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Diagnóstico actual y pronóstico de Venezuela 2018


Diagnóstico actual y pronóstico de Venezuela 2018



Aguiar es Profesor Visitante del Miami Dade College Director de Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) Miembro de la Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras de España

Durante los últimos 19 años (1999–2017), una vez agotada la experiencia de la república civil en la década 1989–1999, siendo las constantes de ésta y aquellos hasta el presente la anomia social y el desarraigo ciudadano, Venezuela ha sido objeto de distintas terapias políticas transicionales. Ellas no logran reconstituirla, ni como nación ni en lo público, menos en lo institucional; lo que es exigencia indefectible para su cabal emancipación, el ejercicio pleno de la democracia por sus habitantes, y su ingreso ya dilatado al siglo XXI, a la sociedad de la información y el conocimiento.

Antes bien, esa nación que se muestra ilustrada a finales del siglo XVIII, que forja libertades durante la primera mitad del siglo XIX, y que durante la segunda mitad del siglo XX — incluso sufriendo dictaduras militares recurrentes — es ejemplo regional de madurez democrática, hoy se debate entre la civilización y la barbarie.

Varios intentos de recomposición, distintos, sólo aparentes o sin éxito, tienen lugar desde entonces.

El gobierno, en lo sustantivo, impulsa la constituyente de 1999 a la que sigue La Nueva Etapa: El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana de 2004 con sus consecuencias: la frustrada reforma constitucional comunista de 2007 y la enmienda constitucional de 2008, que le pone punto final al principio de la alternabilidad democrática, con la reelección sin término de todas las titularidades del Estado.

La oposición, sólo en lo táctico y luego en lo electoral, procura — una parte de ella — el frustrado golpe de Estado de 2001; el fallido, fraudulento — se demuestra luego — y sucesivo referéndum revocatorio presidencial de 2004 bajo la guía de la Coordinadora Democrática [con mediación del Centro Carter y del Secretario General de la OEA]; y la victoria electoral parlamentaria de 2015 conducida por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), con sus únicas derivaciones: la confiscación judicial de las competencias de la Asamblea Nacional electa, por órdenes del régimen dictatorial de Nicolás Maduro — que a la sazón reconfigura al máximo tribunal de la república y lo integra con seguidores suyos antes de que ésta se instale, y la frustración, por el mismo Maduro, del intento de realización de un referéndum revocatorio de su mandato, en 2016.

Hoy hace crisis terminal, de suyo, esa larga transición que casi cubre dos décadas si se toma en cuenta la fecha del inicio de la revolución, o casi 30 años — toda una generación política — si se parte de la fecha de El Caracazo, la insurrección popular de 1989. Degenera ella, sin solución de continuidad, en una “explosión del desorden” por sobre un fenómeno de muy hondo calado, huérfano de análisis a fondo por parte de las élites venezolanas, por ende, de imposible reparación eficaz en lo inmediato.

El desconocimiento cabal de la Asamblea Nacional; el acusado fracaso del diálogo de 2016, impulsado en República Dominicana por la UNASUR — junto a los expresidentes Ernesto Samper, José Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos — a pedido del mismo gobierno para manipular su propio entuerto; la suspensión de todo acto electoral pendiente — incluido el referendo revocatorio presidencial — para preferir la inconstitucional instalación, en 2017, de una Constituyente totalitaria que liquida de raíz el voto universal, directo y secreto, son apenas los síntomas de esa cuestión más aguda. Ella es de corte netamente moral, pues trastoca el sentido mismo de la identidad nacional y de su patrimonio intelectual, y no solo arriesga el destino y la viabilidad de Venezuela como expresión social y política, sino que amenaza a la paz americana.

El secuestro del poder real venezolano por actores coludidos con el terrorismo islámico y los negocios del narcotráfico, controlados por el gobierno de Cuba, sin disposición alguna de abandonarlo por las vías democráticas, es máxima de la experiencia actual. No la modifican o trastocan, antes bien la confirman, la realización posterior, bajo amenazas policiales y judiciales, ahora bajo control total de la Constituyente dictatorial, de las elecciones de gobernadores y de alcaldes antes suspendidas, respectivamente, en 2017; ni la reapertura — que tiene lugar los días 1 y 2 de diciembre, antes de frustrarse otra vez — del diálogo citado de República Dominicana, al que se han avenido sectores partidarios de oposición coludidos. Para colmo, todavía dialogando se ven inhabilitados políticamente — los partidos que no acuden a los comicios para regidores — por la Constituyente inconstitucional de Maduro. Se les impide participar, así, de las elecciones presidenciales que desde ya anuncia ésta para 2018 y que contarán, como se aprecia, con una oposición dibujada a la medida y sin garantías electorales de equidad y transparencia.

Acaso el diagnóstico previo de tal dolencia nacional, por obviado o equivocado, o por agravada ésta deliberadamente o por omisión, ha hecho ineficaces el propósito reconstituyente señalado y necesario como sus terapias respectivas, en uno u otro sentido: el del gobierno, por interesado en la profundización de la anomia nacional como estrategia de dominio, y el de la oposición partidaria: la de la MUD (Mesa de la Unidad Democrática), por empeñada en el método electoral como única forma de lucha, que a la vez usa y le sirve al propio Maduro como táctica diluyente de su clara vocación despótica y criminal, para relegitimarse durante cada crisis.

Lo cierto es que la crisis humanitaria corriente y agravada esta vez con el default, el incremento de las persecuciones de opositores y las violaciones sistemáticas de derechos humanos, la violencia narco-criminal envolvente y dominante de todo el espectro del poder en Venezuela, y el vacío manifiesto de poder constitucional, de conjunto muestran un cuadro de grave ingobernabilidad. El mismo, ahora y como se constata, le abre puertas al terrorismo desde el Estado, que mata la política y encuentra su clímax con la Masacre de El Junquito de enero de 2018; lo que no alivia la anterior y reciente liberación de algunos presos políticos, que se administra a cuentagotas, como objetos que pasan por una puerta giratoria: salen unos, entran otros.

Urge acometer, pues, una lectura crítica responsable de todo lo anterior, en búsqueda de apreciaciones distintas que sean susceptibles de forjar una narrativa o relato, una estrategia de liberación y reconstrucción nacional apropiadas, que contemple medidas innovadoras para la solución final del problema de Venezuela, a saber, readquirir sus raíces para mejor digerir el presente y dibujar, con menos ánimo trágico, el porvenir.

