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El carnet de la patria consolida el anhelo de control del chavismo


El carnet de la patria consolida el anhelo de control del chavismo


Desde el año 2006 Cuba tiene participación directa en los proyectos de registro y control en Venezuela a través de la empresa  Albet Ingeniería y Sistemas y la mexicana Gemalto

Un votante muestra su Carnet de la Patria de los votantes durante las cuestionadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente del  pasado 30 de julio de 2017.   @puzkas

CARACAS.- “Registro y control: he aquí lo principal, lo que hace falta para poner en marcha y para que funcione bien la primera fase de la sociedad comunista”. El extracto del libro Estado y Revolución escrito por Lenin hace más de 100 años puede servir para explicar lo que ocurre en Venezuela con el llamado Carnet de la Patria.

A través de este instrumento casi obligatorio de identificación, el régimen de Nicolás Maduro continúa avanzando en la implementación de la hoja de ruta que en su momento marcó Lenin y que el chavismo ha intentado implementar desde hace más de una década.

“Aquí, todos los ciudadanos se convierten en empleados a sueldo del Estado, que no es otra cosa que los obreros armados –se puede leer en el libro Estado y Revolución- Todos los ciudadanos pasan a ser empleados y obreros de un solo "consorcio" de todo el pueblo, del Estado”. Al menos, por los próximos 90 días la mayoría de los ciudadanos pasarán a ser empleados del gobierno venezolano porque éste asumirá el pago del nuevo salario mínimo. El ofrecimiento del gobierno de Maduro ha provocado que incluso empresas de comunicación social sugieran a sus empleados que obtengan el Carnet de la Patria si desean cobrar completo.

Lograr el “registro y control” de todos los venezolanos es un viejo anhelo del chavismo. Esta idea, inicialmente explicada como una forma de optimizar a la administración pública y mejorar el precario sistema de identificación con el que contaba el país se remonta al año 2001 cuando el entonces Ministro de Interior y Justicia Luis Alfonso Dávila (compañero de Hugo Chávez durante el Golpe de Estado de 1992) otorgó a Hyundai Consorcio la buena pro para ejecutar, a un costo de 227.745.516 millones de dólares, el proyecto denominado Sinacoc (Sistema de Identificación y Control Ciudadano). La idea básica de este proyecto era lograr interconectar en tiempo real a todos las dependencias de la administración pública después de emitir nuevos documentos de identidad y pasaportes a todos los venezolanos en un lapso máximo de 48 meses.

Este proyecto (criticado desde la Asamblea Nacional con múltiples observaciones según la Gaceta Oficial número 37.272 del 30 de agosto de 2001,) fue paralizado en 2003 por el entonces ministro de Interior y Justicia, el General Lucas Rincón.

La paralización del Sinacoc coincidió con el inicio de la Misión Identidad (en febrero de 2004), un proyecto que en según los anuncios de Hugo Chávez emitió aproximadamente tres millones de cédulas a ciudadanos mayores de edad que nunca habían contando con documentos de identidad.

El proyecto de “registro y control” entró en una nueva fase el 1 de marzo del año 2005. En ese momento se desempeñaba como ministro de Interior y Justicia, Jesse Chacón (compañero de Chávez en el Golpe de Estado de 1992), a quien correspondió anunciar la creación del “Sistema de Identificación y Control Ciudadano” que implicaba el cambio de cédula de identidad y la depuración del Registro Electoral.

Ese año el gobierno venezolano compró por 18 millones de dólares la torre Acord (ubicada en la urbanización Las Mercedes). Un edificio que serviría como base de operaciones al nuevo proyecto de registro y control, proyecto que comenzaría con la emisión de una cédula electrónica (con todos los datos personales de los ciudadanos) entre 2006 y 2008.

Cuba detrás de los controles

El proyecto no cristalizó. Sin embargo, a principios del año 2007 el estado venezolano firmó con varias empresas estatales cubanas un nuevo contrato para que sirvieran como intermediarias y proveedores de documentos de identidad provistos de chip. El costo del acuerdo fue de 177 millones de dólares.

El 19 de julio de 2007, el entonces ministro de Interior Justicia y Paz, Pedro Carreño prometió que durante el segundo trimestre del año 2008 comenzaría la emisión de la cédula electrónica.

El ofrecimiento no se cumplió y el 12 de diciembre de ese año Dante Rivas —que para ese momento ocupaba la dirección de la Onidex y hoy es gobernador del estado Nueva Esparta— aseguró que para el primer trimestre de 2010 se iniciaría la entrega de la nueva cédula. En este proyecto el documento contaría “con un sistema de seguridad que lo haría el documento de identificación más seguro del mundo” y permitiría la interconexión de varias bases de datos del estado venezolano, incluyendo los aportes sociales que recibía cada ciudadano y la información financiera y reportes del sistema de salud pública que existieran sobre él.

