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Delcygate: servilismo del gobierno español con dictadura chavista



Delcygate: servilismo del gobierno español con dictadura chavista

Delcy Rodríguez y un representante de la AN turca. (Foto: Redes Delcy Rodríguez)


Sánchez no solo ha obviado la doctrina con respecto a los criminales de lesa humanidad, sino que ha protegido a uno de ellos: Delcy Rodríguez

La actuación de algunos jueces españoles reafirma la confianza de que los violadores de los derechos humanos finalmente recibirán el castigo que merecen. Y no solo ellos, sino también los cómplices que los protegen, por muy impunes que se consideren.

En esa tarea de purificación moral y política, el periodismo y los jueces independientes son más relevantes que los gobernantes. Estos últimos suelen ser timoratos e incluso serviles con los dictadores, ya sea por cobardía, ideología o porque fueron “comprados”.


Hace unos veinte años, España captó la atención mundial cuando un juez se atrevió a realizar una acción que marcó jurisprudencia mundial sobre los crímenes de lesa humanidad. Y actualmente vuelve a estarlo por razones exactamente opuestas: su gobierno amparó y blindó a Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la sangrienta dictadura venezolana. Escándalo denominado “Delcygate”.

El 16 de octubre de 1998 es famoso porque el exdictador chileno Augusto Pinochet fue apresado en Londres a pedido del juez español Baltazar Garzón. El magistrado había emitido la tarde anterior una orden internacional de detención y solicitado su extradición a España por una querella criminal en el marco de la Operación Cóndor (coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores).

Pinochet (senador vitalicio en ese entonces) reaccionó indignado: «¡Ustedes no tienen derecho a hacer esto, no pueden arrestarme!” porque tengo inmunidad diplomática. Sin embargo, los británicos -aunque no concedieron la extradición a España- lo retuvieron 503 días en prisión.


Este caso es emblemático porque mostró que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países y que es posible buscar la justicia de forma transnacional. Por su parte, los victimarios han reaccionado limitando sus viajes por temor a posibles órdenes de arresto.

Antonio Remiro Brotons, autor de El caso Pinochet, los límites de la impunidad, expresa que hasta entonces «nadie creía que el principio de jurisdicción universal pudiera alcanzar a esta clase de personajes». Por primera vez se estableció que un ex o actual jefe de Estado no posee inmunidad ante crímenes de lesa humanidad.

Es en este contexto que hay que juzgar lo sucedido en España recientemente, bajo el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Es obvio que a Delcy le preocupaba ser arrestada al ingresar a España debido al “antecedente Pinochet”. En consecuencia, se comunicó con las autoridades de ese país buscando protección. La justicia determinará las razones por las cuales Sánchez prefiere obedecer a la represora venezolana antes que al derecho internacional.


Sánchez no solo ha obviado la doctrina con respecto a los criminales de lesa humanidad, sino que ha protegido y facilitado que uno de ellos -Delcy Rodríguez- escapara al accionar de la justicia. Una mujer que integra un régimen -el chavista- tan abominable y con una capacidad de corromper tan enorme, que el nazismo parece un poroto en comparación.

Sánchez lo ha hecho riéndose de las sanciones europeas que pesan sobre Rodríguez. La Decisión del Consejo de la Unión Europea 2017/2074 impuso la “prohibición de viajar a territorio de la Unión Europea, lo que incluye los tránsitos o escalas en cualquier aeropuerto de la Unión Europea, con obligación de cualquier Estado miembro de adoptar las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transite por él”.

Este turbio asunto salió a la luz pública gracias a la valentía de testigos directos que ante notario han revelado lo sucedido. Asimismo, por la prensa independiente que informa ampliamente sobre este tema. Además, si no se destruyeron las pruebas visuales de lo sucedido, es debido al decidido accionar de la jueza Susana Trujillano Sánchez.


En efecto, el Juzgado de Instrucción 7 de Madrid ha ordenado proteger las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del ingreso de Rodríguez a Barajas. Para evitar cualquier “confusión” por parte de las autoridades responsables del citado aeropuerto, envió a la Policía Judicial a entregar en mano el auto para garantizar que las cintas no fueran destruidas, porque hay “indicios racionales de posibles delitos”.