LA INGOBERNABILIDAD, TAMBIÉN OBRA DE LA GLOBALIZACIÓN

a) Premisa conceptual

La gobernabilidad autónoma o consensual — léase democrática — es distinta de la heterónoma o autoritaria, que se sostiene, sea sobre la personalidad carismática del gobernante, la fuerza de policía, el pacto con la corrupción, o de uno y otros de dichos factores en su conjunto. Las medidas de alta policía — para afirmar la estabilidad o mantener la seguridad y el orden público en la democracia — exigen de legitimidad o respaldo social y de legalidad formal sustantiva. Son las fuentes inexcusables — ausentes en Venezuela — del ejercicio por el gobernante de competencias regladas y sujetas al control ciudadano, y atadas a las finalidades de la democracia. Ello resulta complejo sino imposible lograrlo a corto plazo en comunidades invertebradas o espontáneas que, como la venezolana antes descrita, ora abandonan o no alcanzan o resisten el estadio asociativo, consecuencia de la racionalidad convencional en el plano de lo ético y luego en el terreno de la política. Tanto que, se repite y habla de la beligerancia en curso de la anti-política.

b) Las hipótesis

El Estado contemporáneo — como expresión política de la sociedad — entra en crisis terminal por obra de la distinta perspectiva cultural y los cambios estructurales que impulsa la globalización. En el caso de Venezuela, ella pierde su institucionalidad y equilibrios funcionales precarios, además, bajo la centralización y personalización totalizante de sus poderes públicos a manos de Hugo Chávez Frías; con apoyo en la arquitectura constitucional hegemónica y militarista diseñada en 1999; sobre un el rompecabezas que se hace social y políticamente evidente desde 1989, según lo señalado.

La sociedad, como soporte necesario del Estado y obra del pacto entre los individuos y sus comunidades de base, se desintegra en Occidente al ceder el mismo Estado nacional y con éste los partidos políticos, en tanto que correas clásicas de transmisión de la cosa pública y formas propiciatorias de identidad dentro de la ciudadanía. No obstante, por defecto histórico de una cultura propia compartida y raizal, preliminar al mismo Estado, la nación venezolana, en lo puntual, ofrece una débil textura, apenas arraigada alrededor de los símbolos patrios; los que, en la hora corriente, paradójicamente derivan en factores de confrontación y violencia colectivas: el bolivarianismo. Le resta a ella, a todo evento, como factor positivo, un espíritu difuso de libertad al que se ha acostumbrado y subyace históricamente en el alma nacional.

La comunidad de nuestro tiempo, no solo la venezolana, disgregada y espontánea, se reorganiza sucesivamente, por defecto del Estado, alrededor de retículas múltiples o de pequeños nichos o cavernas primarias o primitivas — culturales, históricas, religiosas, locales, vocacionales, étnicas, generacionales, comunales, urbanas — que se excluyen y desconocen, las unas a las otras, presas de cosmovisiones caseras y arguyéndose el derecho a la diferencia, distinto del sentido de la pluralidad democrática. Existe así, en efecto, una “globalización de las transformaciones” sin que ella predique la simetría global de sus consecuencias humanas; salvo que, las formas de disgregación enunciadas, por lo dicho y sin mengua de sus legitimidades, conspiran contra la experiencia de la libertad, que está hecha de tolerancia en la convivencia, en el reconocimiento a los otros sin perjuicio de las diferencias.

El Estado venezolano, como tal y por ser históricamente nominal — salvo el intento mencionado que ocupa la segunda mitad de nuestro siglo XX — es ya incapaz de construir por si solo la gobernabilidad; aun cuando estudios recientes del PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) reivindiquen la idea equivocada de la reconstitución plena de sus fortalezas a fin de superar el “desencanto con la democracia”. Antes que resolver conflictos los exacerba en medio de un cuadro creciente de incumplimiento colectivo de las normas, de nula predictibilidad de las conductas sociales, y de demandas exponenciales que mal puede satisfacer aquél, ahora bajo la trampa del populismo. De allí la peligrosa tentación de otra vuelta a la idea del “gendarme necesario”.

El Estado contemporáneo es actualmente ineficaz para la gobernanza o gobernación, incluso la de origen autoritario; entendiéndose tal gobernanza como la realización posible y material de los valores del Estado de Derecho y de la democracia. Como se aprecia, es deficiente para la toma de decisiones a largo plazo y acerca de los problemas vertebrales de actualidad (criminalidad transnacional, terrorismo y narcotráfico, protección del ambiente, pobreza y exclusión, comunicaciones planetarias) tanto como para solventar la inflación de las demandas — ahora distintas y grupalmente diferenciadas — que le dirigen los gobernados, creándose así, adicionalmente, la llamada “ingobernabilidad por sobrecarga”; que en Venezuela se agudiza bajo su recrudecida y mencionada crisis humanitaria.

Las partes o nichos de lo que antes se integra bajo la idea de la Nación o como patria de bandera, dada sus acusadas naturalezas introspectivas y hasta fundamentalistas — piénsese en las comunidades originarias o los “indignados” o en los grupos LGBT — no encuentran caminos transversales — hilos de Ariadna — que las hagan confluir en un propósito común con sus diferentes, que no sea en el mantenimiento del referido sentido difuso, parcelado y colectivo de la libertad; o que al menos favorezcan su cooperación recíproca para la forja de un orden mínimo estable, promotor de la mencionada y urgida gobernabilidad.

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA, PARA ENTENDER EL PRESENTE

A la caída de la penúltima dictadura — la de Marcos Pérez Jiménez — se crea en Venezuela una situación de ingobernabilidad, muy diferente de la actual. El presidente Rómulo Betancourt llega al poder en 1959 sin contar con la cooperación — antes bien padeciendo el rechazo — de las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica, elementos primarios e históricos de vertebración de la venezolanidad.

