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Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional



Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional



Una campaña sin precedentes intenta probar crímenes de lesa humanidad en contra del presidente Nicolás Maduro. Argentina, Colombia, Chile y Paraguay se preparan para apoyar el esfuerzo para enjuiciarlo.

Cada vez más aislado y a la defensiva, el gobierno socialista de Venezuela podría estar al borde de una nueva crisis legal internacional. En las últimas semanas se ha fortalecido un esfuerzo sin precedentes para someter a juicio a altos funcionarios venezolanos por presuntos crímenes de lesa humanidad.

Ahora, varios países latinoamericanos se están preparando para unirse a un proceso legal que ya está en curso en la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, en el cual se está examinando abrir una investigación formal sobre la evidencia de violaciones de los derechos humanos a gran escala.

A la vanguardia de esta iniciativa marchan los gobiernos conservadores de Argentina, Colombia y Chile. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia le confirmó a Univision News que está "en el proceso de trabajar conjuntamente con algunos países de la región que están de acuerdo en realizar la demanda ante la Corte Penal Internacional". La fuente dijo que se informaría mediante un comunicado conjunto próximamente, pero no se ha establecido una fecha.

El presidente argentino, Mauricio Macri, le dijo a CNN la semana pasada que la iniciativa también contaba con el apoyo de Paraguay.

La decisión de la CPI de abrir una investigación sería una gran vergüenza para el presidente Nicolás Maduro, y aumentaría la presión internacional sobre su asediado régimen en medio de una crisis política, económica y humanitaria que crece rápidamente.

El caso también les ofrece un rayo de esperanza a los opositores al gobierno después de un año de grandes frustraciones, entre las que se incluye la muerte de cientos de personas en una ola de protestas callejeras masivas que se extinguieron el verano pasado, y las elecciones fraudulentas que reforzaron el control absoluto del poder por parte de Maduro.

"Esto es sumamente serio. Maduro solo le teme a la CPI. La Corte tiene poder", dijo Santiago Cantón, prominente jurista argentino y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA)". La CPI tiene autoridad para ordenar detenciones y enjuiciar a individuos", agregó Cantón, quien fue uno de los tres expertos designados por la OEA que recomendaron llevar el caso a la CPI en mayo.

Aumenta la presión contra el gobierno de Venezuela en la Corte Penal Internacional


Sesiones en la OEA para analizar la situación en Venezuela, 16 de octubre de 2017. De izquierda a derecha: Irwin Cotler de Canadá, Presidente del Centro de Derechos Humanos Raul Wallenberg, Santiago Cantón de Argentina, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y el costarricense Manuel Ventura Robles, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.Crédito: Juan Manuel Herrera / OEA

"Sería un paso trascendental", dijo Gustavo Marcano, un exalcalde venezolano del estado de Anzoátegui, quien huyó de la presunta persecución política el año pasado. "Éste es el tipo de presión internacional que necesitamos para restablecer la democracia. Es prácticamente nuestra única esperanza, además de la acción militar", dijo.

Los expertos legales reconocen que incluso aunque se abra una investigación, se le daría pie a un largo proceso legal que podría durar años. Las posibilidades de que Maduro vaya a la cárcel siguen siendo altamente especulativas en esta etapa, según los expertos. "No digo que sea probable, pero la convertiría en una posibilidad real", dijo Cantón.

El portavoz de la CPI, Fadi el Abdallah, dijo que la corte no comenta los casos mientras están siendo examinados, y no pudo decir cuándo se tomará una decisión. "Algunos casos demoran unos meses, otros demoran 10 años o más", dijo.

El ímpetu que está cobrando el caso de la CPI también se produce en momentos en que la región enfrenta una crisis humanitaria que aumenta rápidamente, provocada por el éxodo de dos millones de venezolanos que se estima huyeron del país en los últimos dos años y crearon un problema de refugiados en los países vecinos, entre ellos Colombia, Brasil, Ecuador y Perú.

"Hay un carácter urgente aquí que no se ha apreciado plenamente", dijo Irwin Cotler, ex Fiscal General y Ministro de Justicia de Canadá, quien fue uno de los expertos en el panel de la OEA.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, emitió un "rechazo firme y categórico" al caso cuando la CPI anunció que examinaría las pruebas en febrero, y aseguró también que cooperaría con la corte para limpiar su nombre.

