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A un año de la masacre de El Junquito, justicia venezolana no investiga muerte de Óscar Pérez



A un año de la masacre de El Junquito, justicia venezolana no investiga muerte de Óscar Pérez




Se cumple un año de la masacre de El Junquito. Nueve fallecidos fue el resultado de una operación militar y policial que desplegó a cuatro cuerpos de seguridad del Estado, con 1.000 funcionarios. Aunque hubo una rendición de parte del “objetivo” del procedimiento, se usaron contra él fusiles de guerra, una subametralladora y un helicóptero artillado. Óscar Pérez y los suyos aún no reciben justicia en Venezuela, más bien investigan a sus allegados.

El 15 de enero de 2017, el paso hacia el sector El Cujicito de la urbanización Araguaney de El Junquito, en Distrito Capital, fue prohibido. Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Guardia Nacional Bolivariana (GNB), Dirección General Contra Inteligencia Militar (Dgcim) y Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) estaban allí en la búsqueda del inspector del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) Óscar Pérez. Este funcionario se opuso al Gobierno.

Los habitantes de la localidad y el resto de los venezolanos se enteraron de lo que ocurría porque el propio Óscar Pérez difundió una serie de videos en redes sociales. Allí reportaba que había sido sitiado por las fuerzas de seguridad del Estado, que resistían el ingreso de los funcionarios y finalmente que estaban dispuestos a entregarse.

Para el mediodía, él y Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, Lisbeth Andreína Ramírez Mantilla, José Alejandro Díaz Pimentel, Abraham Agostini Agostini ya habían sido asesinados. Más tarde se supo que todos recibieron un tiro en la cabeza.

En los días siguientes, la casa que sirvió de refugio fue destruida, a los familiares no se les permitió velar a los fallecidos y decenas de personas allegadas a Óscar Pérez fueron detenidas y sometidas a torturas. Aunque organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos denunciaron el exceso de la fuerza policial y militar en el procedimiento, ninguna autoridad de Venezuela abrió una investigación al respecto.

El silencio del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es lapidario a un año de la masacre de El Junquito o de la Operación Gedeón, como la llamó el gobierno. Zair Mundaray, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz; y Delsa Solórzano, presidenta de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional, así lo aseveraron a Efecto Cocuyo.

“En este caso los investigados fueron los muertos, al igual que en los años 60 contra la guerrilla que los muertos quedaban como imputados y se justificaba el uso excesivo de la fuerza por parte del Estado”, apuntó Mundaray.


AN ignorada

Apenas se supo el saldo de fallecidos que dejó la Operación Gedeón, la Asamblea Nacional (AN) abrió una investigación, de acuerdo a sus funciones, establecidas en la Constitución.

En tres meses, los diputados de la Comisión de Política Interior conversaron con testigos, familiares de las víctimas y funcionarios actuantes para establecer la cronología de los hechos. También fueron al sitio del suceso y constataron su destrucción.

Solórzano dijo a Efecto Cocuyo que lograron establecer la responsabilidad directa de 20 efectivos de distintos cuerpos de seguridad del Estado y pidieron a la Fiscalía que fuesen procesados.  De igual forman, exigieron pesquisas criminalísticas como planimetría y exhumación de cadáveres.

Acudieron a la Defensoría del Pueblo para que este ente, parte del Poder Moral, increpara al Ministerio Público sobre la violación de derechos humanos cometida.  No hubo respuesta. El Poder Legislativo fue ignorado.

“La investigación concluyó que en El Junquito ocurrió una masacre.  Aunque hubo varias detenciones, todas fueron contra Óscar Pérez. Esa fue la única investigación que abrió el Estado, pero no hizo nada contra los funcionarios que actuaron en ese momento. Esto es una clara denegación de justicia“, manifestó Solórzano.

En este expediente figura además la solicitud de indagación sobre la presencia de civiles armados con carnet de la PNB en el procedimiento.


A espera de la CPI

El 16 de noviembre de 2017, la fiscal destituida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Luisa Ortega Díaz, presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya. Nicolás Maduro figura en el documento como el principal responsable de la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela y junto a él cuatro generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb): Néstor Reverol, Gustavo González López, Antonio Benavides y Vladimir Padrino.

Exactamente cuatro meses después de que los fiscales de la CPI aceptaron la denuncia de Ortega Díaz, ella introdujo un nuevo expediente: el asesinato de Óscar Pérez y seis de sus aliados. Ahora, este documento es sometido junto al primero a un examen preliminar de los fiscales de esta corte internacional. Buscan determinar si existe un crimen de lesa humanidad y corroborar si el Estado venezolano investiga tales crímenes.

En el nuevo dossier reposan los testimonios de 12 personas, entre testigos, víctimas secundarias y funcionarios de seguridad. Contiene además 18 videos y ocho fotografías como elementos de convicción, que pueden ser usados como pruebas en un juicio. Mundaray indicó que con siete notas de prensa pudieron establecer la cronología de los hechos de ese 15 de enero de 2018.

El exdirector de Asuntos Penales habla de dos momentos durante la Operación Gedeón. Uno en el que se acuerda una entrega de Óscar Pérez; y otro, cuando la rendición quedó en segundo plano y se activó el Comando Estratégico Operacional de la Fanb (Ceofanb).

“La segunda etapa ocurre porque Nicolás Maduro (presidente de Venezuela), activa al Ceofanb. Es decir, Maduro consideró que la persecución y muerte de Óscar Pérez era una operación militar. Para eso se activa al Ceofanb, para una acción bélica dirigida a dar muerte, no a aprehender”, expuso Mundaray.

Según la investigación de Ortega Díaz, los responsables de la masacre de El Junquito son el presidente Maduro, el jefe del Ceofanb, Remigio Ceballos Ichaso, y el director de la PNB, Carlos Pérez Ampueda. Solicitan una indagación por el delito de lesa humanidad de homicidio.

“¿Que si se abrió una investigación? Pues el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, dijo públicamente que el caso lo llevaría la Fiscalía Militar. Esta institución solo investiga delitos dentro del Código Orgánico de Justicia Militar. Allí no hay violación de derechos humanos”, aseveró Mundaray.


Silencio cómplice

La denegación de justicia es un delito contemplado dentro del Código Penal Venezolano. La ley indica que  los funcionarios responsables podrían ser sancionados con el pago de hasta 2.000 UT (unidades tributarias). También podrían pagar una condena de cuatro años.

“Es muy grave que el Estado no ahonde sobre lo que ocurrió en El Junquito. Queda muy claro que el Poder Judicial es cómplice en la masacre, porque encubren las violaciones de derechos humanos”, puntualizó la diputada Solórzano. Precisó que además de la denegación de justicia, en la muerte de Óscar Pérez también se incluyen los tipos penales de asesinato, destrucción de evidencia, encubrimiento y usurpación de funciones.

En diciembre de 2018, la investigación contra Óscar Pérez y el resto de los fallecidos fue sobreseída por la defunción de los imputados. Según el abogado Alonso Medina Roa, hay tres allegados al exinspector en fase de juicio y cuatro personas más que admitieron los hechos para garantizar celeridad procesal.

La esperanza de justicia para las víctimas de la masacre de El Junquito reposa en los escritorios de La Haya después de un año de silencio estatal. En manos de los fiscales de la CPI está el inicio de una investigación formal, tras la revisión del expediente codificado como OTP-CR- 414/17.



by VANESSA MORENO LOSADA
Fuente:efectococuyo.com