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Medicamentos en manos de redes ilícitas


Medicamentos en manos de redes ilícitas




Un negocio al margen de la ley, que comercializa fármacos falsificados o que se venden en condiciones que no garantizan su seguridad o eficacia, ha encontrado un caldo de cultivo en la crisis venezolana, advierten representantes gremiales y de organizaciones no gubernamentales


Las protestas de médicos y del personal de salud exigiendo la dotación de los hospitales y ambulatorios se han hecho cada vez más frecuentes, en la medida en que la crisis empeora

En lo que va de año el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel ha emitido seis alertas contra medicamentos ilegales o imitaciones, entre ellos dos esteroides, un antiparasitario, un anestésico, un relajante muscular y una vacuna contra la varicela. Los especialistas previenen que los pacientes afrontan riesgos que pueden ir desde  empeoramiento de las condiciones de salud hasta intoxicaciones graves, y que sin una solución del déficit de producción de la industria no habrá  respuesta definitiva al problema


En los alrededores de la redoma de Petare pueden encontrarse productos que están desaparecidos en buena parte de la ciudad. Es posible comprar harina de maíz, azúcar, margarina y decenas de artículos por los que los venezolanos hacen largas colas en otros sectores, siempre que se esté dispuesto a pagar el monto que los vendedores piden por el producto, que puede ser dos o tres veces más que en otras partes.

Algunos medicamentos también forman parte de ese inventario, aunque se ofrecen de manera clandestina. Yelibeth, una joven embarazada, se acerca a los transeúntes con la promesa de conseguir productos regulados y, también, si es necesario, medicinas. Ofrece, por ejemplo, Losartán, que se prescribe para el tratamiento de la hipertensión. “No se consigue fácilmente”, explica, “pero nos lo dan a quienes estamos anotados en los CDI”.

En un entorno en el que la escasez de medicamentos para tratar enfermedades comunes como la hipertensión puede rondar entre 80% y 90%, de acuerdo con el más reciente sondeo de la organización no gubernamental Convite, correspondiente a mayo, formas de comercio irregular como esa encuentran un campo propicio para multiplicarse. Luis Francisco Cabezas, director general de la ONG, señala que el monitoreo sobre la falta de medicinas que llevan adelante en cuatro ciudades del país les ha permitido detectar algunos patrones de ilegalidad en el expendio de fármacos. “Se venden medicamentos sin ningún tipo de certificación en Internet, en las calles o, incluso, en establecimientos grandes. También puedes encontrar que se ofrecen fármacos que están vencidos o al detal, en blíster, algo que no se acostumbraba en Venezuela, en presentaciones con las que no se puede garantizar su seguridad o su efectividad”, advierte.

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, suma su voz al alerta sobre la facilidad que la realidad venezolana ofrece para todo tipo de irregularidades relacionadas con la venta y distribución de medicamentos, entre ellas la falsificación, el hurto y la estafa. “Tenemos el mejor caldo de cultivo para los ilícitos farmacéuticos”, señala. “No se consiguen en farmacias ni en hospitales fármacos de alto costo para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, ni para problemas comunes como la hipertensión, pero encuentras a gente que te ofrece este tipo de medicinas por canales informales, sin registro sanitario, y no se sabe de dónde las obtiene. Los pacientes, en su desesperación, los adquieren sin sopesar los riesgos”.

Eso incluye el “bachaqueo” o la venta de medicamentos a cargo de buhoneros o en pequeños puestos en mercados, en sitios no autorizados para expenderlos, que no pueden garantizar que se conserven en condiciones adecuadas y ni siquiera su autenticidad.

Medicamentos en manos de redes ilícitas


Crimen organizado

Ceballos recuerda que el problema de los ilícitos farmacéuticos no es exclusivo de Venezuela. “De hecho, se sabe que 10% del mercado mundial de medicamentos son ilícitos. Después del narcotráfico, es el segundo mejor negocio del crimen organizado”, señala. El alcance de este tipo de negocio irregular es tan grande, que un estudio de la Interpol encontró que sus ganancias podían ser equivalentes a un tercio de las obtenidas por la industria farmacéutica en un país suramericano entre 2008 y 2012. “Las ventas del mercado legal de medicinas se calcularon en 100 millones de dólares, mientras que las ilícitas alcanzaron un total de 30 millones de dólares”, puntualiza el reporte.