Esa acción judicial fue solicitada por cuatro partidos de la oposición, debido a que las cámaras de seguridad grabaron a Ábalos y a la vicepresidenta de Nicolás Maduro. Por consiguiente, son una prueba irrefutable de lo acontecido esa noche. Podrían haber desaparecido debido a las presiones del presidente Sánchez y del vicepresidente segundo, el chavista Pablo Iglesias, para que las destruyeran, así como por la política interna en materia de seguridad.


El gobierno de Sánchez viene mintiendo descaradamente con respecto a lo sucedido. Además, mostrando su inclinación autoritaria, ataca a la prensa que informa.

Un vigilante del aeropuerto -que testificó ante notario- cuenta que sobre la medianoche del 19 de enero percibió un movimiento inusual de policías. Un compañero le dice que hay un avión con un pasajero que no puede bajar de la nave. “Pero en eso se presenta el ministro (José Luis) Ábalos, se mete en el avión y permanece allí una hora. Luego sale con Delcy Rodríguez y se mete en la sala VIP sin señal».

El testigo afirma que la mano derecha del dictador Maduro cruzó la frontera de España sin mostrar su pasaporte y que las autoridades permitieron que bajara del avión dos carros con maletas (unas cuarenta) al exterior de la zona pública para ponerlos en vehículos de la embajada venezolana, sin pasar ningún control de aduanas. Para evitar que fuera detenida, el presidente Sánchez dispuso que contara con un contingente de seguridad de más de 20 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. A partir de las 2:15 de la mañana “el ministro Ábalos se marcha de las instalaciones con su personal de seguridad, quedando Koldo García Izaguirre (hombre de suma confianza de Ábalos) acompañando en todo momento a los pasajeros del vuelo”.

García y un contingente policial permanecieron hasta pasadas las siete de la mañana en la Terminal Ejecutiva y las salas vip para proteger a Rodríguez. “Se monta un servicio especial y extraordinario de custodia policial compuesto por cuatro agentes de Policía Nacional y dos agentes de Guardia Civil que permanecen custodiando la zona pública de la zona ejecutiva” hasta llegada la mañana. El objetivo era evitar que se activara el protocolo obligatorio de traslado a Rodríguez a la zona de “rechazados” para proceder a su expulsión de España.

Rodríguez no solo habló con Ábalos sino también con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ábalos, “que estaba muy nervioso y apurado por lo delicado de la situación”, llamó desde su móvil a Sánchez. Cuando contestó, le pasó el teléfono a Rodríguez para que pudieran hablar sin intermediarios.

En esa conversación, Delcy exigió que Sánchez no recibiera en su inminente visita a Madrid a Juan Guaidó, presidente (e) de Venezuela. Sánchez acató la orden. Las fuentes aseguran que Rodríguez le dijo a Sánchez: “Si recibes a Juan Guaidó no vamos a poder avanzar… […] teníamos un acuerdo”.

Además, Rodríguez se quejó de la presencia de Leopoldo López (perseguido político) en la residencia del embajador español en Caracas. Ordenó que fuera expulsado de allí.

Hay otros temas que están siendo investigados por la justicia. ¿Qué contenían las 40 valijas? ¿Por qué no fueron revisas?

Un testigo afirma que “Yo lo que sé es que hay un conflicto entre la Guardia Civil y Delcy Rodríguez porque ella no quiere pasar el control policial con sus maletas. No sé cuántas llevaba. Pero sí hay un conflicto policial en esa línea porque ella dice que es diplomática. Llaman a la Policía y a partir de ahí esas maletas no son revisadas”.

De confirmarse esa versión, las autoridades habrían sido cómplices del delito de contrabando. Por otra parte, se piensa que podrían contener oro robado a Venezuela y dinero para financiar a los partidos de izquierda españoles afines a la dictadura chavista.

El delcygate muestra que la narcodictadura castro-chavista no es algo que afecte únicamente a los venezolanos sino también a la comunidad internacional, dado que su capacidad de corromper es enorme. Si no se le pone fin a tiempo, la humanidad lamentará males mayores.

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Feb 24, 2020
Por Hana Fischer
Fuente: es.panampost.com