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Informe Otálvora: Gobiernos debaten acciones ante crisis venezolana

Informe Otálvora: Gobiernos debaten acciones ante crisis venezolana
El presidente Michel Temer reunido con ministros de Brasil y Colombia en el Palacio de Planalto en Brasilia el 21FEB18. Foto: Presidencia Brasil


La Organización de Estados Americanos retomó el análisis de la situación venezolana, asunto que venía siendo considerado por diversos gobiernos de la región y que fue expresamente enunciado por los representantes de Brasil y México

El 17FEB18 en la ciudad de Boa Vista, capital del estado amazónico brasileño de Roraima y en Bogotá, la capital de Colombia, tuvieron lugar dos operaciones sanitarias análogas organizadas por los respectivos gobiernos. Con una distancia de 1.500 kilómetros, los gobiernos de Brasil y Colombia instalaron centros de vacunación contra el sarampión dirigidos exclusivamente a migrantes venezolanos. 

El sarampión ha reaparecido en Venezuela y los migrantes que diariamente ingresan a los países vecinos pueden convertirse en el vector de ingreso de esa y otras enfermedades. Los dos eventos simultáneos, realizados sin coordinación previa, reflejan lo que la crisis venezolana comienza a representar para el continente.

En su intervención del 15FEB18 ante el Comité de “Servicios Armados” del Senado de EEUU, el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, se refirió a la crisis “política, económica y humanitaria” que vive Venezuela resaltando el número de venezolanos que han ingresado a los países vecinos y lo señaló como una potencial fuente de “tensiones regionales”. 

Tidd caracterizó a Venezuela como un ambiente “permisivo con el narco-terrorismo” que además incrementa el espacio a Rusia, China y Cuba. Venezuela se ha convertido en un problema de seguridad regional ya no sólo desde el punto de vista de los militares estadounidenses sino para otros gobiernos de la región y para diversos centros de análisis político globales.

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El Gobierno de Juan Manuel Santos envió a Brasil una delegación de alto nivel para intercambiar opiniones sobre el impacto de la crisis venezolana. La misión colombiana que arribó a Brasilia el 21FEB18 estuvo integrada por la canciller María Angela Holguín y el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Los enviados colombianos celebraron una primera reunión con el canciller brasileño Aloysio Nunes y funcionarios de Itamaraty. 

Luego se produjo una reunión de trabajo ampliada a la cual se sumaron los ministros brasileños de Defensa Raul Jugmann y de Justicia Torquato Jardim, así como el ministro jefe del Gabinete de Seguridad general Sergio Etchegoyen y el ministro jefe de la Casa Civil (Presidencia de la República) Eliseu Padilha. Durante este encuentro, los ministros brasileños mostraron sus planes para atender la ola de migrantes venezolanos. 

Luego, los ministros de ambos países se trasladaron al presidencial Palacio de Planalto donde fueron recibidos por el presidente Michel Temer para continuar las conversaciones sobre el “tema Venezuela”.

 Los ministros Villegas y Jugmann suscribieron un memorando para ampliar el apoyo brasileño en las tareas de desminado en Colombia, pero el tema sustantivo fue definir políticas comunes para hacer frente a la imparable cantidad de venezolanos que cruzan las fronteras en condiciones de mendicidad.

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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 17FEB18, la Organización de Estados Americanos retomó el análisis de la situación venezolana, asunto que venía siendo considerado por diversos gobiernos de la región y que fue expresamente enunciado por los representantes de Brasil y México en la sesión del 14FEB18. El jueves 22FEB18 un grupo de gobiernos formado por Argentina, Brasil, EEUU, México, Panamá y Santa Lucia solicitaron al representante chileno Juan Aníbal Barría, quien actualmente ejerce como presidente del Consejo Permanente de la OEA, convocar a una reunión extraordinaria que debería celebrarse en menos de 24 horas. 

El grupo solicitante, al cual se sumó Chile, indició que la reunión tendría por objeto “considerar el proyecto de resolución sobre los últimos acontecimientos en Venezuela”. El documento presentado a consideración reflejaba la posición asumida una semana antes por el Grupo de Lima que en su reunión del 13FEB18 había rechazado la decisión del Gobierno venezolano de convocar “unilateralmente” a elecciones presidenciales en el mes de abril lo que “imposibilita la realización de elecciones presidenciales democráticas, transparentes y creíbles, con la participación de todos los actores políticos venezolanos, con observación y estándares internacionales, y reiteran que unas elecciones que no cumplan con esas condiciones carecerán de toda legitimidad y credibilidad”. 

