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Maduro detiene con sus esbirros a quienes no respetan “precios acordados”

Maduro detiene con sus esbirros a quienes no respetan “precios acordados”

Los empresarios detenidos fueron acusados de violar los precios de bienes de consumo fijados por la dictadura de manera unilateral. (VTV)

El régimen de Nicolás Maduro inició una vez más la persecución contra empresarios y trabajadores tras la imposición a la fuerza de precios de diferentes productos.

El régimen de Nicolás Maduro inició una vez más la persecución contra empresarios y trabajadores tras la nueva regulación de precios. Luego de anunciar medidas económicas, decidió detener al dueño y gerente de una cadena de supermercados, y amenazar a toda persona que decida modificar los costos de sus mercancías.

Tal y como sucede en la dictadura, Maduro amenazó recientemente en cadena nacional a empresarios venezolanos asegurandoles que “se arrepentirán de haber nacido” si decidían modificar sus precios; a pesar de que el mismo régimen ordenó un “hiperaumento” de salario, multiplicando el anterior 35 veces.

“Ustedes me dicen quién viola los acuerdos para mandarle el Sebin y meterlos presos”, volvió a amenazar Maduro a pocas horas de haber emprendido las primeras detenciones.

Los empresarios detenidos fueron acusados de violar los precios de bienes de consumo fijados por la dictadura de manera unilateral.

El ministro del Interior, Néstor Reverol, informó que fueron detenidos el gerente y el subgerente de la cadena Plan Suárez, tras denuncias de vecinos sobre un presunto aumento “especulativo de precios contra el pueblo”.

Dijo que una brigada de las fuerzas especiales de la policía, la Fiscalía General y la Superintendencia de Defensa de los Derechos Económicos (Sundee) realizó una operación de verificación de precios en el supermercado, donde se constató un presunto remarcaje de los precios de un 200 %.

Se trata de los primeros empresarios detenidos después de que el régimen emitiera una lista de precios que se fijaron para 25 bienes de consumo.

Por su parte, el ilegítimo fiscal general, Tarek William Saab, informó que designó a 68 fiscales nacional expertos en delitos económicos para recibir las denuncias sobre los incumplimientos y el remarcaje de precios. Para ello, desplegó miles de funcionarios en todo el país para fiscalizar comercios y hacer cumplir estos controles.

En la lista de productos, una lata de atún de 170 gramos tiene un precio de 72 bolívares (1,20 dólares); un kilo de carne de res, 90 bolívares (1,5 dólares); un kilo de pollo, 78 bolívares (1,30 dólares); y un kilo de harina de maíz, 20 bolívares (0,33 dólares).

Todos los alimentos mencionados y gran parte de los que se encuentran en la lista del régimen, escasean en los anaqueles desde hace años. Sin embargo, suelen conseguirse a través del mercado negro con revendedores mejor conocidos como “bachaqueros”.

Entretanto, la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde),que fiscaliza regularmente los comercios en el país para vigilar el cumplimiento de las leyes sobre “precios justos” y “ganancias justas”, sancionó a la cadena Farmatodo, supuestamente “atendiendo a las múltiples denuncias del pueblo, recibidas a través de la línea telefónica 0800-LOJUSTO”.

Para comprar solo la mitad de la lista, un venezolano tendría que desembolsar 1.149 bolívares soberanos (USD $19,08 tasa oficial y USD $12,09 según el mercado negro), mucho más de la mitad (63,83 %) del nuevo salario mínimo, que ahora se ubica en 1.800 bolívares (USD $29,8 tasa oficial y USD $189 según el mercado negro); esto sin contar el resto de la canasta básica que incluye también gastos en salud.

Aquiles Hopkins, presidente de Fedeagro, advirtió que si el control de precios desconoce las estructuras de costos puede haber escasez, ya que afectaría la producción. “Por cuestión de principios, los controles de precios generan escasez, especulación y bachaqueo”, afirmó.

El economista venezolano Luis Oliveros, le dijo al PanAm Post que estas medidas buscarán el cierre de más empresas privadas, además de miedo y desconfianza de los pocos empresarios que quedan en el país.
Víctor Maldonado, director de la ONG Cedice Libertadseñaló para el PanAm Post que las decisiones del régimen “multiplicarán la crisis”.

“Yo creo que el Gobierno haciendo lo mismo que ha hecho en los últimos años lo único que va a lograr es la multiplicación de la crisis. El hecho de seguir insistiendo en un intervencionismo ruinoso, el hecho de violentar los derechos de propiedad, es parte de su propia condición terminal y además de una incomprensión de lo que ellos mismos han provocado”, señaló.

Además, afirmó que “Esa política de Estado de detener a empresarios se llama socialismo del siglo 21, la ideología del régimen es antiempresarial y antimercado, es una política de Estado que ha venido practicando y que forma parte de una trama de destrucción del país que ya todo el mundo conoce”, explicó.

El especialista explicó que desde la llegada del socialismo de Hugo Chávez, en Venezuela han cerrado más de 660.000 empresas. Maldonado agregó además que “Venezuela es el país más agresivo con la empresarialidad”.

También recordó que Venezuela es un país donde es peligroso ser empresario porque los consideran enemigos del Gobierno, donde hay una Ley de Costos y Precios que inhabilita para tomar decisiones, donde existe un régimen cambiario que no permite acceder a las divisas para comprar los insumos o servicios necesarios, y en el que la rigidez laboral impide poder manejar el factor trabajo con libertad.

"Nos estamos quedando sin industrias, sin comercios, sin empresas de servicios y nos estamos quedando sin empleos productivos."

Lo peligroso de ser empresario en Venezuela
No es la primera vez que el régimen de Maduro inicia procesos legales contra empresarios en Venezuela tras acusarlos de una “guerra económica”.

En 2017, el régimen, a través del Ministerio Público, acusó por supuesto acaparamiento y sobreprecio a dos gerentes de la Distribuidora Kreisel y dos de sus accionistas. Según este ministerio, los trabajadores de la empresa fueron los responsables del “sobreprecio” de más de 3.800.000 juguetes.

A los dos acusados les dictaron medidas cautelares con presentación cada 15 días y les fue prohibido salir del país. Además, sus cuentas bancarias fueron bloqueadas y se les prohibió enajenar y gravar bienes.

En diciembre de 2016, Maduro obligó a las empresas Colgate y P&G a destinar el 50 % de su producción al Estado; mientras que a las tiendas de ropa infantil EPK les obligó a bajar los precios en la temporada decembrina.

En 2015 el Gobierno también imputó a los directivos de la cadena de farmacias Farmatodo,asimismo detuvo a los dueños de los supermercados Día Día.


Por Sabrina Martín-@SabrinaMartinR. ESPanamPost