La filtración de los Papeles de Panamá en 2016 terminó por confirmar lo que constituía un secreto a voces. Desde el año 2006 Cuba tiene participación directa en los proyectos de registro y control en Venezuela a través de la empresa Albet Ingeniería y Sistemas y la mexicana Gemalto (subcontratada por el gobierno de Cuba para el suministro de los materiales necesarios para la identificación de los venezolanos)

La interconexión electoral

En 2011, el proyecto de cédula electrónica seguía sin cristalizar. Aunque faltaban años para poder comprobar la participación de Cuba en los proyectos de registro y control el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunciaba que el sistema biométrico de identificación que comenzaría a emplear en las elecciones presidenciales del año 2012 podría “leer” los datos contenidos en el nuevo documento de identidad de los venezolanos.

Antes de este anuncio el CNE había intentado (sin éxito) dotar a los venezolanos de un nuevo “número único de identificación” bajo el cual se almacenarían todos los beneficios sociales recibidos por cada ciudadano, trámites ante el Registro Civil y toda la información generada por la administración pública.

Entre 2011 y 2016 los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro fueron perfeccionando los mecanismos de registro y control de los ciudadanos hasta convertir a los planes sociales del Ejecutivo Nacional en instrumentos de presión electoral y posteriormente de control social.

Después de la derrota electoral del año 2015 y en medio de un creciente colapso económico, Nicolás Maduro anunció a principios del año 2016 la emisión de la “Tarjeta de las Misiones Socialistas”, un instrumento para carnetizar y controlar el otorgamiento de subsidios destinados a la alimentación y la salud.

En función de esta experiencia para finales de 2016 el gobierno de Maduro había encontrado finalmente el proyecto de registro y control que buscaba desde 2001: El Carnet de la Patria, una nueva forma de identificación digital que (según cifras oficiales) es utilizada en diversos grados por 17 millones de venezolanos mayores de edad (según las proyecciones poblacionales en Venezuela existen 21 millones de ciudadanos mayores de edad).

A través de este carnet (y el registro en el sistema patria.org.ve), los ciudadanos pueden recibir bonos de alimentación, medicinas, diversos programas de subsidios y las bolsas de alimentos a precios regulados.

Adicionalmente el carnet se convirtió en parte de la estrategia electoral de movilización y presión del chavismo al punto que para el proceso presidencial del 20 de mayo se llegó a asegurar (con el aval de la autoridad electoral y del Tribunal Supremo de Justicia) que Maduro ofreciera pagar -a través del monedero digital del Carnet de la Patria- un bono especial de lealtad revolucionaria a todos los ciudadanos (con carnet) que votaran por él.

Por otra parte, entre las denuncias mas reiteradas del proceso electoral destacan las prácticas llamadas carrusel en donde un comisario político retiene el Carnet de la Patria mientras el ciudadano vota. Para recuperarlo el ciudadano debe mostrar su comprobante de voto por Maduro y sino lo hace pierde el Carnet y la posibilidad de ser reconocido como un ciudadano por el Estado venezolano.

Una herramienta al servicio del mal

Para Félix Seijas estadístico y director de la encuestadora Delphos el “Carnet de la Patria tiene varios propósitos. Uno de ellos es tener un registro de ciudadanos con información valiosa que además es viva, porque a través de transacciones y registros se va construyendo metadata, es decir, va creciendo continuamente transformando datos en información”.

Seijas recuerda que en un país donde los registros administrativos son un caos, esto es una herramienta importantísima. “El problema es que, como todo, una herramienta útil puede ser usada para el bien o para el mal, y en este caso sabemos que la intención no es noble (…) El carnet está siendo utilizado como instrumento para desmoralizar a las personas. Su nombre pudo haber sido simplemente cédula de identidad, pero había que ponerle uno de esos nombres exóticos de la Revolución, para darle tal significado, entonces se utiliza una palabra en sintonía con la narrativa chavista: "patria"”.

En su análisis recuerda que obtener el carnet “pasa a ser un golpe moral, te hace sentir que te están venciendo, que el enemigo es más fuerte de lo que podrías ser, y desgasta tu autoestima como agente de cambio. Esto se complica cuando es utilizado como método de discriminación para asignar beneficios, o peor aún, derechos. Al no hacer universal los derechos ciudadanos, entonces te están quitando tal estatus, reduciéndote a súbdito del sistema”.