En la página web del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel, ente regulatorio adscrito al Ministerio de Salud, están publicadas seis alertas de medicamentos ilícitos que han sido detectados en el país en lo que va de año. Tres de ellos corresponden a medicamentos que no presentan registro sanitario. El primero, identificado con el nombre comercial de Albermer, aseguraba que contenía albendazol, un antiparasitario, pero el análisis demostró que no contaba con ese principio activo. Otros dos productos contra los cuales se hizo una advertencia, Decadurabolin y Primobolan, se presentan como esteroides, pero, de acuerdo con el informe, no se encontró registro del “laboratorio titular de comercialización, ni farmacéutico patrocinante que sea responsable de importar, fabricar o distribuir ningún lote del producto”.

En la lista figuran otros tres productos que fueron clasificados como falsificados. La caja de presentación e instrucciones imitaban el medicamento real de forma casi perfecta, aunque bajo un análisis detallado se detectaron inconsistencias. Uno de ellos se presentaba como bromuro de Vecuronio, un relajante muscular; y otro como Spiva, un anestésico. Algunos de los datos que no concuerdan con los productos originales son, por ejemplo, la fecha de vencimiento. En el caso del primero la validez es de tres años, y el que se clasificó como falso ofrece una duración de hasta ocho años. En cuanto al anestésico, no hay coincidencia en el nombre de la casa comercial autorizada para distribuirlo en el país y la que aparece en el empaque de imitación. “El desconocimiento del origen, almacenamiento y distribución de este producto impide garantizar su calidad, seguridad y eficacia. Por tanto, no está autorizada su comercialización en territorio venezolano y no se recomienda su uso”, explica el informe.

Otra posible falsificación detectada fue la de la vacuna contra la varicela bajo la marca Varilrix. “Los resultados obtenidos en la inspección visual difieren de las condiciones de aprobación sanitarias asignadas por el Instituto Nacional Higiene para la importación y comercialización del medicamento original”, indican. Adicionalmente, el organismo advierte que el laboratorio que produce la vacuna, GlaxoSmithKline Venezuela, “ha notificado que no ha importado o distribuido ningún lote desde diciembre de 2013 y no comercializa sus productos por medio de mecanismos que estén al margen de normas y leyes, como las redes sociales”.

El farmacéutico venezolano Juan Carlos Rondón, especialista en asuntos regulatorios de medicamentos, señala que precisamente una de las condiciones que ha favorecido el aumento del fenómeno de los ilícitos en el área de medicamentos tiene que ver con el progresivo cese de actividades de la industria. “La solución a la crisis de medicamentos en Venezuela sería que se estabilizara la producción de medicinas, pero eso luce difícil a corto plazo: muchos laboratorios se han ido o están trabajando en este momento a una escala muy reducida”.

Cifras de la Cámara de la Industria Farmacéutica indican que la asignación de divisas para ese sector, que importa, según sus datos, 98% de la materia prima, mermó progresivamente en los últimos años: mientras en 2015 les asignaron 242 millones de dólares, en 2016 recibieron 79,3 millones y en 2017 apenas 5 millones de dólares.



Riesgos para la salud

Un medicamento falsificado o que se comercializa fuera de los canales regulares supone un enorme riesgo para la salud que muchas veces el consumidor desconoce, afirma Rondón. “Estamos hablando de mafias internacionales que tienen recursos para imitar a la perfección los empaques originales y que están informadas de la situación de Venezuela, que se hace muy atractiva para estos negocios ilegales”, advierte. En lugar del principio activo que se necesita para tratar una condición de salud, “el paciente puede estar consumiendo, por ejemplo, azúcar, pero también otras cosas como cal o arena”.

