparo a quemarropa que le hizo un sargento de la Aviación / R. Peña

Pero, afirma Salamanca, la protesta del año pasado no cumplió con ninguno de los objetivos que buscaba. “La dirigencia política manejó lo que se podía lograr en las protestas de manera poco realista creando expectativas ilusorias en la población que al ver que se eligió la Constituyente, y que no se pudo impedir el gran objetivo, quedó la gente deprimida”.

Sin embargo, Alarcón, difiere que la depresión de los opositores se deba a las manifestaciones. “Lo único que estaba sucediendo en Venezuela políticamente que tenía repercusión era la protesta, pero esto no quiere decir que la depresión posterior era consecuencia de la protesta, porque si la quitamos del medio y tomamos en cuenta la consulta popular, la elección de la Asamblea Nacional Constituyente y luego su instalación, ¿en ese escenario la depresión hubiese sido distinta? No lo creo. Lo que sucede es que en la medida en que se hace un esfuerzo mayor para que algo pase y no lo logras evidentemente el golpe es más fuerte. Pero no necesariamente está vinculado con la protesta”.

Lo que le faltó a las protestas
Alarcón explica que, de acuerdo a unos estudios de Erika Chenoweth, la función de las protestas en procesos que tienen que ver con cambios políticos (caso de Venezuela), derechos humanos y procesos de descolonización, las manifestaciones logran cambios cuando son masivas y esto sucede cuando los niveles de violencia son bajos. “Los niveles de violencia no solo tiene que ver con la represión, sino también con la respuesta de los manifestantes, como ocurrió en el proceso de independencia de la India. Unos protestantes que no responden a la represión crean una escenario difícil para el gobierno”.

Por su parte, Salamanca comenta que en Venezuela existe un mito sobre que las protestas de calle pueden lograr cambios en el Gobierno. “Hasta el momento la calle no ha podido. Tal vez pueda en un futuro, pero tiene que haber una combinación para que la calle cumpla con su papel. El otro factor que no se ha dado que es la pérdida de cohesión interna en la estructura de poder que ha ciertamente ha venido agrietandose”.

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Asimismo, explica que la protesta política en Venezuela no ha logrado sus objetivos porque no cuenta con apoyo. Advierte que en la historia de Venezuela la protesta sola nunca ha podido. Explica que, de acuerdo con uno de sus estudios, desde el año 46 hasta el año 2008, de 200 gobiernos autoritarios que perdieron el poder 70% salió por crisis internas en la estructura del poder y solo 13% por protestas.

“En Venezuela los cambios de gobiernos importantes no se han dado por las protestas. Por ejemplo, Muere Gómez, la gente sale a las calles durante un año completo y no hubo cambio. Pérez Jiménez se va cuando pierde la autoridad de los militares. En el año 45 se dio un golpe de Estado y se produjeron los cambios. En el 2002 las grandes protestas se combinaron con el pronunciamiento militar y eso logró que Chávez dejara el poder”.

Sin embargo, Salamanca comenta que en el 2018 Maduro tiene un nuevo problema que es el militar.

Pronunciamientos de militares
antes, durante y después de las protestas
“Hay que admitirlo: es una Rebelión Popular derrotada. Las manifestaciones intentaron promover el colapso del gobierno, estimulando a que un sector del bolivarianismo y que las Fuerzas Armadas se colocaran del lado de las demandas populares, lo cual no sucedió”, reza la evaluación que hizo Provea.

Sin embargo, según informó Reuters el 11 de junio de 2017, tras el acceso a unos documentos, las fuerzas de seguridad de Venezuela arrestaron al menos a 14 militares bajo sospecha de rebelión en la primera semana de protestas.

Sobre esta situación el mayor general retirado Clíver Alaclá explica: “Ni el año pasado ni este ha habido respaldo a este Gobierno por parte de las Fuerzas Armadas. Así como mienten con la situación del país y de un canal humanitario, mienten también con que la FAN los apoya”. Además, comenta que las detenciones de militares por pronunciarse en contra del gobierno de Maduro son anteriores a las protestas. Datan de al menos cuatro años.

Asimismo, el 18 de abril fue detenido el vicealmirante Pedro Manuel Pérez Rodríguez. Horas antes Maduro había dicho en cadena nacional que había capturado a un militar de alto rango retirado, que sería cabecilla de un golpe de Estado en su contra. Pérez Rodríguez había pedido su baja en el año 2014 luego de evitar que su comando reprimiera las manifestaciones.
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139 personas fueron asesinadas en el marco de las protestas, calculó Provea / R. Peña

El 27 de junio Oscar Pérez, inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas sobrevoló el TSJ en un helicóptero del CICPC con un cartel que decía: “350 Libertad”. Después de varias puestas en escena donde admitía estar en contra del presidente Maduro fue ejecutado en la masacre de El Juquito el 15 de enero de este año.

El 27 de Julio de 2017 Reuters actualizó la cifra: desde el inicio de las protestas 123 militares habían sido detenidos. La lista incluye a oficiales y militares de bajo rango de El Ejército, La Marina, La Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

El 6 de agosto de 2017 el Capitán retirado Juan Caguaripano Scott lideró un asalto al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, en la denominada “Operación David”. Caguaripano, junto al primer teniente Yefferson García, fue detenido cinco días más tarde en la ciudad de Caracas. El pasado 22 de marzo durante una rueda de prensa Alfredo Romero, director del Foro Penal, informó que 20 militares se sumaron a la lista de presos políticos en el 2018.

Entretanto, Alcalá concluye: “El militar no pierde su condición de ciudadano. No se trata de militares o policías. Se trata de venezolanos. El malestar que está dentro de las Fuerzas Armadas es el mismo que está en la calle. El hecho de no tener acceso a la salud ni a los alimentos”.

Protestas de 2017 dejaron al gobierno en el banquillo y a la oposición dividida

Por: Grisha Vera
Fotos: Rayner Peña y Vanessa Tarantino
Fuente: elpitazo.info