Los partidos políticos (AD, COPEI, URD, y Comunista), capaces entonces de ayudar a la gobernanza o gobernación, no cuentan para el momento con la fuerza indispensable para asegurarla pues vienen de una década de clandestinidad e ilegalización. El secretario de la Presidencia, Ramón J. Velásquez, se ocupa de tirar puentes con la milicia y el episcopado, y Betancourt acude a la plaza pública ante cada amago de golpe militar a fin de contenerlo. Pacta la estabilidad social, así, con las dos organizaciones mejor establecidas y de mayor peso y articulación para la época, el empresariado y los sindicatos, y sobre tal piso puede gobernar conforme a las reglas y propuestas del célebre Pacto de Puntofijo, forjado por los primeros.

He aquí, sin embargo, una variable que conspira contra la gobernanza de su administración: la injerencia social y políticamente disolvente cubana, la de Fidel Castro, que comprende invasiones armadas y apoyos a la guerrilla entonces insurgente, cuyas razones, premonitorias del presente, explica el mismo Betancourt en 1964 (Véase mi libro El Problema de Venezuela, EJV, Caracas, 2016, pp. 421–422):

“Fácil resulta explicar y comprender por qué Venezuela ha sido escogida como objetivo primordial por los gobernantes de La Habana para la experimentación de su política de crimen exportado. Venezuela es el principal proveedor del Occidente no comunista de la materia prima indispensable para los modernos países industrializados, en tiempos de paz y en tiempos de guerra: el petróleo. Venezuela es, además, acaso el país de la América Latina donde con más voluntariosa decisión se ha realizado junto con una política de libertades públicas otra de cambios sociales, con simpatía y respaldo de los sectores laboriosos de la ciudad y el campo. Resulta así explicable cómo dentro de sus esquemas de expansión latinoamericana, el régimen de La Habana conceptuara que su primero y más preciado botín era Venezuela, para establecer aquí otra cabecera de puente comunista en el primer país exportador de petróleo del mundo”.

Las circunstancias a partir de 1989 — al término de la república civil de partidos — son, aquí sí, el anticipo inmediato del cuadro de ingobernabilidad corriente y sobrevenido. La crisis del Estado y la anomia son manifiestas, según lo comentado. La ética pública y privada se relajan abriéndosele paso tímido pero inicial al narcotráfico en su modalidad de lavado de dineros; lo que impulsa el fenómeno de los homicidios semanales por ajustes de cuentas y la corrupción policial al punto de transformarse el país en el segundo más violento del mundo.

La indiscutible legitimidad de origen con la que cuenta el presidente Carlos Andrés Pérez, durante su segunda administración, no basta para sostener la gobernabilidad y a renglón seguido la gobernación, menos después de ocurridos El Caracazo citado (que deja centenares de muertos) y los golpes de Estado de 1992, que involucran a Hugo Chávez Frías; incluso comportándose el presidente Pérez de manera democrática ejemplar, al punto extremo que decide no perseguir a los militares que ejecutaran el golpe en su contra, en número de 650 aproximadamente, ordenando sobreseer sus causas y devolverlos a los cuarteles. Sin embargo, es víctima, paradójicamente, de un andamiaje estatal sin poder real y ya deslegitimado, cooptado por las franquicias en que se transforman las mismas organizaciones políticas tradicionales que, al paso, promueven su destitución.

Llegada la administración de Rafael Caldera en 1994, catapultada por sobre la citada anomia social y política reinante, mediando el desprestigio de los poderes públicos, sobrevenida la crisis financiera, y actuante la división interna de las Fuerzas Armadas, sólo su auctoritas sostiene precariamente los hilos de la gobernabilidad; lo que es impropio de una democracia madura. La gobernanza que se realiza, por ende, mal revierte la tendencia hacia la desestructuración de lo nacional que toma cuerpo pleno y muestra al país hecho hilachas social y políticamente, a pesar de las apelaciones de Caldera para que se debata públicamente sobre los valores éticos y la obra de la democracia comparándosela con la de la última década dictatorial (1948–1957). No basta, tampoco y para ello, el apoyo que recibe Caldera para la gobernación por el declinante partido Acción Democrática.

LO MÁS RECIENTE, QUE INCIDE SOBRE EL PRESENTE Y CONDICIONA EL PORVERNIR

Ausentes las fortalezas y equilibrios institucionales del Estado y sobre el complejo archipiélago social que es la Venezuela del presente, penetra el poder fáctico sustitutivo y articulador de la inteligencia política cubana, y bajo el mando de Jacinto Gómez Valdés (Granma, agosto 29, 2017), jefe del Grupo de Trabajo Nacional, ejerce la jefatura de las misiones en Venezuela Víctor Gaute López. Se trata de un ejército de ocupación de 15.000 hombres, según la OEA, o de 30.000 miembros de los CDR (Comités de Defensa de la Revolución), según lo confiesa Juan José Revilero, miembro del Consejo de Estado cubano (El Universal, agosto 4, 2007).

En paralelo, desde 1998 y en agosto de 1999, sucesivamente adquieren ciudadanía el terrorismo (ya integrado al chavismo a través de la ETA, Libia, e Irak) y el narcotráfico colombiano: autorizado en su despliegue por Chávez al acordarse formalmente con las FARC, a través de su jefe de inteligencia, Ramón Rodríguez Chacín; asimismo, la corrupción petrolera y la transnacional (inaugurada por la ODEBRECHT con Lula da Silva), a partir de 2003, junto a sus efectos disolventes de la ética social y política.

Tales desviaciones o fenómenos, desde entonces, penetran y ejercen su control sobre los restos y partes de la organización del Estado y sobre la invertebrada sociedad civil y política venezolana. Fijan un contexto — hasta hoy silenciado dentro del debate de opinión sobre el régimen, salvo en lo adjetivo — que, a la vez de indicar la incapacidad del mismo gendarme — Chávez, con todo y su personalidad mesiánica — y sus causahabientes Nicolás Maduro y Diosdado Cabello para sostenerse y prorrogar el poder autoritario que detentan, demuestran que el objetivo de su conservación, al término, priva inevitablemente. Quedan en el margen las formas democráticas y su expresión electoral, y en el centro el uso de la violencia. Esa es la exigencia superior ante la que los comicios y su celebración derivan en simple medio alternativo o táctica de ocultamiento de la narco-dictadura imperante.