Un análisis escrito por Rondón señala que, aun conteniendo la sustancia indicada en un tratamiento, un medicamento ilícito puede ser igualmente dañino por sobredosificado o por contener menos cantidad de la que se necesita para controlar una enfermedad. También podría causar intoxicaciones graves y hasta la muerte porque puede estar alterado o contener sustancias peligrosas.

Vender un medicamento inefectivo para tratar una condición de salud es un cruel engaño, manifiesta Ceballos. “Imagina una persona que adquiere una medicina con la esperanza de controlar un padecimiento grave, y al final empeora porque no está tomando el tratamiento como cree. Quienes cometen este tipo de delitos son gente sin escrúpulos”.

Cabezas alerta que hay riesgo de encontrar ilícitos incluso en establecimientos formales, pero Ceballos asegura que desde la federación exigen a sus afiliados un estricto control sobre lo que se comercia en las farmacias y hacen llamados para que denuncien cualquier irregularidad. “Solo debe venderse aquello que proviene directamente de las droguerías”, señala.

La Ley de Ejercicio de la Farmacia y la Ley de Medicamentos contienen disposiciones que castigan las ventas ilegales. El artículo 78 de la última legislación establece penas de entre 6 meses y 3 años y multas equivalentes a 360 unidades tributarias para quienes alteren la cantidad, dosis o composición de un medicamento o a quienes lo falsifiquen. Señala además que en caso de que se ocasione daño a un tercero, se aplicarán también sanciones establecidas en el Código Penal.

Sin embargo, en los últimos tiempos es el propio gobierno el que se ha saltado regulaciones estipuladas en las normas, coinciden Cabezas y Ceballos. En abril pasado Fefarven denunció que las 8,5 toneladas de medicamentos e insumos médicos donados por Rusia para atender áreas como emergencia, obstetricia y cirugía, así como consulta general en 10 hospitales de 8 estados, se distribuyeron sin que sus rótulos hubieran sido traducidos al español, como ordena el artículo 22 de la Ley de Medicamentos. “A las farmacias llegaban personas preguntando cuáles eran los usos que se podían dar a esos productos”, relata Ceballos. “Estas medicinas deberían contar con un registro sanitario y una garantía que provenga del Instituto Nacional de Higiene”.

En condiciones de emergencia humanitaria, en las que, según admite la propia Fefarven, falta todo tipo de fármacos, puede ser tentador saltarse las regulaciones. “Nosotros queremos insistir en que las cosas deben hacerse bien. Incluso que debe elaborarse una lista de los medicamentos que se necesitan, y no aceptar donativos de forma indiscriminada. Es mejor hacer esto que luego tener que incinerar lo que no puede utilizarse”.

El drama de los estantes vacíos

Las protestas de pacientes y de personal de salud exigiendo dotación de fármacos y materiales medicoquirúrgicos estremecieron esta semana a los venezolanos. La concentración de afectados por la falta de medicamentos que se escenificó el 5 de junio a las puertas del Ministerio de Salud trajo escenas dramáticas, como el momento en que Elizabeth Salazar, afectada por cáncer de mama, descubrió su pecho en el que se ven las señales del avance de la enfermedad para la que no ha recibido tratamiento.

Las últimas cifras de la ONG Convite, correspondientes al sondeo de mayo, muestran que la aguda ausencia de medicinas persiste en cinco de las principales ciudades del país: Caracas, Barquisimeto, Mérida, Maracaibo y Porlamar. La escasez es de 83,7% en fármacos contra la diabetes, de 77% para la hipertensión, de 92,6% para las infecciones respiratorias agudas y de 88% para diarreas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social señaló que de 927 protestas que ocurrieron hasta abril de 2018, 156 fueron por el derecho a la salud.

Freddy Ceballos, presidente de la Federación Farmacéutica de Venezuela, señala que el gobierno está obligado a dar una respuesta. “Prácticamente no hay fármacos para atender ninguna condición, ¿adónde vamos a llegar?”.



MARIELBA NÚÑEZMNUNEZ@EL-NACIONAL.COM
Fuente: El-nacional.com