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Tribunal permite a representantes de Guaidó replantear alegatos para evitar embargo de Citgo




Tribunal permite a representantes de Guaidó replantear alegatos para evitar embargo de Citgo



El tribunal de Delaware que falló a favor de la empresa minera canadiense, Crystallex, en su reclamo de 1.400 millones de dólares por la expropiación, que considera injustificada, de sus activos en Venezuela permitirá a la Junta Directiva ad hoc de Pdvsa volver a plantear alegatos en contra del posible embargo de activos de Citgo, lo que servirá para «reabrir el debate judicial sobre el caso desde el inicio».

La información fue suministrada mediante un comunicado oficial del despacho de la Presidencia interina, distribuido por el Centro de Comunicación Nacional. En el documento se señala que el procurador especial, José Ignacio Hernández, «se inhibió de manera oportuna y formal de todas las actuaciones relacionadas con este asunto judicial desde el mes de marzo del presente año, por cuanto en el año 2017, previo a su nombramiento como Procurador Especial, como profesor de Derecho Publico, emitió un informe experto independiente sobre el régimen jurídico aplicable a Pdvsa».

El comunicado reitera que Crystallex no puede solicitar ninguna acción de embargo contra propiedades de Citgo o cualquier otro activo del Estado venezolano sin que el gobierno de Estados Unidos emita una licencia que permita desbloquear las operaciones con cualquier bien público nacional en ese país.

«Por lo tanto, sin demeritar las implicaciones de esta sentencia, queremos afirmar al pueblo de Venezuela que gracias a la gestión eficiente del gobierno legítimo, ahora contamos con nuevas herramientas y posibilidades para defender el patrimonio de la República».

La decisión judicial del tribunal de Delaware implica un dramático cambio de condiciones para la administración Guaidó, porque se consideraba muy difícil que prosperara una apelación a la ratificación del fallo original, por parte del Juzgado del Tercer Circuito de Philadelphia.

En el comunicado del despacho de Guaidó se señala que la administración Maduro no solo dejó de hacerse responsable por los conflictos derivados de la expropiación, sino que llegó a un acuerdo con Crystallex, a espaldas de la Asamblea Nacional -cuyas funciones de control sobre contratos de interés público están claramente establecidas en la Constitución- que implicaba pagos sobre los 400 millones de dólares para subsanar la demanda, pero también incumplió este pacto.

El litigio con la minera Crystallex arrancó en 2014 cuando Venezuela fue condenada a pagar una indemnización de 1.200 millones de dólares a la empresa extranjera. Ahora, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, Delcy Rodríguez, alega que lo que la compañía canadiense tenía con el Estado venezolano era un «contrato de servicios» que no le otorga ningún derecho a pretenden embargar activos de empresas nacionales.


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Fuente: Bancaynegocios.com