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La encrucijada política y su desenlace económico



La encrucijada política y su desenlace económico



Cuando la crisis política y social que sucumbe a Venezuela termine, será necesario reactivar la economía.

Los eventos del mes de enero indican que el país ha llegado a una encrucijada en la crisis política que lo arropa desde hace varios años y cuyo impasse ha impedido que se tomen las medidas necesarias para reconducir la economía. Si bien aún no se pueden perfilar los términos políticos en los que este impasse se va a resolver, lo cierto es que tendrá que haber definiciones en un lapso de tiempo no muy largo, a riesgo de que la economía termine por paralizarse

La contracción que ha sufrido la economía venezolana (y no solo durante los últimos años, sino décadas desde aquel “viernes negro” de 1983) de relativo estancamiento económico e inflación (primero galopante para luego convertirse en hiperinflacionaria), deja poco margen para cometer más errores. Por este motivo, es importante visualizar las grandes líneas de acción necesarias para dar una vuelta de 180 grados que un nuevo consenso nacional debe favorecer.

Lo primero que se debe entender es que el relanzamiento de la economía va a requerir sustanciales aportes de capital y financiamiento, y que en su mayor parte ese capital y ese financiamiento va a tener que venir de las inversiones y los ahorros de inversionistas privados tanto nacionales como extranjeros. Los elevados aportes de capitales son indispensables al inicio de un ajuste con crecimiento de la economía por varias razones.



En primera instancia, porque el incremento de nuestra producción petrolera es la forma más rápida de hacer positivos lo que los economistas llaman “los términos de intercambio” y que no es otra cosa que aumentar lo que nos entra por lo que le vendemos a terceros por encima de lo que les tenemos que comprar para que la economía funcione. Y este sector es por definición uno intensivo en el uso de capital.

Segundo, porque nuestra infraestructura física se ha deteriorado, y sin ella, un impulso inicial de crecimiento podría estancarse rápidamente. Recuperar esa infraestructura (sobre todo en sectores como el eléctrico y de telecomunicaciones) también requiere de importantes aportes de capital que solo pueden venir del sector privado, pues difícilmente se encontrará alguien en el mundo que se lo preste al sector público venezolano por muy positivas que sean las expectativas que se creen. Aquí la cooperación público-privada será esencial, y para lograrla será necesario diseñar pliegos tarifarios y marcos legales que den claras garantías a quienes inviertan.

Tercero, porque el inmenso universo de empresarios privados grandes, medianos y pequeños, en variados sectores prioritarios como la agricultura y agroindustria, la metalurgia, el turismo, la industria y el comercio, que estarán a la vanguardia de un despegue económico, solo volverán a arriesgar sus capitales y su capacidad de endeudamiento externo si existe estabilidad macroeconómica; es decir, inflación de 2% a 3% anual, libre convertibilidad garantizada en el largo plazo, y un marco legal y regulatorio estable y desprovisto de los favoritismos políticos que tanto daño le han hecho al país.

Por último, un esfuerzo subyacente que debe formar parte de cualquier esfuerzo nacional por recuperar el prestigio económico que alguna vez tuvo Venezuela, debería ser proponernos reducir el riesgo país a niveles comparables con nuestros vecinos como Colombia, Perú o Chile, que al fin y al cabo son nuestros competidores en la búsqueda de capital privado. Ese objetivo es fácil enunciar pero muy difícil de lograr. Hacerlo requiere un conjunto de acciones concatenadas que contribuyan a un aumento permanente de la confianza de los inversionistas. Esa confianza a su vez contribuirá a una reducción de la precepción de riesgo que a su vez reducirá unos cuantos puntos el riesgo país, y así sucesivamente en una suerte de círculo virtuoso que se va reforzando con el tiempo.

Un meta concreta sería proponernos igualar el riesgo país al de Colombia en un lapso de cinco años, partiendo del inicio de una reforma económica derivada de la exitosa solución del impasse político en que nos encontramos.




Por Aurelio Concheso
Fuente: es.panampost.com