El tránsito a lo largo de las casi dos décadas recorridas, desde la cifra de 4.550 muertes violentas al año, en 1999, a 28.479 en 2016 y a 26.616 en 2017 — lo que representa la tasa más alta del mundo (91,8 homicidios/100.000 h.) — y la progresiva como creciente criminalización de los actores del “orden” político y social considerados como contrarrevolucionarios, sea por razones políticas propias — dirigentes de partidos o medios de comunicación social — o impropias por atentar contra el modelo que disimula la igual narco- economía “socialista” en constante forja — empresarios, hacendados, constructores, banqueros, editores — son aleccionadoras respecto de lo antes dicho.

La profundización y sostenimiento de la anomia pasa a ser, en lo adelante, funcional a la realidad establecida en el país. De allí la creación, fuera de la Constitución, de redes de comunas y colectivos armados, que son tributarios y no pocas veces compiten por el mismo control fáctico que ejerce el poder narco-criminal en sus ejercicios espasmódicos de disciplina social. Así lo corrobora la referida Masacre de El Junquito, en la que se ejecutan varios venezolanos insurgentes y decididos a entregarse, en un festín de acciones concurrentes y desalmadas entre las fuerzas regulares e irregulares de la misma dictadura.

Al ceder la omnipresencia de Chávez, dada su enfermedad y muerte, junto a la declinación en el imaginario social del mito del líder hecho con barro de los dioses, se muestra en su mayor crudeza, por ende, la pulverización del espectro colectivo venezolano. Los restos del andamiaje estatal, además, quedan al desnudo y en su deriva. Y la prueba de la anomia se expresa, ahora sí, en el final de la simulación democrática y el abierto desprecio por las normas constitucionales; primero las relativas a la misma sucesión presidencial, que llevan a Maduro al ejercicio del poder a partir de 2013, sustentado sólo por las bayonetas y un fraude electoral, hasta que impone en 2017 su colegiado dictatorial, como una suerte de asamblea constituyente inconstitucionalmente constituida para ensamblar a su medida a los causahabientes o herederos del propio Chávez que se le subordinan.

La MUD, a su turno, como esfuerzo de articulación social para la acción política en su vertiente electoral opositora, quiérase o no sólo se ha explicado y justificado desde sus inicios — sin otro propósito a profundidad — alrededor de las personas de Chávez y de Maduro, no como alternativa. El ánimo voluntarista de sustituirlos, aparte de que reduce el espectro nacional — en su invertebración sostenida — al mundo relativo de los partidos políticos, no le dado paso, aún, a una narrativa que sirva para la reconstitución social y política del país. De allí que el respaldo popular creciente a sus iniciativas — hasta 2015 y que luego decrece bajo el peso de la frustración al iniciarse el 2018 — tiene lugar o se impone en la medida en que hace crisis la economía rentista y redistribuidora; y por la misma razón de ser la MUD el único vehículo de protesta social admitido por el régimen. En consecuencia, el acompañamiento social que recibe la denominada Unidad y antes de perderlo como consecuencia de su cohabitación reciente con la dictadura, mal puede entenderse como una rearticulación de la nación alrededor de los partidos que la forman. La fuerza cohesionadora que en el pasado alcanzan éstos, según lo señalado antes, decae con el mismo agotamiento de las estructuras y cometidos del Estado moderno, dentro de cuyos predios se realiza la democracia como mera forma de gobierno y por obra de la globalización. Chávez, por ende, apenas certifica la defunción partidaria a la manera de un médico forense, en 1999.

LA DINÁMICA OPOSITORA, EN RETROSPECTIVA Y EN PERSPECTIVA

a) La simulación democrática bajo Hugo Chávez (1999–2013)

A lo largo del régimen de Chávez, el sostenimiento formal de la ortodoxia constitucional democrática — de base piramidal, representativa y de separación de poderes — a pesar del control que sobre éstos ejerce aquél, y la realización en paralelo de un modelo de neta inspiración cubana revisado (Socialismo del siglo XXI), apalancado en el marco de la anomia nacional comentada, obliga a la oposición al sostenimiento de un comportamiento institucional formal. Queda sujeta a la lógica de éste y reducido a la denuncia de las violaciones constitucionales en que incurre el mismo Chávez en su despropósito marxista en escorzo.

Se explica, así, la percepción de escándalo que supone, para la comunidad internacional y los mismos partidos venezolanos que vienen desde el siglo XX, la crisis constitucional — el golpe militar de micrófonos y sin armas — que ocurre el 11 de abril de 2002, expulsando a Chávez del poder durante algunas horas.

La oposición alcanza a organizarse, al efecto, bajo un mecanismo de lucha idóneo, a saber, el de la Coordinadora Democrática (CD). Si bien se origina en la citada crisis y se compromete con vistas a un hecho electoral concreto — la realización del referéndum revocatorio presidencial de agosto del año 2004 que alcanzan la OEA y el Centro Carter — su representatividad es socialmente diversificada. Su actuación política tiene como base un piso intelectual compartido y programático — restablecer los pulmones de la democracia, según los estándares de la Carta Democrática Interamericana — que a la par trasvasa a los partidos. Tanto que dicha CD adquiere una fuerza movilizadora popular inédita, dentro del cuadro de anomia reinante en el país.

Que la oposición venezolana no haya alcanzado su objetivo durante la jornada comicial señalada por ajena a los principios de transparencia y equidad en la competitividad e intervenida ésta por Cuba, como lo confiesa Chávez en noviembre de 2004, en nada varía la validez de la premisa. La visión omnicomprensiva que se tiene en la CD acerca del hecho político venezolano la reflejan los Acuerdos de Mayo de 29 de mayo de 2003, incumplidos por el gobierno una vez como supera el acto de votación contando a su favor con la indiferencia hemisférica. El cuadro geopolítico le es favorable en la circunstancia, dado el contexto de bonanza petrolera que le acompaña.

b) La “explosión del desorden” y el terrorismo bajo Nicolás Maduro (2013–2017)

La simulación democrática queda en entredicho una vez como asume el poder Maduro y se hace evidente la pérdida de apoyo popular a la revolución, a pesar de controlar y tener ésta a su servicio el Poder Electoral. Es cuando arrecia la persecución y criminalización de la disidencia, en lo particular aquélla que amenaza la estabilidad del régimen y no le es funcional. Antonio Ledezma, Leopoldo López, María Corina Machado, entre otros, suscriben con agudo sentido político y visión de mediano plazo el Acuerdo Nacional para la Transición. La decisión del colegiado dictatorial pentagonal (Maduro — Cabello — los Rodríguez — El Aissami — Alto Mando Militar) es sostener el poder, a costa de lo que sea.

