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Especial ND: Informe de la ONU sobre Derechos Humanos deja al Gobierno en evidencia


Especial ND: Informe de la ONU sobre Derechos Humanos deja al Gobierno en evidencia




El Estado quedó en evidencia una vez más con el reciente informe sobre derechos humanos emitido por la Organización de las Naciones Unidas. Representantes de ONG consideran que los efectos del mencionado reporte no pueden ser desestimados por las autoridades.

Advierten que sí el Gobierno quiere desmentir al organismo debe comenzar por investigar de forma independiente a quienes han sido señalados como autores de torturas, tratos crueles e inhumanos.

“Para contrariar el reciente registro, el Estado debe investigar y sancionar a los culpables y evidenciar que la violación de derechos humanos no es una política de Estado. Su inacción ha sido llamativa frente a hechos de tortura y ejecuciones extrajudiciales con una situación de impunidad para las víctimas”, afirmó la directora de Cofavic, Liliana Ortega.

Agregó que el informe de la ONU se hace eco, al igual que otras instancias internacionales, de la impunidad que se ha institucionalizado en Venezuela. Ortega puntualizó que la omisión del Estado también se ha puesto al descubierto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la OEA, entre otras instancias, reflejando que “la voluntad del Estado ha sido la de no investigar”.

derechos humanos
Las torturas en El Helicoide, narradas por Villca Fernández, deben ser investigadas de oficio, señalan expertos

La directora de Cofavic destacó la rigurosidad del reporte de Naciones Unidas al hacer seguimiento a los parámetros violatorios de la jurisdicción internacional y que constituyen delitos, en los que fueron incluidas las detenciones arbitrarias a civiles y militares y la existencia de presos políticos, cuya lista se ha acrecentado en los últimos años en el país.

“El alto comisionado de las Naciones Unidas tiene un enorme crédito internacional. De allí que también sea muy significativa la recomendación a la Corte Penal Internacional de que conozca de estos hechos”, dijo.

Llamado de la CPI

“Dado que el Estado parece no tener la capacidad ni la voluntad de enjuiciar a los responsables de las graves violaciones de los derechos humanos, existen sólidas razones para considerar una mayor implicación de la Corte Penal Internacional en esta materia”, señaló el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein en un comunicado.

Pese a las afirmaciones de Zeid, el director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, considera que el llamado de la ONU a la Corte Penal Internacional ha sido tímido. “Aunque es importante el señalamiento, al referirse a la Corte Penal, el Comisionado de Naciones Unidos emplea un lenguaje muy vago y no se dirige a la Fiscal de la Corte que es la que inicia las investigaciones”, argumentó.

El abogado también señala la impunidad manifiesta en el país, y consideró como algo inédito el hecho de que diversos organismos internacionales han alertado sobre la violación de los derechos humanos en Venezuela y los elementos que configuran la existencia de un Estado represor.

Añadió que el informe de Naciones Unidas complementa el Informe de Panel de Expertos sobre Crímenes de Lesa Humanidad, quienes ya se habían pronunciado sobre la fragilidad de los derechos en el país.

“Debido a que el Gobierno no ha otorgado a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU el acceso al país y dada la gravedad de violaciones, el Alto Comisionado ha recomendado al Consejo de Derechos Humanos que se establezca una comisión de investigación sobre la situación en Venezuela. Se requiere de la investigación in situ”, afirmó Daniels.

En Acceso a la Justicia remarcan que las investigaciones ante la Corte Penal Internacional deben apuntar a la responsabilidad del Estado, pero en la persona de funcionarios y responsables concretos.

“Una de las cosas más alarmantes es que la represión del Estado ha continuado así no sea en el contexto de las protestas ocurridas en 2017 en las que hubo múltiples violaciones de derechos humanos. En 2018 sigue el patrón”, señaló Laura Louza, también directora de Acceso a la Justicia.

Añadió que la ONU ratificó la violación de los derechos civiles, políticos y económicos, así como del derecho a la salud y a la alimentación. La actividad destacó que estas situaciones apuntan hacia la comisión de delitos de lesa humanidad.

“Hay familias que se ven obligadas a buscar comida en los contenedores de basura. La situación de derechos humanos de la población de Venezuela es sombría”, denunció Naciones Unidas.

La cámara del tiempo

Louza dijo que pese a la situación de vulnerabilidad y las condiciones inhumanas que se han documentado en las cárceles del país, y en los casos de los presos políticos, no se conocían denuncias como las realizadas por Villca Fernández.

Desterrado en Perú, el dirigente de la ULA aseguró que en la sede del Sebin, en El Helicoide, vivió el nivel máximo de la tortura: “Cuando te meten en ‘la cámara del tiempo’, que es un cuarto cerrado, sin aire ni luz, donde las paredes sudan y te dejan ahí hasta seis meses, entiendes que estás en el infierno”.

La directora de Cofavic, Liliana Ortega, insistió en que el Estado debe asumir su rol y, en el caso de las denuncias de Fernández, abrir una investigación. “Esta investigación no requiere que la parte afectada impulse el proceso, puede hacerse de oficio. Debe constatarse si son ciertos estos hechos configurarían delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”, explicó.

Sofía Nederr 
Fuente: Noticierodigital.com