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¿Cómo afecta a los funcionarios oficialistas el ser sancionados por la Unión Europea?


¿Cómo afecta a los funcionarios oficialistas el ser sancionados por la Unión Europea?

Posted in Carrusel Luis Mendoza @MendozasWork

La Unión Europea “madrugó” al Gobierno de Nicolás Maduro. Motivados por la “represión” que se padece en Venezuela, el grupo de 28 Estados aprobó este jueves sanciones en contra de siete funcionarios oficialistas que implican la congelación de activos y prohibición de entrada a las naciones que conforman el bloque, apenas 18 días después de haberse iniciado este nuevo año.

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Maikel Moreno; el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, el fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente “profundamente chavista”, Tarek William Saab; la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena; el excomandante de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres; y el jefe de inteligencia, Gustavo González López figuran en la lista de altos cargos a los que la Unión Europea aplicará las penalizaciones por la situación política en la nación petrolera.

La medida se une a la lista de penalizaciones que pesan sobre personajes ligados al Alto Gobierno nacional, a fin de buscar ejercer presión sobre el Ejecutivo venezolano para conseguir una solución negociada a la crisis en el país.

La propia portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (Seae), Catherine Ray, dejó en claro esto último al asegurar que la UE mantiene su “mensaje político” y “apoya firmemente los esfuerzos para una solución negociada al problema venezolano”, citada por la agencia de noticias EFE.

De allí que no sea casual que la decisión llegue justo en medio del escenario de incertidumbre que se vive en la nueva ronda de negociaciones que llevan a cabo la oposición y el Gobierno de Maduro en la capital de República Dominicana, tras el asesinato del exfuncionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) Oscar Pérez, durante un operativo marcado por la violencia y presuntas ilegalidades.

Los embajadores europeos lograron el “acuerdo político” en su reunión semanal para someter a medidas restrictivas a una “lista”, con sanciones ya acordadas por el cuerpo diplomático y que se suman a las impuestas en noviembre por el bloque, un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela.

Pero ¿qué significan estas sanciones?

“Estas sanciones son significativas porque hasta ahora el Parlamento Europeo se ha venido pronunciando, así como lo han hecho varias naciones del bloque de manera individual, pero esto es una posición multilateral el Consejo y la Comisión de la Unión Europea”, explica el exembajador de Venezuela ante las Naciones Unidas (ONU) Milos Alcalay.

De acuerdo con el experto, lo más importante de esta acción radica en que podrían aumentar en intensidad y frecuencia si el Ejecutivo Nacional no acata las exigencias de una comunidad internacional que le exige el restablecimiento del orden constitucional, la estabilidad y la paz de Venezuela.

“Están creciendo las medidas que aumentarán el aislamiento de Venezuela, que hará que se reestablezca el Estado de derecho y se respete la dignidad de los venezolanos para poder vivir en libertad, cumplir los alcances de la Constitución y de los acuerdos internacionales”, sostiene.

Tan así que no es la primera vez que la UE penaliza al Gobierno venezolano. El pasado noviembre el bloque impuso un embargo de armas y un veto a material que pueda utilizarse para la “represión interna” en Venezuela.

“Esta escalera sigue, el Consejo Permanente de la OEA ha tenido posiciones muy duras y el Consejo de Seguridad de la ONU se ha reunido dos veces para tratar de manera informal el tema de Venezuela, algo inédito en nuestra historia”, recuerda Alcalay.

Entonces, ¿por qué el gobierno se burla de las sanciones?

Es por ello que las mofas que se realizan desde el alto mando venezolano sobre estas acciones parecen ser solo un alarde para no mostrar el verdadero poder que tienen. Y es que, sin quererlo, el propio oficialismo ha demostrado el peso de estas medidas al dedicarles un “punto de honor” en las exigencias que llevaron a la mesa en Santo Domingo.

De allí que mientras la oposición pide garantías electorales para los comicios presidenciales previstos para este año, la apertura de un canal humanitario que permita el envío de medicinas y alimentos, la liberación de los llamados “presos políticos” y la restitución de los poderes constitucionales de los que fue despojado el Parlamento; el gobierno exige el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre algunos de sus funcionarios y el reconocimiento de la Asamblea Constituyente.

“Cada uno de los que están en la lista tiene familia en el exterior, por eso no pueden decir que no les importa porque hay una preocupación creciente a que sigan en aumento”, sostiene el diplomático.

Se basa en el hecho de que estas sanciones comienzan a través de investigaciones que se llevan a cabo a fin de conocer si efectivamente el funcionario que se pretende penalizar tiene algún tipo de bien, negocio o vinculación con el Estado que pretende castigarlo. Lo que quiere decir que, en efecto, quienes estén incluidos en la “lista negra” se verán afectados por ella de alguna u otra forma.

“El gobierno se burla de manera cínica de estas sanciones, pero están preocupados porque afecta a los que tienen dinero malhabido, familiares en el exterior, violadores de derechos humanos en Europa y con estas medidas se les hará más difícil poderlo hacer”, aclara el especialista.

Es por ello que, –por ejemplo-, si el padre de familia que ha comprado unas inversiones para que sus hijos y familiares vivan en Europa, y sus bienes comienzan a ser confiscados, eso va a perturbarlos. “Por eso ellos tienen una contradicción con eso, porque andan diciendo que no les importa pero luego tienen de punto de honor en las negociaciones con la oposición para la petición el levantamiento de las sanciones”, dice Alcalay.

Pero lo cierto es que, más allá de las exigencias del oficialismo, la oposición no es la que impone las sanciones, por lo que no tienen potestad para que sean levantadas. “La única forma de que se levanten estos castigos es que la comunidad internacional vea señales claras de que en Venezuela se va a reestablecer el Estado de derecho, se respeta la dignidad de los venezolanos y se cumple con los alcances de la Constitución y de los acuerdos internacionales”, concluye.