Sin precedentes

Ningún país — y mucho menos un grupo de países — ha presentado un caso contra otro país en la historia de la CPI, aunque a los estados miembros se les conmina a utilizar esta opción en sus estatutos. La mayoría de los casos de la corte son autoinformados — por individuos o grupos locales, y son el resultado de conflictos domésticos.

La corte fue fundada hace 20 años por un tratado internacional — conocido como el Estatuto de Roma — para enfrentar los abusos más atroces a nivel mundial: los crímenes de guerra y los de lesa humanidad.

Su trabajo se ha enfocado principalmente en África y nunca ha abierto un caso en América Latina, aunque actualmente está examinando acusaciones de crímenes de guerra en Colombia que datan de hace más de una década.

Venezuela fue uno de los 60 estados que ratificó el Estatuto de Roma en julio de 2002. Desde entonces, la cantidad de miembros ha aumentado hasta incluir 123 países. Estados Unidos no es signatario y, por lo tanto, no está oficialmente involucrado en el caso contra Venezuela.

La decisión de los gobiernos latinoamericanos de llevar a Venezuela a la corte podría acelerar ese proceso eliminando uno de los pasos legales, dijo el Abdallah, vocero de la CPI. En primer lugar, un caso debe pasar por un "examen preliminar" por parte del fiscal de la CPI, quien luego hace una recomendación a un panel de jueces. "Si un estado miembro refiere un caso, el fiscal no necesita acudir a los jueces. Eso elimina un paso del procedimiento", dijo.

Cronograma del caso de Venezuela
El caso comenzó en noviembre de 2015 'sin bombos ni platillos' cuando un prominente político de la oposición en el exilio, Carlos Vecchio, presentó pruebas de abusos a La Haya y nombró a ocho funcionarios, incluido a Maduro, en nombre de un grupo de presuntas víctimas del régimen actual.


El lider opositor del partido Voluntad Popular, Carlos Vecchio, con el abogado Juan Carlos Gutierrez, fuera del la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre 2015. Viajaron a Holanda para presentar un caso legal contra el gobierno de Venezuela por crimes de lesa humanidad.Crédito: Cortesia de Carlos Vecchio
Un esfuerzo previo para llevar al expresidente Hugo Chávez a la corte fracasó cuando el líder socialista falleció de cáncer en 2013. "Entonces, comenzamos a documentar los abusos después de los desmanes cometidos durante las protestas de 2014", dijo Vecchio, quien es el coordinador internacional del partido opositor Voluntad Popular, cuyo líder, Leopoldo López, fue encarcelado.

"Presentamos testimonios anónimos de las víctimas y lo hemos seguido actualizando. Ahora hay muchas más pruebas. Es un caso mucho más sólido ", dijo.

La situación cobró verdadero ímpetu el año pasado cuando la OEA y las Naciones Unidas presentaron devastadores informes en los que se alegaba delitos graves y el hecho de que las autoridades venezolanas no les exigieran rendir cuentas a los perpetradores. La ONU citó 505 asesinatos extrajudiciales, así como uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, detenciones arbitrarias, maltrato y tortura.

En junio, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, señaló que había pruebas que indicaban que los abusos sistemáticos contra los derechos humanos cometidos en Venezuela equivalían a crímenes de lesa humanidad según lo definido por la CPI. Destacó "el uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, el encarcelamiento, la tortura, la violación y otras formas de violencia sexual, como herramientas para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para sofocar la oposición al régimen".

Almagro nombró un Panel de Expertos Internacionales Independientes en septiembre para analizar si los abusos cometidos por el gobierno de Maduro cumplían con el estándar de prueba necesario para reportar a Venezuela ante la CPI.

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Santiago Cantón de Argentina, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, y anteriormente Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Fecha: 16 de octubre de 2017.Crédito: Juan Manuel Herrera / OEA
En septiembre, octubre y noviembre, se realizaron tres rondas de audiencias públicas en la sede de la OEA en Washington DC, en las cuales se incluyeron testimonios de 26 testigos, entre ellos políticos, militares, fiscales y jueces, médicos, padres de estudiantes y organizaciones no gubernamentales, todos los cuales afirmaron haber sufrido persecución o coerción por parte del gobierno.