Como medida táctica el régimen procede a la adquisición — a través de testaferros — de los medios de comunicación social independientes restantes en el país. La hegemonía comunicacional de Estado se hace concreta, ahora sí, y sirve para sostener de un modo virtual el apoyo que ya no encuentra en las urnas. No obstante, al hacérsele difícil evitar la controversia electoral parlamentaria, una vez como la pierde, desde ese instante, ha lugar al desconocimiento abierto del orden institucional piramidal y ortodoxo. Llega a su final la simulación democrática del tiempo chavista.

La organización formal del Estado pierde en lo adelante total conexión con la sociedad civil, ahora sin mínima vertebración por razón de la hambruna y el cese cabal de libertades que hacen presa del conjunto de los venezolanos. Apenas se mantienen unidos éstos por las urgencias, que igualmente les atomizan por imperativo de la subsistencia. El aparato público sostiene su direccionalidad instrumental sólo en la medida en que le es necesaria al colegiado de facto gobernante, o cuando le es imprescindible al eje de oposición para no perder su presencia en la opinión pública, fundamentalmente desde la Asamblea Nacional que ahora controla mayoritariamente, aun cuando fracturada su integración opositora.

Superado el 2016, la Asamblea Nacional y su referente político — la MUD, como partido de partidos y de exclusivo propósito electoral — frustran la expectativa de cambio que avizoraba la sociedad invertebrada venezolana, la que le moviliza masivamente durante las elecciones de diciembre de 2015. La opinión mayoritaria, si en parte les considera hoy funcionales a la realidad dictatorial, en lo sustantivo aprecia que una y otro son carentes de poder real o al menos simbólico para la lucha por la libertad. Se transforma Venezuela, es lo característico del año 2018 que se inicia, en un barco a la deriva, sin timonel ni destino cierto.

La dinámica del colegiado dictatorial, dentro de tal contexto, se orienta a ejercer a cabalidad su poder material y de violencia para sosegar y someter a la sociedad invertebrada que no le reconoce. No se disimulan las prácticas de terrorismo desde el Estado.

Entre tanto, estimula en la oposición la profundización de su visión democrática esquizofrénica, primero ofreciéndole, fuera de tiempo y pasado el lapso constitucional, unas elecciones regionales y municipales que, al aceptarlas le desprestigian ante el país y hacen convalidar, tácitamente, el fraude electoral que da lugar a la constituyente de facto o directorio revolucionario, de base corporativa, instalado bajo protesta de la comunidad internacional.

Para la fecha, bajo chantaje — usando como “rehenes” a los presos políticos y en medio del clima de terror que crea con la Masacre de El Junquito — Maduro obliga a parte de la oposición a mantenerse en el diálogo de ficción que conduce República Dominicana, con integrantes que han perdido toda legitimidad y representación, en espera de obtener la aprobación “democrática” de los recursos que demanda para superar el default. Nada más.

DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA DE VENEZUELA

a) La carencia institucional democrática y la inviabilidad del diálogo

Desde el centro del poder en Venezuela, a partir de 2004 con La Nueva Etapa, se hace manifiesta la tesis de que la revolución no tiene marcha atrás, “es pacífica pero armada”, lo que implica, sobre todo después de la citada enmienda constitucional de 2008, la tácita negación de la alternabilidad en el ejercicio del poder. Que la oposición logre espacios de gobierno local y municipal desde entonces, en modo alguno le resta validez a lo postulado. El poder político reside, constitucional e históricamente, en el nivel central: presidencial/personalista, económico, y militar, y el mismo es reconfigurado por la Constitución de 1999 para profundizar esa desviación de la democracia.

Si se trata de sujetar el nivel descentralizado de poder que, eventualmente, ha de compartir la revolución con la oposición, aquélla forja a propósito un constitucionalismo paralelo y material — el llamado Estado comunal — o desvía sumas importantes del ingreso fiscal hacia entidades regionales que crea y/o controla al efecto. Los casos de la Alcaldía Metropolitana de Caracas y del Gobierno del Estado Miranda, son emblemáticos al respecto. Al Alcalde Mayor, Antonio Ledezma, se le mantiene como preso político: se escapa luego, y al resto de los burgomaestres de oposición se les lleva la cárcel o al exilio cuando dejan de ser remisos al dominio centralizado del régimen.

La victoria parlamentaria de la Unidad opositora significa, es verdad, la primera y real amenaza capaz de comprometer la estabilidad del poder del gobierno nacional y su revolución. De allí la estrategia del secuestro inmediato del Tribunal Supremo de Justicia por parte éste, antes de la toma de posesión de la nueva Asamblea Nacional electa en enero de 2016; como su propuesta, en paralelo, de un diálogo de utilería por el mismo Maduro — apoyado por sus aliados del Foro de San Pablo y con el que tienta, incluso, a los ex Jefes de Estado y de Gobierno de IDEA (Iniciativa Democrática de España y las Américas) sin lograrlo — pero capaz de permitirle su cohabitación con sectores de la oposición funcionales, dispuestos a no poner en riesgo la estabilidad de su gobierno.

En cuanto a la acción de secuestro de la Justicia para los propósitos de la revolución, cabe observar que como fenómeno tiene lugar desde la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999 y es inherente al modelo socialista del siglo XXI, léase, dicho sin ambages, debido a la decisión inaugural de Chávez de ejercer el poder político sin ataduras constitucionales ni responder por su mudanza inaugural en un cartel narco-criminal. A la Constitución, según criterio que valida la propia Sala Constitucional del TSJ, se le considera como un instrumento subsidiario al servicio de los objetivos revolucionarios. Éstos privan en la interpretación de aquella y, de ser necesario, permiten su mutación normativa sin reforma ni enmienda, a manos de los jueces.

