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¿Un problema de ingeniería constitucional?


¿Un problema de ingeniería constitucional?




El ingenio humano ha servido para resolver problemas que, por distintos embrollos, fueron acumulándose afectando condiciones necesarias que motivaran la conciencia histórica y la dinámica propia del desarrollo de los pueblos. Es así, como tan capitales propuestas, envueltas por técnicas de ingeniería, dieron solución a dificultades que tenían atrapado procesos que alcanzaron a traspasar limitaciones básicas. Y cuyos efectos, dieron lugar escasamente a que pudieran trascenderse de niveles inferiores a otros. Aunque de poca alzada y débil desempeño.

Quizás, fue la primera revolución industrial la que marcó el impulso inicial que determinó el despegue primario que permitió salir del atraso que hasta entonces tenía al mundo sujeto a formas rudimentarias de avanzar con segura decisión. No solo se configuraron cambios que indujeron desarrollos que conmocionaron procesos de operación y concreción que implicaron la aparición de nuevas tecnologías. Y que más tarde, cambiaron el modelaje sobre el cual se apoyaba el hombre en su propósito de mejorar su calidad de vida.

Al mismo tiempo, se infundieron nuevas teorías que incidieron en el modo con el cual se había ordenado la movilidad del hombre en casi todos sus ámbitos de vida.No sólo se vieron cambios sociales, religiosos, culturales, tecnológicos, científicos, administrativos, educativos y económicos. Igualmente, avivaron nuevas prácticas que comenzaron a perfilar esquemas de ordenamiento jurídico que se tradujeron en pactos sociales que devinieron en pautas políticas dirigidas a exhortar libertades, derechos humanos y condiciones para el crecimiento, el progreso y el desarrollo colectivo.

De esa forma, se aplicaron postulados de ingeniería social que validaron nuevos conceptos y metodologías a partir de los cuales se erigió una nueva ingeniería: la constitucional.

De esa forma, se aplicaron postulados de ingeniería social que validaron nuevos conceptos y metodologías a partir de los cuales se erigió una nueva ingeniería: la constitucional. Es decir, un conjunto de criterios de estructuración lógico-funcional capaces de hacer que cualquier Constitución pudiera repercutir en el funcionamiento de un buen Gobierno. Y para lograr tan digno propósito, era probable que aquellas constituciones ya elaboradas o en proceso, podrían reformarse para lo cual estos criterios buscarían saber qué necesitaría cambiarse y cómo hacerlo.

De manera que el ingeniero constitucional, tal como lo haría un ingeniero de estructuras ante un problema de diseño estructural, propio de provocar el derrumbamiento de lo dispuesto o construido, comenzaría por el análisis correspondiente para luego reformular y posteriormente plantear el diseño de corrección de lo tramado.

Asimismo, debería operarse desde la ingeniería constitucional toda vez que habría de determinar el orden de la reformulación prevista. Y para lo cual, debía priorizar los momentos que relacionan causa y efectos a los fines de ir pautando arreglos sujetos a la lógica que dispone la inferencia trazada desde el Derecho positivo.

Para enfocar lo anterior, desde la óptica del caso Venezuela, habría que considerar el funcionamiento que, luego de casi 20 años de vida, ha comportado la actual Constitución de la República.

Sobre todo, luego que la misma ha caído en una especie de limbo jurídico toda vez que lo que sus preceptos suscribieron, sobrevinieron en excusas que marcaron su desplazamiento como carta magna. Y a tal extremo dicho problema irrigó el funcionamiento de la administración de Gobierno, que la gestión pública se convirtió en un desorden cuyo piso jurídico-legal dejó ver una serie de fisuras por donde se filtraron interpretaciones que pusieron en ascuas el andamiaje sobre el cual se erigió la formalidad de la institucionalidad democrática prevista constitucionalmente.

De entrada, vale cuestionar que el concepto de Estado democrático y social de justicia y de derecho, que expone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como principio fundamental, es la extraña conjugación de concepciones políticas de complicado encaje. Básicamente, el problema surge al notar, ocasionalmente, la confrontación político- conceptual que se da entre lo que implica el Estado social y el de Derecho. De hecho, Venezuela no es un Estado exclusivamente regido por principios extraídos de lo que regula una estructura política envuelta por lo “social” en su concepto más estricto. Además el alto Gobierno, se arroga una praxis “socialista” que al confundirse –adrede- con el término “social”, tiende a perderse en un ejercicio de Gobierno totalmente desatinado.

El Estado de Derecho es producto del liberalismo y aunque actualmente satanizado como término, en su concepción el Estado venezolano busca apegarse a la práctica de libertades y al principio de progresividad jurídica.

Sin embargo, al momento de accionar ambos conceptos: El Estado de Derecho y el Estado social, desde una política martirizada por apegos ideológicos sectarios, ambos conceptos chocan de forma brutal.

Igualmente, se da un conflicto entre lo que engloba el concepto de Estado democrático y Estado de Justicia. Problema éste que sale a relucir cada vez que el desenvolvimiento de los cuadros funcionales de Justicia, invierten el sentido de democracia. Particularmente, cuando en su praxis, la instancia superior de la administración de justicia desconoce estamentos que la teoría de la democracia, sus premisas, no calzan debidamente con lo que se supone como determinación acogida a solicitud de razonamientos prescritos como sentencias por la máxima sala tribunalicia del país.

Luego de advertir estos problemas, no es difícil dar cuenta de serias incongruencias que se desarrollan a lo largo del texto constitucional lo cual puede entenderse como razón para que sus procesos determinen caminos errados al momento de mancomunar acuerdos dirigidos a provocar el avance económico, social y cultural de Venezuela. De ahí se ha afirmado si acaso lo que tiene a Venezuela enclaustrada en medio de tan aguda crisis, pueda ser ¿un problema de ingeniería constitucional?

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by ANTONIO JOSÉ MONAGAS
Fuente: efectococuyo.com


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