Los testigos describieron cómo se utilizó el asesinato, la tortura, el encarcelamiento, la persecución y otros actos inhumanos contra la población civil, y en particular contra cualquiera que no apoyara la ideología autodenominada socialista y "bolivariana" del gobierno.

Las pruebas siguieron acumulándose. En noviembre, Human Rights Watch envió a la CPI un informe que documenta cómo el gobierno venezolano utilizó de forma sistemática el trato brutal, incluyendo la tortura, para sofocar las enormes protestas callejeras entre abril y julio de 2017.

 Aumentan las muertes en la represión contra las protestas en Venezuela

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Anderson Dugarte, de 32 años, recibió un balazo en la cabeza en una protesta el lunes en la ciudad occidental de Mérida. En tanto, Miguel Castillo, de 27 años, murió durante una manifestación en el este de Caracas. Los manifestantes con sus escudos, un símbolo de las protestas, atacan una tanqueta de la guardia Nacional en Caracas.

Se detallaron 88 casos que involucraban al menos a 314 personas de 13 estados que fueron víctimas de violaciones graves de los derechos humanos durante la represión.

"Los miembros de las fuerzas de seguridad han golpeado violentamente a los detenidos y los han torturado con descargas eléctricas, asfixia, agresión sexual y otras técnicas brutales", dijo. "El alcance y la gravedad de la represión de 2017 alcanzaron niveles nunca vistos en la memoria reciente de Venezuela", agregó.

También en noviembre, la fiscal general de Venezuela que fue destituida y perseguida, Luisa Ortega, visitó La Haya para presentar documentos ante la CPI alegando responsabilidad estatal en 8,290 muertes entre 2015 y 2017. "[Ocurrieron] bajo las órdenes del Poder Ejecutivo, como parte de un plan de limpieza social llevado a cabo por el gobierno", les dijo a los periodistas.


"Examen preliminar"

Incluso antes de que la OEA estuviera lista para emitir su informe, la fiscal de la CPI Fatou Bensouda anunció en febrero que estaba comenzando un "examen preliminar" de los "crímenes presuntamente cometidos desde abril de 2017, en el contexto de las manifestaciones y los disturbios políticos relacionados con la situación en Venezuela".

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La fiscal de la CPI Fatou BensoudaCrédito: Peter DeJong/AP

Dijo que parte de su trabajo sería examinar si las autoridades venezolanas han tomado medidas para investigar los presuntos crímenes, y señaló que la CPI es una corte "complementaria", que solo puede iniciar procedimientos legales en los casos en que las instituciones nacionales no actúen.

El fiscal general de Venezuela impuesto por el parlamento paralelo y oficialista (Asamblea Constituyente), Tarek William Saab, dijo en ese momento que Bensouda parecía estar "sesgada" y que las autoridades venezolanas estaban investigando activamente y procesando los presuntos crímenes, lo cual hacía innecesaria cualquier investigación de la CPI. Y añadió; "Estamos dispuestos a demostrar y mostrar, cuando así se nos requiera", que la corte no tenía jurisdicción en el conflicto del país.

La CPI no discute sus procedimientos, por lo que no está claro si los funcionarios venezolanos han cooperado con el examen del caso hecho por Bensouda. Cotler dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas conversaciones", dijo.

Irwin Cotler de Canadá, en una de las sesiones para analizar si la situación en Venezuela debe remitirse a la Corte Penal Internacional, 16 de octubre de 2017.Crédito: Juan Manuel Herrera / OEA
Cotler dijo que sabía que algunos funcionarios venezolanos se habían reunido con personal de la CPI. "No sé cuál ha sido la naturaleza de esas conversaciones", dijo.

El caso contra Venezuela recibió un dramático impulso el 29 de mayo cuando la OEA publicó un devastador informe de 387 páginas en el que se alegaba que el gobierno había declarado una guerra virtual contra la oposición política que había calificado como el "enemigo interno" del estado. Como resultado, convirtió "grandes segmentos de la población civil en objetivos para los militares, los paramilitares y las fuerzas de seguridad regulares que operan de forma coordinada para 'defender la Revolución Bolivariana'".