Carece de relevancia para la revolución, en fin, cualquier exégesis constitucional que se afinque sobre la idea del Estado democrático y de Derecho. La revolución, en efecto, por ser de neta inspiración política y constitucional cubana, se mira a conveniencia en el criterio de la constitucionalista de dicha nación, Martha Prieto Valdés, a cuyo tenor la unidad del Estado y el objetivo comunista no son conciliables con la visión occidental de la democracia y su principio de separación de los poderes; de donde resulta ilusorio cualquier diálogo democrático de fondo entre esta y la oposición, que no sea para transar sobre asuntos que no pongan en peligro la irreversibilidad de la propia revolución o le beneficien.

b) La “explosión del desorden” y el neopopulismo

La Constitución de 1999, antes que procurar categorías constitucionales renovadoras e integradoras de lo social — más allá de su exagerado nominalismo participativo — y al relajar normativamente los equilibrios y contrapesos institucionales, opta por profundizar la señalada ruptura del tejido social doméstico a fin de fortalecer el “cesarismo” revolucionario en su regreso, amamantado por la idea emergente de la “posdemocracia” (Líder-medios- pueblo). En tal sentido, el texto constitucional y la práctica oficial revolucionaria reivindican o estimulan, de modo inflacionario, la generación de “nuevos” derechos para nichos sociales particulares formados por ex-ciudadanos: indígenas, afrodescendientes, ecologistas, abortistas, sin tierra, tribus urbanas, etc., provocando la ya señalada “explosión del desorden” — sobre todo legislativo — y asegurándose, así, el dominio político utilitario sobre éstos.

El pueblo venezolano — nación cultural y social desmembrada — desde entonces adhiere mayoritariamente a la revolución mientras dispone de ingentes recursos y medios de comunicación capaces de amalgamar sus opiniones; pero se vuelve, como conjunto coyuntural, hacia la oposición — la llamada Unidad — como expresión del desencanto y la rabia, agravados por la crisis humanitaria y puestos al desnudo desde los sucesos del 18 de febrero de 2014. Esa adhesión social a uno u otro extremo de la escena política, por su naturaleza no partidaria, es fugaz e inestable, y sólo se deja atraer, como lo demuestra la experiencia, por el imán que en la coyuntura le ofrezca también posibilidades concretas de cambio sustantivo en sus realidades diversas y adversas.

El renacer del populismo en Venezuela, tiene un significado distinto del tradicional — el del Estado social redistribuidor e intervencionista de la economía — o el de la pretendida vuelta a las raíces históricas bolivarianas como factor de reconstitución social; que, por cierto, dura mientras es constante y creciente el asistencialismo oficial de factura militante. En su expresión contemporánea, como neopopulismo mediático y “posdemocrático”, deja de ser beneficioso para la revolución en el momento en el que ocurre el choque entre la unidad de sus mensajes simbólicos redentores y la realidad popular cotidiana, signada por la hambruna y la disolución de solidaridades bajo la ley de la supervivencia.

La multiplicidad espasmódica y competitiva del contenido de los mensajes de la oposición, predominantemente narcisistas, como su falta de representatividad social y de preeminencia partidista, le impide a ésta, a su vez, sostener, más allá del hecho electoral, la adhesión de un pueblo en anomia y desesperado. La experiencia parlamentaria de 2016 y parte de 2017, y los resultados del diálogo nacional son contestes al respecto. Y la falta de una narrativa coherente, compartida y realista en la Unidad opositora, capaz de reunir a las partes sociales en sus expectativas comunes y diferentes — que son extrañas al formalismo institucional democrático — la viene situando en un plano de eficacia política decreciente y casi nula. Ha quedado reducida a un ejercicio político meramente táctico e impredecible, incluso sin fuerza simbólica movilizadora, en lo inmediato.

c) La crisis económica y humanitaria, profundizadora de la anomia

La confiscación sistemática de la economía privada — industrial, comercial y bancaria — por parte del Estado, el secuestro político de la industria petrolera estatal, la expansión del morbo de la corrupción por el relajamiento de los controles y contrapesos democráticos, son las macro-causas de la dramática caída de la producción e importación de alimentos y medicinas en Venezuela, dando lugar a la crisis humanitaria severa que padecen hoy los venezolanos.

Durante 2017 la inflación acumulada alcanza a 1.369% y se proyecta hacia el 13.000 % en 2018, con una mayor contracción del PIB estimada en 10% y que puede alcanzar el 15% durante el año en curso, según el Fondo Monetario Internacional. El nuevo cono monetario que entra en vigor en 2017 hace evidente la pulverización de la moneda a niveles sin precedentes históricos: En 2008 el bolívar pierde tres ceros para dar lugar a 1 bolívar fuerte, siendo el billete de más alta denominación el de 100 bolívares, que en el mercado paralelo de divisas equivale a 0,03 US $ para el momento en que se modifica otra vez el cono monetario y dicho billete es transformado en otro de 100.000 bolívares. A la fecha, 1 US $ es equivalente a la suma de 266.630, 77 bolívares. El ingreso de un venezolano de clase media no alcanza para adquirir una quinta parte de lo que compra un colombiano del estrato más pobre con dicha cantidad, afirma Ricardo Hausmann a mediados de 2017. Ahora, se requieren 93 salarios mínimos para adquirir la canasta alimentaria familiar, estimada en 16.501.392, 78 bolívares para diciembre último.

Por lo visto, la simulación de la organización social sobrevenida que intenta forjarse con motivo de la crisis humanitaria y fiscal, con los llamados CLAP o Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y sus llamados Carnés de la Patria, no logra hacerse realidad al haberse transformado éstos en fuentes reconocidas de corrupción política, discriminación, y realización espasmódica. Y al paso, el carácter decreciente del ingreso de divisas, necesario para sostener ese modelo de asistencia y control, a pesar del incremento de los precios petroleros, no sugiere posibilidades de reversión en lo inmediato, dado el colapso de la gestión de la industria petrolera nacional (Pdvsa) y las sanciones impuestas a las operaciones financieras de ésta por los Estados Unidos.

d) El morbo social y políticamente envolvente de la corrupción y el narcotráfico

Sobre la anomia y el criterio de atracción política que se hace regla obligante en Venezuela — la dádiva estatal y la emergencia humanitaria — y es propio de contextos sin armazón institucional, tanto como propiciadores del consumo popular insaciable y del dominio utilitario sobre las personas, los factores de poder real, a saber, los morbos de la corrupción y el delito, fundamentalmente el narcotráfico, adquieren una movilidad inusitada en la circunstancia. El efecto social devastador es inmenso. Ha hecho más profunda la ruptura del entramado social, obra inicial de la crisis democrática contemporánea. Ha prostituido la idea del interés nacional e introducido como variante o agregado del criterio “utilitario” en boga — ahora con más fuerza por la carencia colectiva de alimentos y de medicinas — el de la lucha por la supervivencia personal, que a falta de Estado y sobre todo de sociedad organizada individualizan los comportamientos y mineralizan los egoísmos.