El Gran Hermano Revolucionario

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Entre diciembre de 2017 y septiembre de 2018, el gobierno de Maduro ha otorgado 23 bonos de distinta índole (incluyendo los bonos por votar por su reelección en los comicios del 20 de mayo) a los ciudadanos que tienen Carnet de la Patria y están registrados en el sistema patria. El bono consiste en la transferencia de dinero a la billetera digital asociada al Carnet de la Patria. Una vez recibido en su billetera digital el ciudadano solo debe “transferir” este dinero a la cuenta de banco que previamente registró en el sistema Patria.

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Para registrarse en el sistema Patria (independientemente que se tenga o no carnet) el sistema le pide al ciudadano los siguientes datos: Número de cédula de identidad, teléfono y correo electrónico (deben validarse posteriormente), sexo, fecha de nacimiento y la dirección de habitación.

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A partir de este punto el sistema va solicitando datos adicionales a medida que se decide usar o que se admite recibir algún subsidio en específico. El sistema (del que es imposible desafiliarse una vez validados correo y teléfono) llega a pedir los siguientes datos: Número de cuentas bancarias a donde se recibirán los bonos ofrecidos por el gobierno, datos concretos del núcleo familiar del beneficiario (nombre, apellido, cédula de identidad y números de cuentas) e información detallada sobre el vehículo del beneficiario o sus familiares (en caso de optar al subsidio de la gasolina).

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Adicionalmente se pide ingresar todos los datos de redes y canales digitales que administre la persona.

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7 de cada 10 venezolanos tienen el Carnet de la Patria

Al momento de escribir este texto Nicolás Maduro anunció que 18.395.792 venezolanos habáin tramitado el Carnet de la Patria. Un dato que aunque puede parecer irreal encuentra sustento en los distintos estudios de opinión pública previos a los anuncios económicos de las últimas semanas.

Según los estudios de la empresa de medición de opinión pública More Consulting 66,9% de los venezolanos admiten tener el Carnet de la Patria (el estudio es previo al anuncio de la obligatoriedad de tener Carnet de la Patria para poder recibir el subsidio del combustible)

Entre los venezolanos que admiten tener el Carnet de la Patria 37% sostiene que lo tramitó hace más de un año, mientras 16% asegura que lo tiene desde, al menos, seis meses

El resto de los ciudadanos explica que el Carnet de la Patria lo tramitó recientemente.

Para acceder a la mayoría de los 23 bonos ofrecidos por Maduro u optar al teórico subsidio para el combustible es necesario registrarse en la página patria.org.ve sin importar que se tenga Carnet de la Patria.

Según More Consulting hasta principios del mes de febrero 54% de los venezolanos admite estar registrado en el Sistema Patria o haber descargado en su teléfono la aplicación de lector de código QR para vincular sus datos personales al sistema de registro del gobierno venezolano.

¿Qué motiva a los venezolanos a tramitar el Carnet de la Patria? Según More Consulting 26% asegura que el principal incentivo es poder tener acceso a beneficios como bonos, pensiones o medicamentos.

No obstante, 12,4% asegura que tiene el Carnet de la Patria para poder tramitar documentos públicos (pasaporte, etc.), mientras 7% se limita a decir que es una petición del Presidente Maduro.

Apenas 17% piensa que el Carnet de la Patria es una herramienta que permite mejorar las políticas públicas en Venezuela.

¿Todo el que tiene el Carnet de la Patria recibe un beneficio?. Según los datos de More Consulting entre quienes admiten poseer este instrumento apenas 6% sostiene que nunca ha recibido algún tipo de beneficio, mientras 10% asegura que le ha servido para recibir las bolsas o cajas CLAP (alimento subsidiado) y 49% reconoce que ha recibido uno o varios de los 23 bonos otorgados.

¿Si todos los venezolanos tramitan el Carnet de la Patria colapsa el sistema? Esta propuesta esta siendo promovida por políticos e intelectuales venezolanos, al particular Luis Vidal, director de More Consulting sostiene que es una discusión “fuera de tiempo”. Desde su óptica es una alternativa que debió discutirse cuando se anunció el Carnet de la Patria en 2016 “porque sin importar lo que plantee el liderazgo opositor la gente terminará tomando su decisión por necesidad, interés o moral”.

Desde la perspectiva de Vidal la decisión de sacar o no el carnet se tomará sin importar “la línea política que marque la oposición o porque se entiende el riesgo de terminar de fortalecer el Gran Hermano de la nueva era”.




Por EUGENIO MARTÍNEZ
Fuente: Diariodelasamericas.com