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Informe del Panel de Expertos Independientes de la OEA sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

El informe identificó 131 víctimas de homicidios ocurridos en protestas en 2014 y 2017 que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad paramilitares, llamadas 'colectivos'. Además, mencionó más de 8,292 ejecuciones extrajudiciales registradas desde 2015.

También citó 12,000 detenciones arbitrarias (alrededor de siete diarias entre 2014 y 2018), 289 casos de tortura autorizada por el estado, incluyendo violencia sexual contra mujeres (y hombres) bajo custodia, impunidad judicial y persecución política generalizada — todo presuntamente orquestado por el gobierno.

"Motivos razonables"

Al mismo tiempo, el panel de expertos independientes concluyó que había " motivos razonables para suponer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad" según los estándares establecidos por la CPI.

Los expertos identificaron siete áreas específicas donde las violaciones cumplían con los estrictos estándares de la CPI para probar crímenes de lesa humanidad en virtud del Estatuto de Roma. Entre éstos se incluían "un patrón sistémico de ataques contra civiles", la "absoluta ausencia del estado de derecho" y "la criminalización de la libertad de expresión". Todo esto se llevó a cabo como "un instrumento de política estatal", añadieron los jueces.

Quizás la violación más grave fue "una crisis humanitaria orquestada por el estado", dijeron los expertos, en referencia al rechazo por parte del gobierno venezolano de las ofertas internacionales de alimentos y asistencia médica ante una creciente crisis económica. Eso había provocado un aumento drástico de la mortalidad infantil y las enfermedades infecciosas prevenibles.

Aproximadamente 2.3 millones de venezolanos — alrededor del 7% de la población — han abandonado su tierra natal en los últimos años, según la ONU, lo cual representa uno de los mayores movimientos poblacionales en la historia de América Latina.

"El éxodo masivo de venezolanos obligados a abandonar el país en busca de alimentos, atención sanitaria, empleo y seguridad ha sido aprovechado como una oportunidad para expulsar a más críticos y opositores del país, eliminando así las voces de la disidencia y permitiéndole al presidente Maduro consolidar aún más su control indiscutible del poder y la desestabilizando la paz y la seguridad de la región", escribieron los expertos.

Además de todo lo anterior, se han sumado acusaciones de la canalización de alimentos y suministros médicos exclusivamente a los partidarios del gobierno, lo cual Cotler llamó "la militarización de la comida y la medicina sobre la base de la persecución". Añadió que esto era "un crimen de lesa humanidad especialmente insidioso", punible bajo el Estatuto de Roma.

Cotler y Santiago Cantón dijeron que les sorprendía la poca atención que el caso de la CPI ha recibido por parte de los medios, especialmente considerando la magnitud de la crisis y la gravedad de las acusaciones. Eso podría cambiar cuando Argentina, Colombia, Chile y Paraguay hagan su declaración conjunta. Cotler dijo que le había pedido al gobierno canadiense que se uniera también a la acción de la CPI.


"Carácter urgente"

El mes pasado, Almagro viajó a La Haya, acompañado por Cantón y Cotler para entregar personalmente, y en forma privada, el informe a Bensouda. La corte ya había recibido una copia del informe en junio, pero Cotler dijo que la reunión privada fue "una oportunidad para transmitir el carácter importante y urgente de la situación".

Cotler y Cantón dijeron que esperan que una investigación formal de la CPI aumente la presión sobre Maduro para que cambie de rumbo, posiblemente mediante la internacionalización de las sanciones económicas.

"La inmunidad y la impunidad de las que ha disfrutado Maduro podrían eliminarse y de repente se enfrentará al hecho de un posible enjuiciamiento", dijo Cotler. "Una vez que eso suceda, podrían ponerse en movimiento ciertas dinámicas".

También les daría un importantísimo apoyo psicológico a los críticos venezolanos del gobierno de Maduro, tanto en la diáspora como dentro de Venezuela. "Hay un gran anhelo de justicia y rendición de cuentas", dijo Cotler. "Podrían decir que alguien finalmente se está dando cuenta de lo que está sucediendo".





DAVID ADAMS
Fuente: univisión.com