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El grito desoído del legítimo Tribunal Supremo de Venezuela

El grito desoído del legítimo Tribunal Supremo de Venezuela
   


Solo un grupo de diputados, se ha plegado a las decisiones del legítimo Tribunal; pero son voces aisladas, que no encuentran eco entre sus compañeros. (Asamblea)

 Quienes piden que los diputados acaten al polémico Tribunal, no encuentran eco en sus gritos

Por la persecución de la dictadura de Nicolás Maduro, los legítimos magistrados, nombrados bajo presión por la Asamblea Nacional «opositora» a mitad del año pasado, tuvieron que huir de Venezuela. Se dispersaron y asilaron en diferentes países; pero al final, tanto la Organización de Estados Americanos como el Gobierno de Colombia le han prestado sus espacios para que ejerzan legítimamente sus funciones de máxima corte del país regido por el chavismo.

Desde el exilio han llevado a cabo importantes, aunque algo simbólicas, ofensivas: declarar a la ilegal Constituyente, ilegal; llevar a cabo investigaciones contra funcionarios de la dictadura; exigir al dictador, Maduro, probar que nació en Venezuela y no en Colombia, como algunos denuncian; ejecutar, también contra Maduro, investigaciones por casos de corrupción de Odebrecht; en consecuencia, iniciar proceso para enjuiciar al tirano y, luego, admitir el juicio.

Al acordar esto último, el antejuicio de mérito impulsado por la legítima fiscal Luisa Ortega Díaz, el Tribunal Supremo de Justicia también concluyó, apegado a la Constitución de 1999, que alguien debe sustituir al dictador en la presidencia. De esto se debe hacer cargo la Asamblea Nacional, la misma institución que nombró a los magistrados y, por lo tanto, debería de reconocer cada una de sus decisiones.

Maduro ya no es presidente y el Tribunal Supremo de Justicia no es simbólico. Desde el mismo Congreso, los diputados aprobaron el juicio timoneado por la máxima corte en el exilio. No obstante, aún no se han atrevido a dar el siguiente, y lógico, paso. No hay quien se atreva a llenar el vacío que queda, provocado por el juicio contra el dictador.
Desde entonces, la fiscal general de Venezuela, dirigentes políticos, opinadores, líderes de opinión y periodistas exigen a la Asamblea Nacional que cumpla con su deber.

Representantes de la denominada Fracción 16 de julio, en la Asamblea, se han terminado convirtiendo en voces solitarias dentro de un contexto que los desoye. Ayer, 10 de julio, el diputado del partido Vente Venezuela, Juan Pablo García, recordó que “Nicolás Maduro no es presidente ni comandante en jefe de la Fuerza Armada”, por lo que “la Asamblea Nacional tiene la obligación de acatar la destitución y llenar el vacío constitucional del cargo de presidente de la República”.

“En virtud de la falta absoluta que rodea la presidencia de la República y la renuncia tácita, en que incurrió el presidente ejecutivo, adoptar por un cargo debidamente asignad. Es un deber que tenemos. Un deber que tiene la Asamblea Nacional”, dijo García.


OrlandoAvendano-ESPanamPost