Dicha variable de la corrupción y el narcotráfico, en otro orden, compromete a la administración pública, en lo particular la vinculada al mundo militar y policial, relajando las bases mínimas de la cohesión y subordinación funcional y del sentido del servicio a la gente. Después de la muerte de Chávez y al término de su liderazgo carismático, sobreviene en Venezuela, como se aprecia de lo antes explicado, la multiplicación de los ejes personales de poder de vocación despótica, dentro del esqueleto sin carnes del Estado (Maduro-Flores, Cabello, El Aissami, los Rodríguez, Padrino, Bernal, etc.). La unidad colegiada de éstos, no obstante, por contaminada con el hecho criminal, se hace agonal, es de vida o muerte; pero a la vez puede hacerse relativa si arrecian los peligros sociales y políticos que comprometen sus estabilidades, en lo interno y en lo internacional.

La Unidad de la oposición, por ser apenas táctica y electoral, no tiene carácter agonal o existencial. Priva en ella y en sus líderes una dinámica introspectiva y partidaria formal, que se sobrepone o desconoce la realidad de la anomia y la urgencia de su solución, resolviéndola con otras motivaciones vitales, la lucha por la libertad y superar la violencia y la miseria; tanto como subestima la fuerza narco-criminal como la invasión cubana, que hacen presa del país sin que existan espacios inmunes. Y al carecer de realidad social objetiva los partidos que la componen, aquella y éstos son víctimas, son presas fáciles, dentro de la debilidad de poder real que acusan, de los chantajes y manipulaciones del poder delictivo que ha secuestrado al Estado venezolano.

DOS PREMISAS A MANERA DE PREGUNTAS

El tema de la gobernabilidad, que es esencial para la renovación democrática de Venezuela y para la asunción de la democracia como derecho humano que han de garantizar los gobiernos, ¿acaso le preocupa a quien sólo se ocupa — Chávez o Maduro — de permanecer en el poder y detentarlo como fuero personal, por encima de cualquier referente institucional integrador y libre de sujeciones a un orden social autónomo, incluido el electoral?

¿El hecho electoral se basta y es suficiente como estrategia para frenar o contener un propósito de poder personal abroquelado con estrategias varias para su conservación — donde la electoral es una mera alternativa instrumental — y sustentado por intereses propios y de aliados para quienes no cuenta la gobernabilidad democrática?

UN DESAFÍO DE SUPERAR

La legitimidad interna de todo gobierno — como lo prueba la experiencia del presidente Pérez en Venezuela — no es suficiente para sostenerse en el poder si se funda sobre una población desarticulada, huérfana de lazos sociales y afectivos. Aquél carece de estabilidad y es incapaz para la gobernación de no encontrar basamento — orgánico y social — sobre la articulación de las múltiples y distintas retículas o parcelas, léase demandas sociales, que configuren a la geografía humana que lo justifica. Otro tanto vale para la llamada legitimidad internacional, que se alcanza con la legitimidad de origen del respectivo gobernante y se pierde, como en el caso de Maduro, por destruir la puerta de entrada a la democracia: el voto universal, directo y secreto; pero la comunidad internacional, de hecho y según lo revela su práctica, se moviliza y sus medidas de tutela democrática alcanzan ser efectivas sólo en proporción al respaldo social interno y sobre todo eficaz que alcance el gobernante en ejercicio.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

a) Conclusiones

Venezuela — sus poderes públicos y el pueblo — ha de adquirir con urgencia y preferencia, cualidad de gobernable. Siendo la salida o caída del régimen colegiado de Maduro, apenas el primer paso. Es una premisa-condición del mero hecho electoral o de adquisición de legitimidad originaria, para que alguna entidad o personalidad pueda o intente ejercer dentro de ella, luego, su arte de gobernar y favorezca su desarrollo institucional, político, económico y social, democráticamente, en condiciones de estabilidad, con vistas a un nuevo proyecto generacional y dentro de cauces constitucionales adecuados al siglo de las comunicaciones en curso.

Bajo el narco-Estado colegiado cubano que representan Maduro y sus socios de causa, rigiendo la “explosión del desorden”, sólo adquieren eficacia en la lucha contra el mismo la acumulación de poderes reales o fácticos que cabe construirlos de modo estable, por la oposición, en medio de la anomia dominante y en un propósito que exige de una activa cooperación internacional; para no decir que habría de sujetarse la propia oposición — bajo el señalado contexto — a la guía o acompañamiento de un Comité Internacional de Reconstrucción que doblegue al narco-régimen y sus tentáculos, pues son susceptibles de sobrepasar éstos al cambio de aquél.

La controversia “institucional” nacida de la elección del 6D y que otorga la mayoría calificada dentro de la Asamblea Nacional a la oposición, es ajena o accidental a la realidad invertebrada del país. De allí que la dinámica institucional, por esto y por lo anterior, se encuentre neutralizada (TSJ/AC-Dictatorial vs. Asamblea Nacional) y carezca de efectos políticos socialmente movilizadores, tanto como debilita aún más a quien no detenta el poder real del Estado, a saber, a la oposición formal (MUD/Asamblea).