La declaración sometida a consideración en la OEA reprodujo en su parte resolutoria la declaración del Grupo de Lima: “Exhortar al Gobierno de Venezuela a que reconsidere la convocatoria de las elecciones presidenciales”. La resolución de la OEA reclama y enumera “todas las garantías necesarias para un proceso [electoral] libre”. Además, la resolución “solicita” al Gobierno Maduro que “implemente las medidas necesarias para evitar el agravamiento de la situación humanitaria, incluida la aceptación de la asistencia ofrecida por la comunidad internacional”.

El Gobierno Maduro, que aún participa en las reuniones de la OEA pese a su decisión de abandonar el organismo, intentó con respaldo de la representación de Bolivia impedir la realización de la reunión del 23FEB18, alegando razones reglamentarias. La cancillería chavista movilizó hasta Washington a su representante ante la ONU, Samuel Moncada, para que presidiera su delegación en la OEA durante la sesión, aunque las principales intervenciones y la táctica obstruccionista fue dejada en manos del embajador boliviano Diego Pary. 

La presidencia del Consejo optó por realizar una poco usual votación nominal para aprobar el orden del día cuyo punto único era considerar la declaración. Sólo Nicaragua, Bolivia, Surinam, Dominica y San Vicente y las Granadinas acompañaron al representante del Gobierno Maduro en su maniobra para impedir que fuera votada una resolución sobre Venezuela.

Finalmente el texto de la resolución fue aprobado por 19 votos a favor contra cinco votos en contra. En la aprobación de la resolución se sumaron los votos de los países que participan en las reuniones del Grupo de Lima (Santa Lucía, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Jamaica, México, Paraguay y Perú) más EEUU, Uruguay, Bahamas y Barbados. 

El voto positivo de Uruguay y la posterior intervención de su representante Hugo Cayrus Maurin evidenciaron la distancia que hoy en día separa al régimen de Maduro del Gobierno del izquierdista Tabaré Vázquez, antiguo aliado del chavismo. “No entendemos por qué en Venezuela se llama a elecciones adelantadas”, dijo Cayrus. 

Un total de ocho gobiernos se abstuvieron en la votación, incluyendo a Ecuador, El Salvador y República Dominicana, antiguos incondicionales del chavismo en las votaciones de la OEA. 

Maduro sólo contó con el respaldo de Bolivia y Nicaragua durante el debate y apenas sumó los votos de Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Dominica y Surinam. Pese a la gira que el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, realiza por países con gobiernos “amigos”, los respaldos internacionales al régimen chavista comienzan a ser notablemente menores. Probablemente a esto se refería el vocero chavista, embajador Roy Chaderton, quien el 09FEB18 aseguró que “no estamos aislados pero estamos cercados”.

Por cierto, el texto de la resolución de la OEA contiene poco más de 2.000 caracteres. El representante de Maduro, Samuel Moncada, exigió que se incluyera su discurso de cinco páginas (¡10.000 caracteres!) como “pie de página” de la resolución.

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La aprobación de la resolución sirvió para que la OEA retomara el “tema Venezuela” del cual, salvo las intensas gestiones del secretario general, Luis Almagro, se había desatendido el Consejo Permanente desde mediados de 2017. Los gobiernos más activos sobre el “tema Venezuela” se mantienen congregados en el Grupo de Lima pero ahora optaron por retomarlo en la OEA para dar peso institucional a sus posiciones ante el Gobierno Maduro. 

El objetivo, según fuentes consultadas en varias cancillerías de la región, no es suspender a Maduro de la OEA dado que en la práctica Venezuela dejaría de ser miembro de la organización el 28ABR19. El propósito es “cobijar” con la Carta Democrática Interamericana acciones de presión diplomática sobre el Gobierno Maduro.

 El Grupo de Lima indicó que las elecciones del 22ABR18 en Venezuela “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”, en tanto algunos gobiernos, como Colombia, Argentina, EEUU y Canadá, ya han señalado que no reconocerán los resultados de esas elecciones abriéndose la posibilidad de escenarios de alto conflicto en el continente.

EDGAR C. OTÁLVORA-Diario Las Americas