La simulación democrática que se sostuvo mientras la revolución contaba con apoyo popular, al haber llegado a su final con el engendro constituyente hace inocua la dialéctica, el debate o el diálogo respecto del comportamiento inconstitucional de la misma revolución o para arbitrar fórmulas de cohabitación entre modelos que objetivamente se excluyen: Narco-dictadura vs. democracia civil. Si fuere el caso, que no lo es, aquella se justificaría, hacia afuera recurriendo a la argumentación ideológica constitucional cubana ya señalada y tolerada hasta ayer — pero no más desde ayer — por actores externos importantes: USA, el Vaticano, la ONU, Colombia; o afirmando que sólo ella posee el poder factual que garantiza la paz de la república y a la oposición le cabría, por ende, lo absurdo, negociar el reconocimiento de esa prioridad fatal, aceptando la permanencia en el gobierno de Maduro y sus cómplices.

b) Recomendaciones

La reconfiguración de la lucha opositora en Venezuela y su eficacia, como poder real oponible, dependerá de la representatividad que sus pretendidos conductores les den a las piezas disueltas de la realidad social venezolana. Pero sólo podrán moverlas en una misma dirección o sobre un mismo tablero a través de acciones de resistencia, mensajes coherentes e interpretativos de la misma realidad invertebrada de la nación y de sus urgencias actuales, con fuerza simbólica suficiente; es decir, mensajes que han de ser despersonalizados [ajenos al narcisismo en boga y dominante], congruentes con las expectativas mínimas comunes de esos ex ciudadanos desarraigados y víctimas del hambre, como de los distintos nichos sociales que componen el mapa disuelto de la nación y sobre todo, como mensajes, han de ser racionales, veraces y confiables en cuanto a la probabilidad de los logros que se planteen alcanzar.

En lo interno, los actuales partidos políticos — en especial los nacidos en el siglo que va en curso y sean sus expresiones auténticas — a pesar de las ilegalizaciones que sufren han de comprender el anterior mapa de la realidad. Han de hacerse, al efecto, de un liderazgo verdaderamente representativo, alternativo, renovado, si acaso aspiran a permanecer como actores en el futuro y trasvasar desde el plano meramente electoral hacia otro que les otorgue una capacidad de liderazgo político popular efectivo y capaz de ser opuesto a las cabezas del narco-Estado revolucionario y ayudar en las tareas del cambio.

La dinámica de la Asamblea Nacional ha de pasar, si acaso ya no es tarde para el momento, desde el plano formal, como órgano de legislación y control y de diálogo institucional con el gobierno, hacia otro, en el que actúe como caja de resonancia de la nueva dinámica política que emerja de la recomposición de la oposición democrática y la generación de un mecanismo de vertebración transitoria del conjunto del rompecabezas de lo venezolano; asumiendo como eje de lucha preferente el de la liberación del coloniaje cubano y de sus organizaciones narco-criminales asociadas.

En lo internacional, ha de hacerse comprender a la comunidad de los Estados y a las empresas trasnacionales que tienen interés en Venezuela, la verdadera naturaleza del narco- gobierno colegiado imperante, la condición de víctima secuestrada de todo su pueblo, incluidos los dirigentes opositores, y los altos riesgos que significa — para la seguridad global y regional — la permanencia de aquél en el poder o la de quienes mantienen una colusión utilitaria con éste, incluida la política. De donde, cualquier fórmula de negociación o diálogo mal puede apuntar hacia la cohabitación, antes bien sólo a facilitar el desalojo del poder por parte del grupo narco-criminal que lo detenta y el desalojo del territorio nacional por los “cooperadores” cubanos y sus dirigentes.

Dos narrativas complementarias han de guiar la acción opositora, como expectativas de base o mínimas que han de ser compartidas por el rompecabezas nacional, a fin de lograr su ensamblaje. Una de corto plazo, consistente en la movilización y protesta social sostenida, con un objetivo preciso, a saber, superar la crisis humanitaria mediante la separación política de sus responsables y la denuncia de sus responsables cubanos. Sólo mediante la prioridad de ese logro, el conjunto aceptará como razonable la lucha por la libertad de los presos políticos, empañada hoy, primero, por el desacertado mecanismo de diálogo de la UNASUR citado e iniciado en República Dominicana y, sucesivamente, por la falacia en que termina la consulta popular opositora del 16 de julio último. Otra, de corto y mediano plazo, es la reconstitución o la constitución ex novo de la cosa pública en Venezuela y del entramado social que habrá de ofrecerle su soporte.

El ensamblaje del rompecabezas nacional mediante la comprensión y reconocimiento constitucional de la novedosa realidad invertebrada que es Venezuela y de la fuerza propia de sus nichos plurales, exigirá que un grupo interdisciplinario imagine y formule otras categorías constitucionales que luego sean el objeto de un proceso constituyente auténtico, ordinario o ad hoc, cabalmente democrático. El sostenimiento de la invertebración supone atomización, heteronomía, supervivencia, en fin, conflicto como constante de la realidad social y política. Tales fueron, en efecto y miradas desde lo internacional, las variables que dieran lugar a las grandes guerras del siglo XX.

La vertebración, en un primer estadio y en su defecto, reclama para alcanzarse de cooperación, interdependencia, decisiones autónomas, valores compartidos, elementos que, observados desde la experiencia internacional pero susceptibles de ser extrapolados a lo constitucional e interno, alcanzan a dar perfil al modelo ético político de la ONU, a partir de 1945 y sobre la tragedia del Holocausto.

La llegada del siglo XXI, en lo interno y en lo internacional, habrán de suponer, quizás, más que cooperación sentido de solidaridad; más que autonomía o consensos democráticos formales, diálogo democrático como sistema de vida y a la luz de valores superiores compartidos universalmente, que sean patrimonio del país y de la humanidad: la paz; la participación social y ciudadana; la confianza como fundamento de la asociación; la justicia social internacional y la solidaridad; el derecho humano a la democracia, que es derecho a los derechos y todos los derechos para todos, por ser universales; la libertad de intercambios humanos y económicos; el acceso universal a la información y a la informática, y el derecho a la seguridad digital; la ética científica y tecnológica y el derecho universal a sus beneficios; la cooperación entre las culturas; el derecho a la identidad nacional y cultural; en fin, los derechos de las generaciones futuras. Es este el verdadero desafío de la política contemporánea y de políticos que no se conformen con las medianías, que aspiren a superar la barbarie y regresar sobre los caminos de la civilización democrática.

“La historia no es causalidad. Cuando alguien pregunte ¿qué va a pasar en Venezuela? cabe responderle que pasará algo si algo se hace y se mueve en el presente. No es hora para la brujería”.


Asdrúbal Aguiar | @asdrubalaguiar
Fuente: vertice.news